Con el comienzo de la actividad académica y a pocos días del inicio del ciclo lectivo 2026, los colegios privados atraviesan un escenario de fuerte incertidumbre económica. Las instituciones educativas alertan sobre un marcado desequilibrio financiero generado por los meses en los que no perciben ingresos, pero deben sostener la totalidad de los costos operativos del servicio.
Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Argentina (AIEPA) señalaron que a esta situación, que se repite cada año en el período de receso, se suma en esta oportunidad la resolución de los recientes acuerdos salariales retroactivos para los docentes de la Provincia de Buenos Aires. Según advirtieron, los colegios deben afrontar incrementos en los costos laborales desde diciembre, sin que se hayan habilitado actualizaciones en los valores de las cuotas escolares.
El principal problema, explicaron, radica en la imposibilidad legal de ajustar los aranceles al mismo ritmo que los aumentos salariales. «Según la normativa vigente, los colegios con aporte estatal sólo pueden cobrar cuotas actualizadas a partir de marzo, lo que genera una brecha de tres meses sin cobertura para los nuevos costos laborales», explicó el secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita.
Las instituciones deben enfrentar de manera inmediata, con la liquidación de haberes de enero, los aumentos salariales retroactivos correspondientes a diciembre y enero -incluyendo el proporcional del aguinaldo-, además de los sueldos de febrero que se abonan en los primeros días de marzo. Todo esto ocurre sin la posibilidad de modificar los montos de las cuotas e incluso sin percibir aranceles durante los meses de receso de la actividad académica.
De acuerdo con las estimaciones, las escuelas deben cubrir un costo salarial acumulado cercano al 8,1%, desglosado en un 1,5% correspondiente a diciembre y el SAC, un 3,3% de enero y otro 3,3% de febrero, según lo establecido recientemente en la paritaria con el gobierno provincial.
En la Provincia de Buenos Aires funcionan aproximadamente 4.800 colegios privados que reciben subvención estatal para cubrir parte de los salarios docentes. Esta cifra representa más del 70% del total de los establecimientos educativos de gestión privada en el territorio bonaerense. Todas estas instituciones deben respetar los topes arancelarios fijados por el gobierno.
«El sistema está atravesando un momento de cambios y debe afrontar desafíos severos. Una de las principales preocupaciones es la fuerte caída en la cantidad de alumnos de todo el sistema educativo, un fenómeno que se está extendiendo en todo el país», advirtió Zurita. A este panorama se suma el incremento de los niveles de morosidad, que en los últimos años se ubican por encima del promedio histórico, producto de las dificultades que enfrentan los presupuestos familiares.
«Además tenemos el aumento constante de los costos operativos que requiere el funcionamiento de instituciones que se esfuerzan para mejorar día a día la calidad educativa a pesar del contexto desfavorable», concluyó el secretario ejecutivo de AIEPA.
