Este miércoles, el Gobierno nacional anunció la eliminación de la jornada no laborable correspondiente al Día del Empleado Público. Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa: “El Estado no es un espacio para otorgar beneficios especiales ni días sabáticos que no tienen justificación”.
De esta manera, el Ejecutivo argumentó que busca equiparar las condiciones laborales entre los sectores público y privado, por lo que consideró al Día del Empleado Público como un privilegio que no existe en el ámbito privado. Esto generaría, según las autoridades, mejores estándares de productividad en el mercado laboral.
“Trabajar en el Estado implica brindar un servicio esencial que requiere esfuerzo diario y que, de forma directa o indirecta, impacta en el presente y el futuro de Argentina”, sostuvo Adorni, al tiempo que cuestionó que la efeméride eliminada es “un día libre que se financia con el aporte de cada contribuyente del país”.
Cabe recordar que el asueto para los empleados públicos iba a ser este viernes 27, es decir, el Gobierno nacional quitó el día especial a menos de 48 horas de su llegada. Esto seguramente traerá alguna complicación para aquellos trabajadores que ya habían planificado una escapada o reservado algún lugar para pasar lo que sería un fin de semana largo.
“Pretenden eliminar un día histórico”
Ante la decisión, el líder de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, cruzó con dureza al Gobierno: “El único que goza de privilegios del Estado sos vos Adorni, cara dura”. “Llenaste la Secretaría de Comunicación de familiares y militantes libertarios con sueldos millonarios. Ustedes no tienen un día porque no laburaron nunca en sus vidas”, enfatizó.
“El Gobierno pretende eliminar un día histórico, sancionado por la Ley N° 26.876. Quieren destruir el Estado y también a los estatales. En Argentina, la jornada se oficializó cuando se ratificó el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1987, con la sanción de la Ley N° 24.185, que reguló las negociaciones en la administración pública.
