De acuerdo con el Índice Global de Crimen Organizado, Perú y Paraguay lideran el tráfico de conductores eléctricos no certificados en Sudamérica, poniendo en jaque el desarrollo económico del sector formal y generando un perjuicio financiero de gran magnitud para la industria nacional.
En esta línea, unn análisis de CELSA revela que las pérdidas directas derivadas de la comercialización de estos productos alcanzan los S/10.000 millones anuales, una cifra equivalente al 1,2 % del PBI peruano.
El impacto económico de esta informalidad va más allá de los balances empresariales. La entrada de productos eléctricos ilegales desplaza a los fabricantes nacionales, afecta las inversiones en innovación y automatización y limita el crecimiento del empleo formal. Las empresas legalmente constituidas deben operar en un entorno donde los precios de mercado quedan distorsionados por la evasión de impuestos y regulaciones, permitiendo que los productos no certificados se vendan hasta un 50 % más baratos que los regulados.
La evasión fiscal en el sector eléctrico representa aproximadamente S/70 millones al año, debilitando la recaudación estatal y la sostenibilidad de programas de modernización industrial. A esto se suma la destrucción de más de 200.000 empleos formales anualmente, un golpe directo a la estabilidad laboral y al tejido económico que sostiene a distribuidores, instaladores y proveedores de servicios asociados.
Las zonas de informalidad se concentran en grandes centros ferreteros, donde se han desarrollado ecosistemas comerciales que operan al margen de la ley y compiten de manera ilegítima contra quienes cumplen con los estándares nacionales. Esta estructura erosiona la rentabilidad de las inversiones formales y retrasa la necesaria migración hacia tecnologías certificadas y procesos productivos eficientes.
Frente a este escenario, INACAL impulsa un plan para fortalecer la competitividad y la calidad del sector eléctrico formal. El organismo ha aprobado 20 nuevas Normas Técnicas Peruanas en 2024, promoviendo el cumplimiento de estándares rigurosos en fabricación e importación. Las proyecciones del sector indican un posible crecimiento del 8 % al 12 % anual para el segmento formal entre 2025 y 2030, gracias a la combinación de nueva normativa y mayor conciencia sobre riesgos eléctricos.
El reto económico central es aumentar la participación del mercado regulado del actual 30% al 60% para 2030, lo que consolidaría un sector más eficiente y capaz de absorber inversiones tecnológicas. Empresas formales como CELSA ya destinan recursos a automatización y análisis predictivo de mercado -herramientas que optimizan los procesos productivos y refuerzan la respuesta a la demanda local-, pero no alcanza para cubrir toda la brecha.
Según CELSA, el mercado global de cables eléctricos mantiene una perspectiva de crecimiento superior al 7% anual, con una proyección que ronda los US$267.800 millones en 2024. Para el sector peruano, mejorar la trazabilidad y la calidad de los productos eléctricos, combatir la evasión fiscal y fortalecer la cadena de valor formal emerge como condición imprescindible para dinamizar la economía, generar empleo sostenible y elevar la competitividad nacional en el entorno internacional.
