El presidente Javier Milei no pudo avanzar en la lucha contra la corrupción y en el ranking de Transparencia Internacional (TI) Argentina mantuvo el mismo puntaje que en 2023.
El país logró apenas 37 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), bastante lejos del ideal de transparencia. Se ubicó así en el puesto 99 entre 180 países, junto a Etiopía, Indonesia, Lesoto y Marruecos.
Vale destacar que el año pasado se registró un llamativo estancamiento a nivel global, donde más de dos tercios de las naciones evaluadas obtuvieron una calificación inferior a 50 puntos.
Dinamarca lideró el ranking con 90 puntos, seguida de Finlandia (88), Singapur (84) y Nueva Zelanda (83). En los últimos tres puestos de la tabla quedaron Siria (12), Venezuela (10) y Somalia (9). En el área sudamericana, los países mejor evaluados siguen siendo Uruguay (76) y Chile (63).
El mejor desempeño de Argentina se observó en 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri, con 45 puntos. De hecho, desde que se implementó el método actual de medición, en 2012, la de Macri fue la gestión que más trabajó para frenar la corrupción y dotar a la administración pública de mecanismos de transparencia.
La peor evaluación del país fue en 2015, último año de Cristina Fernández, con 32 puntos. Desde ese piso, Macri logró alcanzar los 45 puntos. Una mejora equivalente a un 40%. Pero con la presidencia de Alberto Fernández ese proceso se revirtió en gran medida y Argentina volvió a caer a 37 puntos.
Las oscilaciones no representan buenas señales. Si el paso adelante que instrumenta un gobierno no se mantiene en la gestión posterior, quedamos a merced de los vaivenes políticos: lo que estaba bien durante una presidencia es dejado de lado por la siguiente, que tiene otra perspectiva. Y como no existen políticas de Estado sobre estas materias, establecidas por consenso entre las distintas fuerzas con representación parlamentaria, quien ocupa el Poder Ejecutivo actúa de acuerdo con su ideología.
En otras palabras, el IPC 2024 de Transparencia Internacional evidencia que Argentina carece de una política pública anticorrupción eficaz. Milei sigue sin definir una posición nítida, algo que ya se le ha criticado en varias oportunidades. No sólo ha desdibujado el rol de la Oficina Anticorrupción (OA) y de otras dependencias afines, sino que no se ha mostrado dispuesto a otorgar a estas la independencia y la neutralidad que requieren.
Además, produjo una fuerte restricción a la Ley de Acceso a la Información Pública, ya que recortó el principio general sobre la obligación de los funcionarios de proveer información, lo que limita a futuro las solicitudes ciudadanas. Es el objetivo contrario al que se persigue cuando se lucha contra la corrupción.
Obviamente, la contracara de la corrupción pública es la privada: el funcionario siempre arrastra a una o varias empresas, lo que enturbia la dinámica de las inversiones. Mientras estas evaluaciones internacionales sigan dándonos resultados negativos, nuestra economía no crecerá al ritmo necesario.
