A cinco años del decreto del gobierno de Alberto Fernández que dio comienzo a una de las cuarentenas más largas y estrictas del mundo, el diputado Fernando Iglesias (PRO) presentó en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación el Informe CONADEC, un documento que recopila y analiza más de 160 casos de violencia institucional, abusos de poder y muertes ocurridas durante el aislamiento social obligatorio.
El informe, elaborado por Iglesias junto a un equipo compuesto por Gabriela Saldaña, Fernando Ruiz Magadán, Melina Fernández y Diego Quinteros, detalla cómo las fuerzas de seguridad actuaron con total discrecionalidad, provocando violaciones a los derechos humanos bajo el pretexto de la emergencia sanitaria.
«Esperamos que este informe sea apenas el punto de partida para un proceso más largo que busque el fin de la impunidad», declaró Iglesias en el acto de presentación. «Le agradezco a Gabriela Saldaña porque allá al comienzo de la pandemia se puso al hombro la ardua tarea de recoger los casos de violaciones a los derechos humanos que lentamente se empezaban a conocer».
La presentación del informe contó con la presencia de los diputados Sabrina Ajmechet (PRO) y Lilia Lemoine (La Libertad Avanza), quienes también se manifestaron sobre la importancia de visibilizar los abusos cometidos en ese período. «En 2024, cuando invité a familiares de víctimas a la Comisión de Derechos Humanos, hablé con muchos periodistas y todos me decían que no podían hacer esas notas. «Es un bajón, Sabrina», me decían. Claro que es un bajón, pero hay que darles visibilidad», expresó Ajmechet.
Por su parte, Lemoine relató su propia experiencia durante la pandemia: «Yo me metí en política por lo que pasó en la cuarentena. El día que anunciaron que nos encerraban por 15 días estaba en un hospital con mi madre que tenía cáncer. La mantuve con vida 5 meses casi sin ayuda». «Durante el primer mes, acepté lo que tocaba y cosí barbijos. Después me di cuenta de que algo no estaba bien, nos mentían. Cuando murió mi mamá, fui a una marcha y le tiré huevos a un móvil de C5N, porque no nos enfocaban. Desde entonces me llaman terrorista», agregó la diputada de La Libertad Avanza.
Iglesias también cuestionó la postura de ciertos sectores políticos sobre el accionar del Estado durante la pandemia: «El otro día escuchaba que el diputado Leopoldo Moreau hablaba de que vivimos un estado policial. Se ve que se olvidó de lo que era vivir en cuarentena con Alberto Fernández, cuando había desapariciones, torturas y asesinatos».
Los detalles del informe
El documento presentado en la tarde del jueves recopila 37 muertes, 38 casos de violencia institucional y 85 casos de detenciones arbitrarias y abusos de poder, revelando cómo el Estado argentino, bajo el pretexto de combatir la pandemia, permitió el uso excesivo de la fuerza y la violación de derechos humanos fundamentales. Además, se analiza la distribución geográfica de estos abusos y se examina el contexto en el cual se produjeron, subrayando las fallas en la respuesta institucional y la falta de rendición de cuentas.
La pandemia de COVID-19, que obligó a los gobiernos de todo el mundo a tomar medidas drásticas, incluyó en Argentina la implementación del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020. Esta medida, que comenzó el 20 de marzo de 2020, fue inicialmente recibida como una estrategia necesaria para frenar el avance del virus. Sin embargo, con el paso de los meses, las restricciones se fueron prolongando de manera excesiva, transformando a Argentina en uno de los países con la cuarentena más estricta del mundo.
Lo que comenzó como una medida sanitaria rápidamente se convirtió en una herramienta de control social. Las fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales, fueron desplegadas por todo el país para hacer cumplir las restricciones de circulación y aislamiento. En muchos casos, este control derivó en abusos de poder y violaciones de derechos humanos, especialmente contra las personas más vulnerables.
El informe denuncia que, bajo la excusa de la emergencia sanitaria, las autoridades argentinas cedieron ante el abuso de poder y la represión. Iglesias subraya cómo el gobierno, en lugar de garantizar el respeto a los derechos fundamentales, permitió una violencia institucional sistemática, que afectó principalmente a sectores de la clase baja y jóvenes en barrios populares.
La magnitud de la violencia estatal
De los 160 casos documentados, el informe se clasifica en tres categorías principales, donde los 37 casos de muertes representan una de las secciones más dramáticas. Entre las víctimas más conocidas se encuentran Magalí Morales, Facundo Astudillo Castro, Maximiliano Nahuel Gómez y Santiago Santucho, cuyos casos siguen siendo objeto de debate público debido a las circunstancias sospechosas que rodearon su muerte y el tratamiento judicial.
