En un martes atravesado por la tensión política, el Partido Justicialista volvió a exponer sus fisuras internas. Mientras la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini, declaró la nulidad de la intervención del PJ Distrito Salta, el Congreso Nacional del partido, reunido vía Zoom, ratificó la intervención con 451 votos a favor y 38 en contra. La medida, que se funda en el alineamiento de legisladores salteños con el oficialismo nacional, busca resguardar la coherencia política del peronismo.
La intervención del PJ salteño había sido dispuesta por el Consejo Nacional del partido el 24 de febrero de 2025. El presidente del distrito Salta, Esteban Amat Lacroix, recurrió a la Justicia para impugnarla. Ayer la jueza Servini concluyó que el Consejo Nacional carecía de competencia para intervenir unilateralmente un distrito y que, además, los fundamentos utilizados para justificar la medida son “arbitrarios” y sin respaldo en situaciones institucionales anómalas en el distrito salteño.
Sin embargo, el fallo también deja en claro que la decisión de intervenir un distrito sí es facultad del Congreso Nacional partidario, y que la Justicia no interfiere en las razones políticas que puedan motivar ese tipo de medidas. “A efectos de resolver la controversia planteada, debe tenerse en cuenta, en primer término, que este Tribunal se ha expresado ya en otras oportunidades respecto de la competencia del Consejo Nacional Justicialista para decidir intervenciones a los Distritos”, indicó la jueza. Más adelante agregó: “También se ha expresado este Juzgado, sosteniendo la validez de la jurisprudencia del Superior, en relación a que las motivaciones que pudieran dar origen a una medida intervencionista quedan supeditadas a la evaluación de mérito y conveniencia que realicen las autoridades nacionales”.
Es decir: la Justicia no cuestiona que el PJ decida intervenir a su distrito salteño, pero sí exige que lo haga el órgano competente. Y en este caso, ese órgano es el Congreso Nacional del partido, no el Consejo.
El Consejo Nacional había argumentado que legisladores nacionales salteños electos en las listas del PJ, Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega –hoy reunidos en el bloque Innovación Federal-, votaron en el Congreso en contra del ideario partidario y de las posturas del bloque de Unión por la Patria. Una supuesta “afrenta doctrinaria” que, para Servini, no constituye causal suficiente para desplazar a autoridades electas por los afiliados.
La jueza recordó que la intervención de un distrito es una medida de excepción y que sólo puede justificarse si hay acefalía, inactividad partidaria, desorden institucional o incumplimientos legales graves. “La mera discrepancia política o la votación legislativa disidente no constituyen, por sí solas, justificación para una intervención”, sostuvo en el fallo. Y remató: “la medida es inválida por no haber sido adoptada por el órgano competente –el Congreso Nacional del partido– y por carecer de causa justa y lícita”.
Ayer mismo, el Congreso Nacional Justicialista se reunió y convalidó la intervención. La mayoría de los congresales votaron por ratificar la medida, insistiendo en que se buscaba “enderezar lo que se torció” y evitar la “provincialización de un partido nacional”. En los hechos, esa ratificación reencauza la intervención por los carriles institucionales que exige el fallo, aunque es claro que seguirá la discusión judicial, apelación mediante.
La competencia del Congreso Nacional incluso fue reconocida mientras se daba el encuentro virtual por la legisladora e integrante del Consejo Provincial del PJ, Pamela Calletti, quien sostuvo en medios locales que, «el Consejo Nacional del PJ no tenía competencia porque es una competencia del Congreso Nacional». Luego agregó: «Eso (por la intervención) nunca se debatió en el Congreso, y lo más importante era la arbitrariedad del fundamento, desde un escritorio de Buenos Aires avanzaron contra los partidos provinciales en una actitud de amedrentamiento, es decir de imposición».
En los pasillos del PJ salteño la noticia cayó como una bomba. Amat Lacroix, que había logrado respaldo judicial a sus argumentos, se encuentra ahora ante una nueva realidad: la intervención está ratificada por el máximo órgano del partido, en los términos que la propia Servini reconoció como válidos.
Incluso en la sesión de la Cámara de Diputados de Salta de este martes, la diputada provincial por Orán, Patricia Hucena, se manifestó con dureza contra la intervención partidaria: “Fue un atropello desde Capital Federal. Esta vergüenza injusta, porque en estas elecciones han usado a nuestro partido. Enviaron emisarios, como (el diputado nacional) Emiliano Estrada. No tendría jamás el PJ de Salta haber sido intervenido”. Hubo otras expresiones en este sentido, entre ellas, del presidente del bloque Justicialsta Gustavo Sáenz Conducción, Germán Rallé.
Por ahora, el PJ Distrito Salta queda en un limbo, con un fallo que anula la primera intervención y, por otro lado, con una ratificación formal que la reinstala. En el fondo, la pelea parece ser menos por la legalidad y más por el control: quién toma las decisiones, quién firma las alianzas, quién define las candidaturas. Y sobre todo, desde qué lugar.
