El presidente Bernardo Arévalo dijo el martes que la fuga de 20 pandilleros hace una semana que provocó cambios en la cúpula de seguridad del país fue un complot de la pandilla Barrio 18.
“Ha sido un complot y está involucrado el Barrio 18, que es uno de los principales afectados por las medidas de endurecimiento de las condiciones en las cárceles que venía tomando el ministro Francisco Jiménez y su equipo”, señaló Arévalo en conferencia de prensa.
Mientras que David Boteo, director de la policía, confirmó a The Associated Press la recaptura del cuarto reo de los 20 pandilleros que se fugaron de una prisión en Guatemala hace una semana. Se trata Nicolás Xantes Sis, alias “El Brown” y de la pandilla Barrio 18, quien fue localizado junto a otras tres personas que lo movilizaban en el departamento de Escuintla, al sur del país.
Xantes Sis fue detenido con tres personas, entre ellas otro pandillero con antecedentes por asesinato y portación de arma de fuego que un juzgado había dejado en libertad.
En septiembre el gobierno de Donald Trump declaró a la pandilla Barrio 18 como una organización terrorista, la misma designación que había hecho en febrero pasado contra la Mara Salvatrucha.
Tras conocerse las evasiones el presidente Arévalo aceptó la renuncia del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, de la viceministra antinarcóticos, Claudia Palencia, y del viceministro operativo, José Portillo, quién era el responsable legal del Sistema Penitenciario.
La semana pasada la fiscalía inició investigaciones y solicitó la aprehensión de Palencia, anunciando que también emprendería acciones contra Jiménez. Contra Portillo la fiscalía no solicitó nada.
Arévalo dijo que su gobierno no tenía información sobre el posible involucramiento de la cúpula de seguridad en la evasión de los reos y que no se presentaría alguna denuncia en contra de los exfuncionarios salientes.
Arévalo designó al juez Marco Antonio Villeda como nuevo ministro de gobernación quién aún no asume el cargo debido a gestiones laborales pendientes.
La fiscal general Consuelo Porras, sancionada por más de 40 gobiernos por obstaculizar la lucha anticorrupción, socavar la democracia en el país y quien mantiene una pugna con el presidente, en conferencia de prensa la semana pasada responsabilizó a Arévalo de la inseguridad en el país y dijo que se debía a la falta de liderazgo legítimo.