El caso de Magalí Morales, una joven de 21 años, es uno de los más impactantes. Fue detenida el 5 de abril de 2020 en Santa Rosa del Conlara, San Luis, por andar en bicicleta sin portar su DNI. La policía la detuvo y la trasladó a la comisaría 25ª, donde fue hallada muerta horas después. Aunque las autoridades inicialmente intentaron atribuir su muerte a un suicidio, las evidencias de maltrato físico y la falta de un tratamiento adecuado generaron dudas sobre la veracidad de la versión oficial. Su caso se convirtió en un símbolo de las muertes bajo custodia policial.
Facundo Astudillo Castro, de 22 años, fue detenido el 30 de abril de 2020 en Bahía Blanca por no cumplir con las restricciones de circulación. Tras su detención, fue trasladado a un destacamento policial, donde desapareció. Su caso atrajo una gran atención debido a que su cuerpo fue hallado 100 días después en un cangrejal de Vilarino, lo que desató una ola de indignación por el encubrimiento policial y la falta de acción judicial.
El caso de Maximiliano Nahuel Gómez es otro de los más dramáticos. Gómez, un trabajador informal, fue golpeado hasta morir por la policía en Temperley el 28 de marzo de 2020, tras ser detenido por violar las restricciones de circulación. A pesar de la versión oficial de que Gómez se habría suicidado en la comisaría, testigos y evidencia apuntan a que las lesiones provocadas por la policía fueron la causa directa de su muerte.
Santiago Santucho, un adolescente de 17 años, también fue detenido el 3 de mayo de 2020 en José C. Paz y murió poco después bajo circunstancias misteriosas. La policía informó que su muerte fue resultado de un enfrentamiento, pero no se presentó evidencia suficiente que confirmara esta versión.
El informe también documenta 38 casos de violencia institucional, donde se incluyen torturas, golpes y apremios ilegales por parte de las fuerzas de seguridad. Estos incluyen detenciones ilegales y el trato cruel e inhumano hacia ciudadanos que fueron arrestados por violar las normas de aislamiento. Un caso emblemático fue el de Miriam Carlsson y Fabián Savarino, quienes fueron detenidos en Puerto Madryn y sometidos a humillaciones físicas, incluyendo la orden de hacer sentadillas desnudos frente a los agentes de policía. Esta práctica revela no solo la violencia física, sino también la humillación psicológica.
Detenciones arbitrarias y abuso de poder
El informe también destaca los 85 casos de detenciones arbitrarias y abusos de poder, donde las fuerzas de seguridad, sin justificación legal, arrestaron a ciudadanos bajo la excusa de violar las restricciones sanitarias. Entre los abusos más flagrantes se encuentran las detenciones masivas sin orden judicial y las amenazas y golpes sufridos por los detenidos. El informe denuncia que trabajadores esenciales y personas en situación de vulnerabilidad fueron víctimas de un trato abusivo por parte de las fuerzas de seguridad. Un ejemplo claro fue el caso de Francisco Vivandelli, quien sufrió golpes brutales durante su detención en La Pampa, lo que le dejó secuelas permanentes.
La represión fue más notable en las zonas urbanas densamente pobladas, especialmente en barrios populares de la Provincia de Buenos Aires, donde se registraron múltiples denuncias por abusos. En ciudades como La Matanza, Morón y Avellaneda, las fuerzas de seguridad aplicaron medidas desproporcionadas, lo que provocó una fuerte reacción social en muchas comunidades. Además, se documentaron incidentes en Formosa, donde el control estricto de las rutas generó situaciones de aislamiento forzado y negligencia sanitaria, afectando a personas como Víctor Mallorquín, quien no pudo retornar a su provincia para continuar su tratamiento oncológico.
En San Luis, varios casos de muerte por negligencia médica fueron reportados debido a los bloqueos de rutas y controles implacables, como el de Osvaldo Oyarzún, quien falleció tras no recibir atención médica a tiempo.
La respuesta institucional y la impunidad
El informe también analiza la respuesta institucional ante los abusos cometidos. En él, Iglesias critica duramente la falta de acción por parte de las autoridades judiciales y de la procuraduría ante los casos más graves. En muchos de los incidentes, la falta de transparencia en las investigaciones permitió que muchos de los responsables no fueran sancionados, lo que generó un clima de impunidad y una creciente desconfianza en las autoridades.
A pesar de las denuncias de organismos internacionales, como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno de Alberto Fernández no impulsó mecanismos suficientes de rendición de cuentas y las fuerzas de seguridad siguieron actuando sin temor a consecuencias legales. Esto generó un círculo vicioso de abuso de poder, donde los agentes de seguridad operaron con total impunidad, afirma el informe en uno de sus pasajes más salientes.
