Foto: Intendencia de Salto.
Redacción El País
El Pit-Cnt emitió un comunicado en el que cuestionó los 291 ceses que resolvió Carlos Albisu en la Intendencia de Salto. Según la central obrera, se trata de un «despido masivo de trabajadores«, y reclamó que «los convenios colectivos y derechos adquiridos» deben «ser respetados».
Se manifestó el «rechazo y profunda preocupación ante la posición regresiva adoptada por el gobierno departamental» de manera «arbitraria e ilegal». «Lamentamos y repudiamos este ataque directo a la integridad de nuestras compañeras, compañeros y sus familias, a quienes el gobierno municipal ha expuesto reiteradamente, atribuyéndoles adjetivos y responsabilidades que solo fomentan prejuicios, odio y rechazo social», indica el escrito.
El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, declaró a Telemundo (Canal 12) que tiene «preocupación por las dificultades de empleo que tiene el litoral norte, tan importante para el desarrollo productivo del país».
Además criticó que «el señor Albisu adopta una decisión como intendente de dejar en la calle a 291 trabajadores, 291 familias que ahora tienen que ver cómo resolver su sustento, cómo pagar el alquiler y las facturas», y afirmó que lo hizo «pasándose por arriba toda la normativa establecida en el lugar». «Este es un muy mal ejemplo para las relaciones laborales en el país», aseveró.
Foto: Parlamento
La decisión que tomó Carlos Albisu con 291 trabajadores de la Intendencia de Salto
El intendente de Salto se refirió a la decisión de cesar a estos trabajadores que habían ingresado por designación directa durante la administración anterior del Frente Amplio.
Albisu calificó la medida como “dolorosa” pero “necesaria” y fundamentó que se trataba de una decisión basada en “sólidos argumentos jurídicos”. Según explicó en conferencia de prensa, el convenio colectivo que pretendía dar carácter permanente a esos ingresos era “claramente violatorio de normas legales y constitucionales”.
“Hay seres humanos involucrados, con sus esperanzas y expectativas, y no es fácil tomar esta decisión. Pero nuestra primera obligación como gobernantes es pensar en todos los salteños y hacer respetar la ley y la Constitución”, expresó el jefe comunal.
El intendente recordó que durante la campaña electoral ya había advertido sobre la necesidad de “ordenar la Intendencia” y que, incluso tras las elecciones, reiteró que se iba a revisar la medida adoptada a su juicio “ilegalmente” por la administración de Andrés Lima pocos días antes de dejar el cargo.
Albisu señaló que el mantenimiento de esos vínculos le costaba a la comuna unos 20 millones de pesos por mes, unos US$ 6 millones al año, y que la liquidación final de los cesados demandará aproximadamente unos US$ 750.000 en partidas por liquidaciones.
También mencionó que su administración recibió la Intendencia de Salto con deudas con el Banco República y con proveedores, con maquinaria deteriorada y con dependencias cerradas, como los museos.
A su vez, subrayó que se respetó la presupuestación de 234 funcionarios y la readecuación de categoría a más de 300 trabajadores realizada en la misma etapa de transición, lo que según dijo, “desmiente versiones tendenciosas que quieren confundir”.
En relación a los funcionarios cesados, Albisu sostuvo que “muchos fueron tomados como rehenes de esta situación” y que en algunos casos se trataba de “punteros políticos que nunca cumplieron tareas como municipales”. Sin embargo, aclaró que “por razones humanitarias o por necesidades puntuales del servicio”, algunos de ellos podrán ser retomados en el futuro bajo un nuevo vínculo ajustado a la normativa.
El intendente aseguró que uno de los compromisos de su administración es “revalorizar y jerarquizar la carrera funcional” para que el desempeño y el compromiso de los funcionarios municipales se vean reflejados en sus salarios.
Y desmintió que en su gestión se haya incrementado la cantidad de cargos de confianza respecto a los de la administración anterior. “Antes de ingresar existían 74 cargos de confianza designados por Lima. Nosotros incorporamos 42, de los cuales varios de ellos ya eran funcionarios de la Intendencia (como el director de Recursos Humanos Alejandro Secco, que lleva 35 años de funcionario), y nombramos solamente a siete directores, en lugar de los 10 que había antes”, afirmó.
“Es una decisión compleja, no alegra a nadie porque hay personas atrás de todo esto, pero estamos haciendo lo correcto. La gente votó por esto, pidió esto, y vamos camino a poner la casa en orden”, reiteró Albisu, acompañado del secretario general Walter Teixeira y del asesor jurídico Gabriel Rodríguez.
