20 de Marzo de 2025
¿Qué vacíos persisten en la protección de las personas desplazadas por el cambio climático en Latinoamérica?
Migrantes ambientales, refugiados climáticos, personas desplazadas por desastres socioambientales o personas reasentadas por cambio climático: son diversos los términos que se utilizan para referirse a quienes se desplazan, interna o transfronterizamente, por el impacto del cambio climático. La dificultad para nombrarlos y visibilizarlos no es casual; responde al menos a dos factores claros: (i) la movilidad humana asociada al cambio climático es diversa, compleja y puede presentarse en múltiples formas de desplazamiento, y (ii) los marcos normativos actuales no ofrecen rutas claras y armónicas, ni a nivel nacional ni internacional, para garantizar el acceso, protección y la reparación de estas personas o comunidades.
El cambio climático, en ocasiones, funciona como un disparador que se suma a causas estructurales de los desplazamientos forzados ya existentes, como la violencia generalizada, la violencia de género o el impacto de las actividades extractivistas. Por ejemplo, varios informes señalan que, después de desastres socioambientales asociados al cambio climático, algunas comunidades centroamericanas experimentaron un aumento en los desplazamientos por violencia, ya que la falta de acceso a servicios básicos asociadas al desastre los dejó expuestos al accionar del crimen organizado. En otros casos, el cambio climático actúa por sí mismo como desencadenante, sobre todo en poblaciones en situación de alta vulnerabilidad socioambiental. Los reasentamientos planificados, consecuencia del aumento en el nivel del mar, como la de la Comunidad de El Bosque en México o personas indígenas del archipiélago de Guna Yala en Panamá, son ejemplos de esta forma de desplazamiento.
Si bien la movilidad humana puede ser entendida como una estrategia de adaptación al cambio climático; en América Latina, donde la vulnerabilidad socioambiental y el debilitamiento institucional se agravan por corrupción, pobreza y desigualdad, estos desplazamientos difícilmente pueden considerarse voluntarios. Más que una forma de adaptación, representan un mecanismo de supervivencia pues el cambio climático no impacta a todas las comunidades por igual y ciertos grupos, como las mujeres, personas racializadas, entre otras, enfrentan un riesgo desproporcionado de desplazamiento forzado. A esto se suma la ausencia de condiciones que garanticen la permanencia o el arraigo digno en su lugar de residencia, elementos claves para la adaptación. A pesar de esto, los planes nacionales de adaptación al cambio climático siguen sin abordar la movilidad humana como una variable para la adaptación climática.
Aún queda un largo camino para garantizar que los reasentamientos planificados de comunidades garanticen el respeto a una multiplicidad de derechos. Por ejemplo, las más de 300 familias reubicadas de la Isla Gardi Sugdub en el archipiélago de Guna Yala en Panamá enfrentan impactos significativos en varios derechos fundamentales como consecuencia del proceso de relocalización. La prensa ha documentado que niños y niñas de dicha comunidad deben tomar una lancha diariamente para regresar a la isla de la que fueron desplazados, ya que la nueva escuela no está todavía en funcionamiento.
Aún más complejo resulta imaginar la reubicación de comunidades que actualmente defienden y resisten procesos de extractivismo, falta de reconocimiento de su territorio ancestral, entre otras amenazas estructurales. En este sentido, los marcos normativos son insuficientes para establecer rutas claras para garantizar el derecho a la consulta, la participación y el acceso a la información ambiental en este tipo de procesos. Sin obviar, todos los impedimentos estructurales que aparecen para garantizar otros derechos como salud, educación y vivienda digna que dependen también de financiamiento económico suficiente.
Como consecuencia de esta falta de respuesta a nivel nacional, se evidencian nuevas formas de desplazamiento transfronterizo que van más allá de la visión tradicional de refugiado o migrante. Es complejo determinar cuál es la vía idónea para garantizar la protección de quienes se desplazan forzosamente a raíz de desastres y fenómenos socioambientales ligados al cambio climático. Desde la academia, se impulsó una propuesta de interpretación de la Convención de 1951 en el contexto de desastres, en donde el riesgo de persecución surge de la acción u omisión asociada al actuar de otros actores estatales o no estatales, y/o de los impactos de dicho desastre. A la par, el año pasado varios países de la región reconocieron el Plan de Acción de Chile, estableciendo este enlace como una prioridad, pero sin definir una ruta específica de abordaje más allá de formas de protección complementaria o la reafirmación de la aplicabilidad del principio de no devolución.
