El nuevo esquema de “normalización” del sistema eléctrico impulsado por el Gobierno nacional genera creciente preocupación entre especialistas, distribuidoras provinciales y cooperativas. Según advierten, la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía podría desencadenar un “shock tarifario”, mayores niveles de concentración empresarial y una pérdida de estabilidad en el mercado energético.
Fuentes del sector provincial señalaron que el retiro de CAMMESA como operador central deja a las distribuidoras con menor poder contractual, lo que podría provocar picos tarifarios ante variaciones del gas o la baja hidraulicidad. Además, alertaron sobre la posible concentración del poder de mercado en manos de las grandes generadoras privadas y la pérdida del rol regulador del Estado, especialmente mientras las centrales térmicas de ENARSA operen bajo el régimen “spot” en camino a su privatización.
Otro aspecto crítico es la exigencia de generación propia para nuevos grandes consumidores, como parques industriales o data centers, medida que podría desalentar inversiones y profundizar desigualdades regionales en materia energética. A su vez, la falta de coordinación entre los marcos nacionales y provinciales podría generar conflictos de facturación y demoras en la actualización de tarifas.
Desde el sector cooperativo bonaerense, la preocupación se centra en los contratos en dólares y en el riesgo de romper la equidad tarifaria entre usuarios. “Si una cooperativa cierra un mal contrato, el vecino podría terminar pagando más que en otra ciudad”, advirtieron fuentes consultadas. En tanto, representantes del cooperativismo admiten que el nuevo escenario podría abrir oportunidades para crear comercializadoras propias, aunque advierten que el principal desafío será sostener a los usuarios residenciales en un mercado dolarizado y sin red de contención estatal.
