Los gobiernos de España, Catalunya y Barcelona se han acostumbrado a vivir en la prórroga de los presupuestos. Hace unos años, esta fórmula era excepcional y síntoma de una crisis política que acababa en elecciones. El último gobierno que cayó por la imposibilidad de aprobar los presupuestos fue el que presidía Pere Aragonès en la Generalitat.
En cambio, el presidente Pedro Sánchez ya ha dejado claro que piensa acabar la legislatura en 2027 tenga o no la aprobación de sus presupuestos y, por tanto, gobernará a base de prórrogas. El president Salvador Illa va camino de prorrogar su segundo presupuesto. Y el alcalde Jaume Collboni prorrogó uno y aprobó otro por la vía de la cuestión de confianza, fórmula que volverá utilizar sin reparos si no logra los apoyos necesarios.
¿Qué papel le queda a la oposición si Barcelona tendrá el presupuesto que el alcalde quiera?
De los tres dirigentes socialistas, Collboni es quien lo tiene mejor gracias a la ley que regula los ayuntamientos y que impide un bloqueo político de la administración local. Collboni sabe que superará sin problemas una nueva cuestión de confianza porque los partidos de la oposición son antagonistas y no se aliarán para echarle con una moción de censura.
Dicho de otro modo, Barcelona tendrá el presupuesto que el alcalde quiera. Ante este panorama, ¿qué papel le queda a la oposición? ¿el improductivo derecho al pataleo o negociar con el PSC para intentar colocar alguna inversión que puedan rentabilizar políticamente? ERC ha tomado esta segunda vía y ha pactado inversiones en vivienda, protección del catalán o la gestión turística. El batacazo electoral que sufrieron los republicanos en 2023 les lleva a intentar mostrar que sus cinco ediles son útiles para la ciudad.
Jordi Valls (PSC) y Elisenda Alamany (ERC) presentando una iniciativa pactada
Nazaret Romero / ACN
En cambio, los once concejales de Junts están en la estrategia contraria. Su táctica es de oposición frontal porque todavía no perdonan a Collboni que pactara con Comunes y PP para desbancar de la alcaldía a su líder Xavier Trias, a pesar de ser el vencedor de las elecciones. Además, Junts tiene un inconveniente grave frente a sus rivales políticos y es que todavía no ha designado a su candidato a la alcaldía de 2027. Sin líder claro y con su determinación de no intentar arrancar nada del presupuesto aún sabiendo que se aprobará igualmente, su margen es escaso.
Junts ni tan solo ha logrado tumbar la fracasada medida de destinar el 30% de la nueva vivienda que se construya en Barcelona a pisos públicos. Los votos de PSC y Junts son suficientes, pero los socialistas, a pesar de estar convencidos de que hay que cambiar esta norma ineficaz, temen que los Comunes utilicen esta modificación en su contra. El resultado de este bloqueo es que las grúas de construcción de pisos prácticamente han desaparecido de la ciudad en plena crisis de la vivienda.
Los Comunes siguen la peculiar estrategia de arrastrar al gobierno del PSC en cuestiones como la vivienda, la movilidad, los pisos turísticos o la movilización política sobre Palestina. Tanto es así que Janet Sanz afirma que su partido sigue gobernando la ciudad desde la oposición. Los socialistas entran en esa dinámica porque se disputan un mismo espacio electoral, pero esta táctica eleva las expectativas electorales de los Comunes, un partido que tampoco ha designado a su próximo candidato tras el adiós de Janet Sanz.
Los Comunes atraerán la atención pública con sus propuestas al presupuesto durante las próximas semanas. Así lo hicieron el año pasado hasta agotar la paciencia del teniente de alcalde de Economía Jordi Valls que finalmente vio que nunca lograría su apoyo. Con el no anunciado de Junts, los Comunes son imprescindibles para evitar la cuestión de confianza que no asusta al PSC. Veremos si Collboni recae en la misma trampa. Los Comunes buscan disputarle la alcaldía y no le darán el mismo oxígeno que el PSC sí les otorga para evitar una fuga de votos hacia ese espacio.
