La jueza federal de Nueva York Loretta Preska informará este lunes 14 si hace lugar al pedido del Gobierno argentino para suspender la orden de entrega de las acciones estatales de YPF mientras se tramita la apelación del fallo por la expropiación de la petrolera, una sentencia que impone al país una indemnización de US$16.000 millones.
La resolución que dará a conocer no implica aún una revisión de fondo sobre la medida dispuesta el 30 de junio, sino que se limitará a decidir si otorga o no una suspensión temporal hasta que se expida el tribunal de alzada.
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Según explicó el analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, si Preska acepta la solicitud del Gobierno, los beneficiarios del fallo, los fondos Burford y Eton Park, no podrán avanzar con la ejecución mientras el caso sigue su curso en la instancia superior.
En paralelo, la jueza también fijó una audiencia para el martes 15 con el fin de abordar otra controversia del caso: la entrega de documentación que podría respaldar el reclamo de los demandantes para embargar activos de Aerolíneas Argentinas, ARSAT, Enarsa y el Banco Central. Su argumento es que esas entidades serían parte del “alter ego” de la República, es decir, extensiones operativas del Estado.
El jueves pasado, la Argentina se anticipó al escenario de una posible negativa de Preska y presentó formalmente la apelación ante la Corte de Apelaciones. Además, los abogados del Estado informaron a la jueza que, si ella finalmente concede la suspensión, notificarán al tribunal superior para que el caso continúe bajo su jurisdicción.
Los fundamentos del pedido argentino para frenar la entrega de acciones
En los escritos judiciales, el Gobierno sostuvo que la orden de Preska entra en contradicción con el marco normativo argentino y advirtió que cualquier traspaso de las acciones estatales en YPF requiere la aprobación del Congreso con mayoría de dos tercios.
Además, remarcó que la transferencia podría generar daños irreparables, ya que los demandantes dejaron claro que su intención es vender inmediatamente los títulos una vez que los reciban. En ese escenario, aun si la Argentina tuviera un fallo favorable en la apelación, ya no habría forma de retrotraer el traspaso.
El texto presentado ante los tribunales norteamericanos también hace eje en el perjuicio institucional. Asegura que el país se vería forzado a optar entre “modificar su legislación interna, incumplirla o desobedecer una orden judicial extranjera”, lo que implicaría una afectación directa a su soberanía.
El origen del conflicto por la expropiación de YPF
La disputa se remonta al proceso de estatización de YPF iniciado en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En ese momento, la administración avanzó con la nacionalización de las acciones en manos de Repsol, a la que luego indemnizó con bonos, pero no ofreció el mismo trato al resto de los accionistas, entre ellos el Grupo Petersen, controlado por la familia Eskenazi.
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En 2015, los fondos Burford y Eton Park adquirieron los derechos para litigar en nombre de Petersen y promovieron la demanda ante la justicia de Estados Unidos. Finalmente, en septiembre de 2023, la jueza Preska falló a favor de los demandantes y condenó a la Argentina a pagar US$16.000 millones. Con intereses acumulados, ese monto ya supera los US$17.700 millones.
Desde ese momento, el país apeló la sentencia y buscó mecanismos para evitar que se avance con la ejecución. Sin avances concretos, los acreedores intensificaron sus reclamos, entre ellos, el pedido para que se entreguen las acciones estatales de la compañía como forma de pago.
Ese planteo fue aceptado por Preska a fines de junio y motivó la actual estrategia legal del Gobierno para frenar el proceso mientras se sustancia la apelación.
La postura del Ejecutivo ante el fallo
Durante una entrevista esta semana, el presidente Javier Milei cuestionó la validez del pronunciamiento judicial. “El fallo no tiene aplicación porque violenta la ley argentina. Para ejecutarlo, debería haber una ley del Congreso que implica dos tercios. No va a ocurrir”, afirmó.
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En caso de que Preska rechace el pedido de suspensión, el Gobierno podría enfrentar un escenario complejo. Si decide no cumplir con la entrega de acciones, quedaría expuesto a sanciones por desacato. Si cumple, ejecutaría una decisión que considera inconstitucional en términos internos y de consecuencias económicas irreversibles.
