Docentes y no docentes reclaman una recomposición del salario del 51%, pero el gobierno ofrece tan sólo un incremento del 12% en tres cuotas.
Las universidades nacionales se unieron para reclamar una recomposición salarial: según el portal Chequeado, si se compara con los sueldos de noviembre de 2023 – último mes previo a la asunción de Javier Milei como presidente – el salario tuvo una pérdida en términos reales (es decir, considerando el efecto de la inflación) del 34%. En tanto, en la comparación interanual, se observa una caída del 12,9% contra enero de 2025.
Incluso si tenemos en cuenta el criterio de medición de la canasta básica del INDEC, los números deberían ser más alarmantes: para conformar la canasta de productos que definen la evolución del IPC, el INDEC se basa en la información brindada por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) del año 2004, que muestra los patrones de consumo de la sociedad en esa época. Es decir, no se están considerando las nuevas necesidades que corresponden tras más de 20 años (como el uso masivo de Internet y celulares en lugar de la telefonía fija).
Es importante recordar que la Ley de Financiamiento – una norma aprobada por el Congreso que establece mecanismos para actualizar el presupuesto de las universidades y recomponer los salarios docentes1 – fue aprobada por el Congreso; el Poder Ejecutivo la vetó; el Congreso hizo caer este veto y el Gobierno igual no la cumplió. El Poder Judicial le ordenó al Gobierno pagarles a los docentes el aumento salarial acorde a lo que perdieron por la inflación, pero eso tampoco se ejecutó.
Mientras tanto, el gobierno mandó al Congreso un nuevo proyecto para modificar lo aprobado: propone reemplazar la recomposición del 51% por un incremento del 12,3% en tres cuotas, la última en septiembre. Es decir, busca saltearse la deuda salarial de 2024 a la recomposición del 51% que reclaman docentes y no docentes universitarios.
El accionar del gobierno preocupa a diversos sectores del sistema universitario nacional: sostienen que la demora en su aplicación profundiza el deterioro salarial y limita la capacidad de las instituciones para sostener becas estudiantiles, infraestructura, investigación y servicios académicos básicos.
Dentro de las medidas de fuerza, además de convocar a un paro para los días 16 y 31 de marzo, a nivel local se realizará una marcha de antorchas el martes 17 a las 18:00 hs. desde el Rectorado de la UNLP.
