El Gobierno Nacional anunció un plan integral para ampliar la red de transporte eléctrico del país mediante la ejecución de obras estratégicas que estarán íntegramente a cargo del sector privado. El paquete incluye más de 5.600 kilómetros de nuevas líneas de alta tensión, con una inversión estimada de 6.600 millones de dólares, y contempla proyectos clave en la región patagónica, donde se concentra buena parte de la generación eléctrica de origen renovable y térmico, pero también grandes cuellos de botella que impiden evacuar esa energía.
Las obras serán ejecutadas bajo el mecanismo de concesión de obra y financiadas a través de un concepto tarifario aplicado a los usuarios beneficiados. Esto implica que el Estado no desembolsará recursos directos, aunque sí deberá garantizar el marco regulatorio y contractual para viabilizar las inversiones. El listado fue definido como prioritario por la Comisión de Transporte Eléctrico en el marco de la emergencia energética nacional declarada a fines de 2023.
En la Patagonia, la apuesta es ambiciosa y apunta a integrar zonas de generación con centros de consumo, reforzar nodos colapsados y modernizar estructuras que datan de hace décadas. En Chubut se prevé la construcción de una nueva estación transformadora de 500/132 kV en Comodoro Rivadavia Oeste, de 450 MVA, que será clave para estabilizar el sistema en el sur provincial. Además, se proyecta una línea de alta tensión entre Puerto Madryn y Choele Choel, en Río Negro, que permitirá evacuar más energía hacia el norte.
Otro proyecto de alto impacto es la línea alternativa por el este entre Río Santa Cruz y Puerto Madryn, lo que permitiría generar un segundo camino de salida para la energía de origen hidroeléctrico del sur de Santa Cruz. A esto se suma una alternativa por el oeste, que unirá la futura Central Kirchner (ex Barrancosa) con Futaleufú y Piedra del Águila, atravesando Santa Cruz, Chubut y Río Negro, con el objetivo de fortalecer la malla de transporte entre cuencas hidroeléctricas patagónicas y conectar eficientemente con la red nacional.
Estos proyectos son fundamentales para provincias como Santa Cruz y Neuquén, que además de su potencial hidroeléctrico tienen en marcha desarrollos de energías renovables e hidrocarburíferos no convencionales, cuya inserción en el sistema depende de una red capaz de absorber picos de producción sin comprometer la estabilidad del SADI. En particular, la línea entre Choele Choel y Bahía Blanca (vía Neuquén) aparece como un eslabón vital para la salida energética del Comahue.
El gobierno argumenta que en los últimos seis años apenas se ejecutó el 38% de las inversiones necesarias en transmisión, lo que provocó que un 35% de las instalaciones esté hoy al borde de su vida útil. La última gran obra de alta tensión data de 2017. En ese contexto, la inversión privada aparece como solución a corto plazo para evitar colapsos y permitir la expansión de nuevas fuentes de generación.
La red eléctrica del país creció muy por debajo de la demanda: mientras que el consumo aumentó un 20% en la última década, las líneas de transporte lo hicieron solo un 8%, generando saturaciones especialmente visibles en regiones productoras como la Patagonia, que si bien genera más energía de la que consume, no cuenta con la infraestructura suficiente para trasladarla.
