“Es cada vez mas difícil conseguir maestros integradores. Al no actualizarse el nomenclador, los montos están totalmente desactualizados y no encontrás a nadie que lo quiera hacer. Son profesionales y no puede ser una niñera porque trabajan en el colegio de tus hijos. Por cuatro horas cobran $320.000. Pero en nuestro caso, al ser doble escolaridad, precisamos dos personas”. Paulo Morales es papá de un nene con discapacidad. Sabe que la crisis del sector es enorme y vieja, pero dice que está agravada por el congelamiento del último medio año y los atrasos frente a la inflación en las remuneraciones a quienes dan asistencia al sector. Avanzada la entrevista, se acordó: “Ayer la acompañante terapéutica nos dijo que no puede seguir. A nadie le cierra esto”.
En el contexto de una movilización por reclamos sociales y económicos diversos, encarnada entre otros actores por asociaciones de la discapacidad, la Cámara de Diputados dio este miércoles media sanción para la ley de Emergencia en Discapacidad. Es una normativa a la que el Ejecutivo se resiste y promete votar, y que sectores de la oposición pujan para que el tan mencionado “nomenclador” salga del aplastamiento en el que está hace meses.
Ahora bien, ¿es un problema nuevo? ¿Hasta qué punto impacta en las personas con discapacidad?
Los debates sobre la salud en Argentina vienen siendo muchos, pero todos transitan los mismos carriles argumentativos. No importa de qué área se trate, todo comienza con un “statu quo” que el Gobierno denuncia. Podría ser cualquier área de las muchas que funcionan bien o «más o menos», producto de deficiencias estructurales insalvables o años de corrupción, u oscilaciones en el financiamiento que evitaron alcanzar mejoras reales, más allá del mero “sostenerse en pie”.
Aterriza la actual gestión. Decide borrar y arrancar de nuevo, se supone, para hacer lo que había que hacer, luego de años de ineficiencia y ñoquis. En esa impronta, están los que creen que las autoridades se están llevando puesto lo malo pero también lo bueno. Y mientras el desarme ocurre, las autoridades alegan estar “auditando” para elaborar un diagnóstico «real». Todo redunda en que el presupuesto del área -mientras tanto- se congela (posiblemente, para contener el déficit cero) y, o se recortan recursos humanos o se frena (en alguna medida) la atención a pacientes. O las dos.
En estas aguas nadan los nomencladores de discapacidad y las personas que precisan esa cobertura. Así lo dieron a entender distintas fuentes consultadas, incluyendo la propia Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), desde donde dieron a entender que los últimos Gobiernos no hicieron otra cosa que inflar acríticamente el otorgamiento de pensiones no contributivas por invalidez (lo que para ellos hizo que demasiadas personas precisaran cobertura por discapacidad) y que, a pesar de haber recibido el nomenclador completamente desactualizado (100 puntos porcentuales por abajo de la inflación de 2023, informan), en 2024 dieron varios aumentos que, acumulados, llegan al 99%.
“Respecto de los aumentos otorgados, es importante destacar que el gobierno está comprometido con la sostenibilidad del sistema y, en este sentido, la implementación de auditorías en el sistema de pensiones es una estrategia clave. Estas auditorías permitirán identificar y redirigir recursos de manera más efectiva, asegurando que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan, y con ello al sistema prestacional”, dijeron desde la ANDIS, y sumaron: “Al mantener un déficit cero, estamos sentando las bases para una gestión fiscal responsable que, a largo plazo, facilitará la obtención de mayores recursos para futuros aumentos”.
Los ribetes de la discapacidad en Argentina
Dado que los puntos porcentuales y los aumentos porcentuales no son la misma cosa, el supuesto intento de recomposición del sector fue, en realidad, un pequeño parche que frente a las pérdidas por inflación resulta insuficiente. Las fuentes consultadas estiman que el nomenclador está entre 80% y 100% por debajo de lo que debería. Cualquiera que vea los montos en el anexo de esta resolución puede sacar sus propias conclusiones.
Desde la ANDIS reconocen que no hubo un alza destacable de emisión de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), pero critican que entre 2003 y 2023 se generó un “aumento exponencial” de las llamadas “pensiones no contributivas por invalidez laboral, que implican el cobro de la pensión de manera mensual”.
Compartieron un desglose por año y por provincia en el que se puede ver que, entre los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner, se sumó algo más de un 1 millón de personas al beneficio. En el de Mauricio Macri, algo más de 128.000. Y en el de Alberto Fernández, más de 340.000. No habría que omitir del análisis que esas cifras podrían estar en sintonía con el paulatino reconocimiento de derechos, destinado a mejorar la vida de sectores históricamente desatendidos. Pero, con el argumento de que se sumaron beneficiarios irracionalmente y el tan repetido “no hay plata”, se viene evitando convocar a una reunión clave que debería actualizar el mencionado nomenclador.
El tema de la discapacidad estuvo presente en la manifestación de este miércoles e el Congreso. Foto: Maxi FaillaAhora bien, ¿qué es exactamente el nomenclador y quiénes son los responsables de actualizarlo? Es una lista con las prestaciones que deberían tener totalmente cubiertas (por las obras sociales, prepagas o el PAMI, según el caso) las personas con CUD o los beneficiarios de las pensiones no contributivas por invalidez.
Según el diagnóstico de Morales (que además de contar su experiencia personal, es representante de TEActiva, asociación civil que busca poner el autismo en la agenda pública), «la crisis está afectando las coberturas, una situación verdaderamente dramática, que no es nueva».
