la destitución de Dina Boluarte ya ha ocupado gran parte de los titulares de los medios internacionales. Pese a los intentos anteriores de mociones de vacancia contra Boluarte, en la que fue blindada por las mismas bancadas (Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza Para el Progreso) que la sostuvieron durante los casi tres años de cogobierno; lo de ayer se aceleró al ritmo de la contienda electoral.
Como se sabe, Perú está próximo a realizar nuevas elecciones generales presidenciales y congresales en abril de 2026. Esta vez con la diferencia de que el país andino retorna al sistema de bicameralidad, luego de más de veinte años. Y, donde varios de los actuales legisladores, sus bancadas y partidos políticos, quienes han agudizado la crisis peruana a niveles estratosféricos, piensan en posibles reelecciones y de continuar cogobernando a mansalva.
Coyunturas confrontadas
Veamos algunos indicadores. La desaprobación ciudadana del actual Congreso alcanzó el 93% a septiembre de este año, igual que la de la denostada Dina Boluarte, según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Es decir, ambos poderes del Estado y su percepción social muestran la descomposición del sistema político peruano.
Un hecho que no vino solo, sino con acciones como blindajes entre aliados (la misma Boluarte, Keiko Fujimori y hasta José Jerí, quien acaba de ocupar la presidencia), la aprobación de leyes que en vez de detener el avance de la criminalidad organizada contribuyó a escalar el problema. Las formas de sicariato y extorsión acumulan denuncias a diario, donde cada cuatro horas son asesinados ciudadanos y ciudadanas. Choferes de buses, comerciantes en mercados de los barrios, pequeñas o medianas empresas, entre más personas cuya extracción social es representativa del campo popular.
El último atentado ocurrió el miércoles 8 de octubre durante un evento musical, donde el grupo de cumbia Agua Marina realizaba un concierto, en un terreno cuyo resguardo está a cargo del Ejército en Lima. El suceso encendió las alarmas, atizando la opinión pública, sobre todo mediática, al punto de hacer insostenible la permanencia de Boluarte. Esto, luego de que ella y sus ministros recomendaron a la población “no contestar las llamadas de números desconocidos” como solución a la extorsión.
Para el Congreso, Dina ya no era útil, sino un obstáculo para sus intereses electorales. Desde hace varias semanas atrás, las protestas de jóvenes etiquetados como “generación z” contra la aprobación de un nuevo régimen previsional y de diversos sectores sociales como transportistas, universitarios, comerciantes y hasta la marcha de sacrificio del alcalde de Pataz y sus ciudadanos, quienes se trasladaron de Trujillo a Lima para exhortar al cogobierno resolver la inseguridad en la provincia y otras demandas pospuestas. Trujillo es la capital de la región de La Libertad, al norte de Perú, que ocupa el segundo lugar en zonas de dominio de la extorsión, después de Lima. Así, las manifestaciones de rechazo al régimen iban nuevamente en ascenso, despertando dudas y tensiones entre los partidos y bancadas que están en campaña.
Pero, ¿quiénes ocupan los primeros lugares en las encuestas? Para comenzar, el 62,7% no tiene un candidato representable a las demandas ciudadanas. Esta cifra incluye la suma de quienes no precisan, votos nulos/blancos y el ausentismo, de acuerdo al IEP. Mientras le siguen los números fragmentados de posibles candidatos que no llegan ni al 10% de votaciones. Dos de ellos son Rafael López Aliaga (8.5%) y Keiko Fujimori (5.9%).
