La policía de Guatemala liberó a tres rehenes que estaban en poder de pandilleros de la Mara Salvatrucha durante un motín en un centro juvenil de la Ciudad en Guatemala.
Las víctimas, empleados del correccional, resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales.
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El motín ocurrió en el Centro Especializado de Reinserción Juvenil, donde 34 integrantes de la Mara Salvatrucha, ya adultos, pero aún recluidos en el centro, iniciaron la revuelta.
De acuerdo con la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, se intentó una salida negociada. Aunque no fue posible, se optó por el ingreso de las fuerzas de seguridad. Afuera del penal, familiares de los internos esperaban noticias sobre la situación.
Pandilleros reaccionan a traslado de líderes
Las autoridades guatemaltecas trasladaron el 30 de julio a diez líderes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha a la cárcel de máxima seguridad Renovación I, en el sur del país. Ahí permanecen aislados y sin acceso a teléfonos celulares.
Desde entonces se registraron motines en al menos cinco cárceles, en los que pandilleros tomaron rehenes y provocaron enfrentamientos. A mediados de agosto, un vigilante murió en la cárcel de adultos El Boquerón, en el sureste del país.
Reacciones del gobierno de Guatemala
El presidente Bernardo Arévalo señaló que los motines surgieron en rechazo al traslado de los cabecillas. Defendió la medida como necesaria para impedir que los líderes continuaran coordinando actividades delictivas desde prisión.
Los disturbios más recientes también se extendieron a la cárcel El Boquerón, donde medios locales reportaron que dos funcionarios permanecían retenidos. Aunque las autoridades no confirmaron la información.
Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, consideradas entre las más violentas de Centroamérica, se dedican principalmente a la extorsión de comerciantes y transportistas. Quienes se niegan a pagar, según los reportes oficiales, corren riesgo de ser asesinados.
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele mantiene un régimen de excepción bajo el cual han sido detenidos miles de presuntos pandilleros, medida que ha reducido los índices de homicidios, aunque también ha generado críticas de organismos de derechos humanos por denuncias de detenciones arbitrarias.
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