En cambio, dijo, «el tema tiene décadas… pero hay momentos en que, por distintas situaciones, se agrava. Ahora se agravó y por eso está explotando. ¿Por qué? Porque se atrasó como nunca el nomenclador y además se atrasaron los pagos”.
El ABC del nomenclador en discapacidad
En el nomenclador se puede ver que a cada práctica le corresponde un monto o arancel, que refleja los que los financiadores del sistema de salud (sea el Estado, las obras sociales o las prepagas) les tienen que pagar a los prestadores, sea un maestro integrador, un médico o centro de salud que dio atención en kinesiología, fonoaudiología, psicología, por mencionar algunas prácticas.
Pero el reclamo viene siendo doble. Por un lado, por los atrasos en los pagos, que las fuentes identificaron como “históricos” pero que ahora están agravados. Por otro lado, por los montos, que todos identifican como “pisados desde diciembre de 2024”.
Quienes deberían reunirse para actualizarlos no se juntan. Y la razón por la que no lo hacen, explicó, en diálogo con este medio, el padre Pablo Molero (responsable de la Comisión de Discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires, coordinador del Foro Permamente para la Promoción y Defensa para las Personas con Discapacidad y -en resumen- una de las personas que integra la mesa en la que se debería ajustar el famoso nomenclador) es que “la ANDIS no convoca a reunión”.
Muchos creen que la ANDIS define los cambios en el nomenclador, pero esa decisión depende de más actores, que están incluidos en el llamado Directorio de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad, “el cual está integrado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI, la Superintendencia de Servicios de Salud, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el Ministerio de Salud y organizaciones de la sociedad civil y representantes del sector prestacional”, explicaron desde la ANDIS a Clarín.
«La última vez que se reunieron fue en noviembre de 2024, cuando se votó un aumento retroactivo para octubre, noviembre y diciembre», explicó Molero. Según los voceros de la ANDIS, “el directorio se reúne de acuerdo a las solicitudes de las partes que integran el directorio, con un temario definido previamente y con el tratamiento del mismo durante la sesión. En cualquier caso y para cualquier definición, se realiza una votación en las que las partes involucradas participan, y en caso de lograr el consenso mayoritario se da por aprobado el tema llevado a votación, ya sea el el debate de un aumento, modificaciones en prestaciones, análisis o estudios de las mismas, entre otras”.
Sin embargo, Molero apunta que no sólo “no hubo ninguna otra convocatoria desde diciembre de 2024”, sino que tampoco están contestando los pedidos del sector: “Yo soy parte del directorio que define los aranceles, en representación de los prestadores, y desde principios de diciembre que le estoy mandando mensajes a Diego Spagnuolo, director de la ANDIS, que es quien preside la mesa, para pedirle que convoque a reunión. Todos los meses mando dos o tres mensajes a su celular. Nunca me responde. La respuesta, la ANDIS se la viene dando a otros interlocutores. Dicen que no van a dar ningún aumento arancelario porque el presupuesto es el mismo que en 2024”.
La manta corta de las coberturas en discapacidad
Por h o por b, pareciera que, en las condiciones actuales, a los profesionales no les viene siendo rentable brindar servicios al sector de discapacidad. Tanto porque los profesionales dispuestos son menos que antes como porque ofrecen una menor cantidad turnos, los tratamientos tienden a dilatarse o interrumpirse, salvo que la familia tenga la solvencia económica como para afrontar los gastos en forma particular.
Son demoras o coberturas deficientes que toda la población viene sufriendo hace años. Pero el tema es más grave, por lo indispensables que son muchos de estos tratamientos en el sostenimiento de la salud y en el día a día de quienes tienen una discapacidad.
Desde la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, Alejandro Cytrynbaum reflejó parte de esa realidad. Explicó que “la obra social debería cubrir, pero hoy está siendo muy difícil conseguir profesionales por esa vía”. Entonces, cuando no está en la cartilla y uno lo necesita, “tiende a intentar buscarlo por afuera, algo que no siempre se puede hacer”.
Cytrynbaum definió al nomenclador como “excesivamente bajo” y estimó que “posiblemente esté en su peor momento histórico”. Sumó que, “si todo sale bien, el profesional cobra a los tres meses, pero en muchos casos directamente no les están pagando”. Entonces, como nadie quiere trabajar por obra social, “sólo las familias que pueden costearlo tienen garantizadas las coberturas”.
Discapacidad: cuando la ayuda no viene del Estado
Hay casos -posiblemente los menos- en los que una comunidad logra cubrir los baches del sector. Es el caso de la asociación civil que reúne a personas con discapacidad “Puentes de luz”, organización ubicada en San Martín de los Andes (Neuquén). Su director, el psicólogo Luis Rodríguez, coincidió en los perjuicios que está generando el estancamiento del nomenclador: “Tiene un retraso muy importante que se vino acumulando fuertemente en los últimos años, pero principalmente, desde finales de 2023, con la disparada inflacionaria y los aumentos. Sin embargo, viene de antes. El problema es que hoy la diferencia es muy importante y provoca mucho impacto en los prestadores, muchos de los cuales intentan sostener y aguantar”.
Rodríguez explicó que la provincia les está subsidiando el 15% de la facturación. Es un caso entre muchos y es excepcional. A ellos, que son un grupo de escala chica, les viene resolviendo en parte. “Estamos haciendo un gran esfuerzo institucional, pero las familias son conscientes de lo que pasa. Tratamos de mantener a las familias informadas y buscamos socios benefactores, pidiendo apoyo en la comunidad”. Para otros prestadores es distinto: “Están tomando medidas diferentes porque claramente se les hace insostenible”.
PS