En un panorama marcado por la aplicación deficiente, estereotipada y racializada de la Declaración de Cartagena, la escasa voluntad política y, el debilitamiento regional de la figura del refugio y de la prohibición de no devolución, es difícil pensar que estos instrumentos por sí solos ofrezcan una solución integral y suficiente. A esto se suma el impacto que actualmente tiene el aumento de las políticas de externalización de fronteras y la criminalización de la movilidad humana en muchos países de la región.
Al respecto, la reciente resolución de la CIDH destaca la necesidad de utilizar criterios amplios para la protección internacional y no devolución, asegurando una evaluación del riesgo acumulativo con enfoque diferenciado para grupos en situación de vulnerabilidad. También reconoce obligaciones especificas en la gestión integral del desplazamiento forzado y de la reubicación planificada, abarcando para ello obligaciones relacionadas a la prevención y protección.
En este contexto, el principio de justicia climática cobra relevancia, pues no solo es necesario reconocer los derechos de las personas desplazadas, sino también garantizar mecanismos de reparación adecuados. Aunque las pérdidas y daños asociados a la movilidad humana climática han sido reconocidos en espacios internacionales, aún no existen mecanismos efectivos que permitan reparar y compensar la vulneración de estos derechos. Los foros internacionales parecen centrarse en las reparaciones de carácter material pero poco se ha desarrollado para responder con otro tipo de reparaciones. Por ejemplo, la memoria de las comunidades indígenas que son obligadas a abandonar su territorio ancestral y la pérdida del proyecto de vida de quienes se desplazan en contextos de criminalización de la migración son dimensiones fundamentales que aún carecen de respuestas adecuadas.
A pesar de la proliferación de instrumentos internacionales sobre movilidad humana y cambio climático, su impacto y efectividad dependen de la voluntad política de los Estados y el papel activo de la sociedad en acompañar a estas comunidades. La respuesta no se limita al reconocimiento de obligaciones y afectaciones; requiere acciones concretas e inmediatas en favor de la justicia climática. La sentencia T-123 de 2024 de la Corte Constitucional de Colombia, al reconocer la relación entre el cambio climático, los factores ambientales y el desplazamiento forzado, evidencia que los sistemas de justicia pueden ser una vía clave para fomentar protección. Los desplazamientos ocasionados por el cambio climático son una realidad innegable que nos obliga a cuestionar nuevas formas de garantizar justicia, y como sociedad la responsabilidad de buscarla y exigirla.
Citación académica sugerida: Gabriela Oviedo Perhavec. Personas desplazadas por el clima: la brecha entre protección y realidad en América Latina. Agenda Estado de Derecho. 2025/03/20. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/personas-desplazadas-por-el-clima/
Palabras clave sugeridas: Desplazamiento climático, migración climática, refugio climático.
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ACERCA DE LA AUTORA
Gabriela Oviedo Perhavec
Abogada por la Universidad San Francisco de Quito, con una subespecialización en derechos humanos. Cursó su maestría (LL.M) en la University of Michigan Law School, donde fue seleccionada como Grotius Fellow (2019-2020). Actualmente, se desempeña como coordinadora del equipo de Movilidad Humana en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Su trayectoria profesional abarca el litigio, enseñanza e investigación en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Movilidad Humana, Empresas y Derechos Humanos, y Cambio Climático.
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Silvia Serrano
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O’Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ariana Guevara Gómez
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Catalina Fernández Carter
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Edison Lanza
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Leonel González
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
María Luisa Piqué
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Mariano Fernández Valle
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho – ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Mauricio Alarcón
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Ángel Arellano
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Edgar Ortiz Romero
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Angelita Baeyens
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Leonardo Nemer Caldeira Brant
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Edward Pérez
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Katya Salazar
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Carlos Arturo Villagrán Sandoval
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Salvador Herencia-Carrasco
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
María Dolores Miño
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Marcia Aguiluz
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Alfonso Herrea
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
