El Gobierno Nacional impulsa una reforma migratoria mediante un decreto que genera controversia por su enfoque restrictivo y por superponerse a la legislación vigente.
Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el abogado constitucionalista, Juan Sola, quien comentó que, “la Argentina tiene un problema serio en materia de permeabilidad de sus fronteras”, pero advirtió que la solución adoptada no respeta la estructura jurídica del país.
“Este es un tema que tiene que ser tratado por ley”, enfatizó, recordando que la Constitución establece en su artículo 20 los derechos de los extranjeros, y que históricamente Argentina ha sido “un país de inmigración”. Según Sola, el uso del decreto para regular esta materia choca con principios constitucionales y se aleja del espíritu de la ley 25.871 vigente desde 2003.
Contenido autoritario y términos arcaicos
Sola advirtió que la norma tiene “un contenido autoritario” que se manifiesta desde su lenguaje. “Habla del bien común, un término propio de la legislación de los gobiernos militares”, explicó, marcando que la terminología adecuada es “bienestar general”, como lo establece la Constitución Nacional.
Además, cuestionó el exceso de poder delegado a la Dirección Nacional de Migraciones: “Se le dan competencias muy grandes y rígidas, incluso alguna forma de detención”, algo que, según el experto, debería estar bajo control judicial.
Riesgos legales y humanitarios
Uno de los puntos más preocupantes, según Sola, es la contradicción con principios internacionales. “Expulsar a alguien en la frontera puede violar el principio de non-refoulement”, afirmó, en referencia a la norma internacional que prohíbe devolver a un refugiado a un país donde su vida corre peligro.
“Imaginemos la situación en Bolivia. Esta medida podría aplicarse ahora”, advirtió. También señaló que, “hay sanciones que parecen excesivas, como expulsar a cualquier persona que ingrese ilegalmente”, lo cual desconoce trayectorias de vida consolidadas en el país.
El perfil del inmigrante no es el problema
Sola fue enfático al aclarar que “no todo inmigrante es un delincuente”. Recordó que la Constitución argentina promueve el trabajo y la integración: “El que viene a trabajar o a colaborar no parece alguien negativo, más bien alguien que puede contribuir”.
Además, apuntó contra el enfoque generalizado del decreto: “Da la impresión de haber sido escrito por funcionarios de migraciones, es demasiado determinante para un tema tan sensible”, sostuvo.
La necesidad de un debate democrático
El constitucionalista considera que una reforma de este calibre debe ser discutida en el Congreso: “Este tema merece un debate parlamentario, no un decreto”, afirmó, recordando que temas similares fueron tratados por ley, incluso en el regreso de la democracia en 1983 con el restablecimiento de la ley de nacionalidad.
“La Argentina busca gente que quiera venir a habitar el suelo argentino”, subrayó, retomando el espíritu del preámbulo de la Constitución. Finalmente, admitió que ciertos ajustes, como la exigencia de seguro médico o el pago en educación, pueden discutirse, pero “deben hacerse en el marco adecuado”.
