La justicia embarga bienes de Fabiana Araujo por 5 millones de pesos por desobedecer resoluciones judiciales en causa vinculada a violencia de género
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 54 resolvió trabar embargo sobre los bienes de Fabiana Constanza Sdrigotti, conocida públicamente como Fabiana Araujo, hasta cubrir la suma de cinco millones de pesos. La decisión judicial se fundamenta en su presunta responsabilidad penal, en carácter de autora “prima facie”, del delito de desobediencia a la autoridad pública, reiterado en cinco oportunidades.
La medida fue adoptada en el marco de una investigación donde se determinó que Araujo habría incumplido una resolución que le prohibía expresamente exponer en medios de comunicación o redes sociales los detalles del expediente tramitado en el fuero de familia y género, donde Alejandro Diego Pérez Escoda fue sobreseído de forma definitiva.
El contexto del conflicto
Pérez Escoda y Fabiana Araujo contrajeron matrimonio el 6 de octubre de 2015. Ocho años después, el vínculo estaba deteriorado. Según relata él, intentaron una separación en buenos términos.
“Estábamos separados hacía un año, pero ella no quería divorciarse. Me decía que todavía había algo que recuperar”, señaló Pérez Escoda.
En septiembre de 2022 hablaron por primera vez de formalizar la ruptura, aunque no concretaron el trámite. Fue él quien, finalmente, decidió iniciar el proceso de manera individual.
El 15 de mayo de 2023, ambos se presentaron ante el juzgado con una solicitud conjunta de divorcio y un convenio regulador. El tribunal oficializó la disolución del matrimonio, retrotrayendo la división de bienes a abril de 2022, y estableció que cada parte asumiría sus propios gastos judiciales.
“Fue duro, pero también un alivio. Logramos un acuerdo bastante amigable, hasta ese momento”, expresó Pérez Escoda.
Esa tregua duró poco. El 14 de julio de 2023, un amigo del empresario publicó en redes sociales una foto donde se lo veía junto a su nueva pareja, Natasha Simmendinger, a bordo de su embarcación. Poco después, Araujo dio una entrevista en televisión donde lanzó acusaciones de maltrato sin mencionarlo directamente.
La polémica escaló rápidamente. Araujo volvió a referirse al tema en diferentes medios, mientras que Pérez Escoda optó por el silencio público.
En el plano privado, él puso fin a los vínculos financieros con su exesposa: canceló sus tarjetas de crédito, suspendió coberturas médicas y cortó las líneas telefónicas a su nombre.
La denuncia
Fue entonces cuando Araujo lo denunció por violencia de género. La causa se radicó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 27, con la intervención de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema.
Tras una investigación prolongada, el 14 de marzo de 2024 el tribunal dictó el sobreseimiento total de Pérez Escoda. El fallo, basado en los incisos 2° y 3° del artículo 336 del Código Procesal Penal, concluyó que los hechos denunciados no constituían delito. El juez dispuso preservar “el buen nombre y honor del imputado”.
“Nunca hubo violencia. Ni gritos, ni golpes, ni amenazas. Como mucho, alguna discusión. Cosas que uno dice y no debería. Pero de ahí a lo que se dijo en televisión…”, expresó Pérez Escoda.
En simultáneo, la justicia civil impuso a ambas partes medidas de restricción mutua de acercamiento y una orden de silencio público sobre el conflicto, habituales en casos de familia.
Desobediencia reiterada y consecuencias legales
A pesar de la orden judicial que le impedía difundir aspectos del expediente, Sdrigotti —utilizando su identidad mediática como Fabiana Araujo— habría insistido públicamente en manifestaciones vulnerando dicha prohibición. Según consta en la resolución, estas conductas se habrían reiterado al menos en cinco oportunidades entre el 1 y el 16 de noviembre de 2023, a pesar de la orden expresa del Juzgado Civil N.º 83 de no difundir información vinculada al proceso.
Ante estos hechos, el juez interviniente dispuso el embargo preventivo de sus bienes como medida cautelar para garantizar eventuales responsabilidades civiles derivadas del proceso penal.
