Los reos de tres prisiones guatemaltecas han comenzado tres motines simultáneos reteniendo al menos a 46 personas, 45 funcionarios de prisión y un psicólogo, en un movimiento que el Gobierno achaca a la pandilla Barrio 18 –declarada como organización terrorista internacional por Estados Unidos–, cuyos integrantes buscarían retomar sus privilegios en las cárceles.
«Este Gobierno, esta Administración del Ministerio de Gobernación, no va a pactar con ningún grupo terrorista. No voy a ceder a esos chantajes y no voy a regresarle los privilegios con el objeto que depongan sus acciones», ha sostenido el ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, en una rueda de prensa ante los medios de comunicación.
Los presos de los centros penitenciarios de ‘Fraijanes 2’, ‘Renovación 1’ y el sector 11 del ‘Centro de Detención Preventiva de la zona 18’ han provocado disturbios en el interior de sus instalaciones de manera simultánea y han tomado el control de varias zonas de las cárceles reteniendo a 46 personas.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Gobernación, «la fuerza pública está siguiendo con los protocolos de actuación (establecidos) frente a los motines realizados». «Desde el primer momento, se activaron los procedimientos institucionales correspondientes para resguardar la integridad de todos los involucrados y asegurar que la situación sea atendida con profesionalismo, firmeza y en el marco de la seguridad democrática», continúa la nota.
En este contexto, el Gobierno liderado por Bernardo Arévalo ha desplegado a efectivos de la Policía, el Ejército y del Servicio Penitenciario para volver a restablecer el orden y evitar fugas en las prisiones que por el momento siguen bajo control de los amotinados.
Villeda ha asegurado que los disturbios han sido orquestados «con el fin de doblegar la autoridad del Estado» por uno de los cabecillas de Barrio 18, alias ‘El Lobo’, quien ha pedido a las autoridades condiciones para acabar con los motines. Entre las exigencias estarían su traslado a otra cárcel diferente a ‘Renovación 1’, la instalación de aire acondicionado en su celda o en el ingreso de comida de ciertos restaurantes.
«Estas acciones son consecuencia de una política clara: en Guatemala no se negocia con terroristas ni con el crimen organizado, tampoco se tolera que grupos que han sembrado violencia pretendan imponer sus condiciones», reza un comunicado del Ministerio de Gobernación de Guatemala.
En la misma línea, la institución ha presentado «las alteraciones registradas en los centros penitenciarios» como «una reacción directa a las decisiones firmes de este Ministerio de retirar privilegios a líderes de estructuras criminales y de no acceder a sus presiones ni exigencias», y ha instado a la población a «informarse únicamente por los canales oficiales».
«La seguridad y la paz social de todas y todos los guatemaltecos son prioridad absoluta y se defienden con autoridad, decisión y responsabilidad», concluye el escrito.
En octubre, una veintena de presos miembros de la pandilla Barrio 18 se fugaron de la cárcel, una situación calificada de «inaceptable» por el presidente Arévalo, que anunció un refuerzo de la seguridad del sistema penitenciario –con apoyo del FBI– para acabar con los fallos y la corrupción.
Por esta fuga terminaron dimitiendo el ministro de Gobernación, la viceministra de Asuntos Antinarcóticos y el viceministro de Seguridad. Además, el Ejecutivo prometió construir una nueva cárcel de máxima seguridad para albergar hasta 2.000 presos.
