Mediante una maniobra dilatoria, Leonardo Cositorto logró aplazar en Salta el comienzo del segundo juicio en su contra por la presunta estafa de Generación Zoe, el emporio de coaching y finanzas que cayó en 2022 tras montar un esquema ponzi a gran escala. Sin embargo, en Córdoba se confirmó la elevación a juicio de la tercera de sus cinco causas: en concreto, la más grande de todas ellas.
La primera audiencia del debate debía realizarse este jueves en el Salón de Grandes Juicios del tribunal de Salta. A Cositorto y otros cuatro acusados se los señala como responsables de 118 casos de estafas y una asociación ilícita en concurso real por unos 5 millones de pesos y 574 mil dólares.
Sin embargo, horas antes del comienzo, Cositorto reemplazó a su defensor público por un abogado particular, lo que obligó a posponer la audiencia de debate para el próximo miércoles 4 de junio. Lo hizo a través de un escrito, en una breve presentación, donde indicó además que todo el juicio era «un circo».
Además del coach, están imputados otros cuatro referentes locales: Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz.
El de Salta es el segundo caso que llega a juicio de las cinco provincias donde tiene procesos judiciales en proceso. En febrero de este año la Justicia de Corrientes lo encontró culpable y lo condenó a 12 años de prisión por 98 casos de estafa tras un juicio que se extendió durante casi cuatro meses.
El proceso en Salta se espera que sea mucho más abreviado, apenas un mes. Según fuentes judiciales, el plan original era que se extienda hasta el 27 de junio. A diferencia de otros procesos, la investigación aquí se enfocó en los líderes locales y dejó afuera a toda la cúpula nacional de la empresa excepto a Cositorto. Maximiliano Batista, vicepresidente y con condena en Corrientes, no está en el banquillo de acusados aquí.
La causa se inició en 2022, cuando se produjo el desplome de la empresa, a partir de una serie de denuncias de ahorristas que habían ingresado por las promesas de rendimientos en dólares muy por encima de los valores de mercado, disfrazados por una promesa de «membresías educativas». Para los inversores, se ofrecían beneficios que comenzaban en un 7,5 por ciento en dólares al mes, pero podía tener promociones por arriba del 35%.
Según la investigación llevada adelante por la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, la oficina en Salta estaba ubicada en la calle Pellegrini 782. El principal referente era Ricardo Vilardel, quien recibía fondos, atendía a las víctimas y firmaba los recibos.
Ana Lucía Vilardel era la secretaria de la oficina y quien recibía parte del dinero en su cuenta. Jorge Federico Vilardel (hermano de Ricardo) era otro de los receptores de dinero, tanto en efectivo como por transferencia. Vilma Albornoz participaba en reuniones de captación y difusión.
El tribunal estará integrado por los jueces Martín Pérez (presidente), Javier Aranibar y Leonardo Gabriel Feans (vocales).
Además de Corrientes (donde fue condenado), Córdoba y Salta, Cositorto tiene investigaciones en curso en Santa Fe y en Buenos Aires. También la justicia federal tiene una causa por presunto lavado de activos, que estaba en manos del juez Ariel Lijo.
En Córdoba la causa se elevó a juicio nuevamente
A la par, la Cámara del Crimen N2 de Río Tercero confirmó la elevación a juicio de la causa más grande contra Generación Zoe, que había nacido en la fiscalía N2 de Villa María y que apunta contra Cositorto y otros 26 imputados por «asociación ilícita» y «estafa».
Se trata de la primera (y la más extensa) de las cinco causas que enfrentó Cositorto por la caída de Zoe. Allí se apuntó contra los líderes locales, pero también se sumó a un grupo de responsables nacionales como Batista, el tesorero Miguel Echegaray o el contador Maxi Mitroff. Es la causa por la cual se había logrado la detención de Cositorto, quien estaba prófugo en República Dominicana.
La causa había quedado empantanada en una controversia cuando, en octubre de 2024, la Cámara del Crimen de Villa María había declarado nulo el el pedido efectuado por la fiscal Juliana Companys para elevar la causa a juicio.
En aquella ocasión, la Cámara del Crimen había considerado que la acusación era «vaga e imprecisa», y le devolvió el expediente a la fiscalía para que reformule la acusación. En el medio, todos los detenidos comenzaron a recuperar su libertad a partir de febrero de este año al cumplirse el plazo máximo de tres años de prisión preventiva que estipula la justicia cordobesa.
Desde la fiscalía reformularon el escrito y volvieron a pedir la elevación a juicio oral el 27 de diciembre de 2024. La misma fue confirmada defensas presentaron pedidos de oposición, pero el Juzgado de Control de Villa María se apartó y la responsabilidad cayó al tribunal de Rio Tercero, que hoy finalmente confirmó la elevación.
Si bien las defensas pueden presentar recurso en queja, la Cámara del Crimen de Villa María deberá definir si fija finalmente una fecha para el juicio o vuelve a declarar la nulidad.
D.D.
