Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona pondrá en marcha en julio una nueva prestación social destinada a las personas que llevan más de seis meses viviendo en un alojamiento temporal de urgencia (ATU), en la mayoría de casos una habitación en una pensión, y que oscilará entre 800 euros mensuales, para unidades familiares de uno o dos miembros, y 1.500, para las de tres o más integrantes. La ayuda se calcula que beneficiará a hasta 1.000 ciudadanos, entre adultos y menores de edad, que podrán alquilar por su cuenta una vivienda en Barcelona o en otras localidades de Catalunya.
La comisionada de Acción Social, Sonia Fuertes, ha explicado hoy que lo que estaba concebido como un alojamiento temporal para dar respuesta a situaciones de emergencia a causa de desahucios y otras problemáticas de exclusión residencial se ha convertido en un servicio básico. La estancia en pensiones se ha cronificado pues más del 63% de las más de 3.000 personas que han recurrido a un ATU llevan más de seis meses en este tipo de hogar. Incluso hay familias que suman más de cuatro años en pensiones.
El 63% de los usuarios de los alojamientos de urgencia lleva un mínimo de seis meses en pensiones
La partida presupuestaria de 38 millones de euros desembolsada en el 2024 para este concepto se repetirá en el 2025, ha señalado el gerente del Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), Javier Martínez. La nueva prestación de hasta 1.500 euros mensuales es alrededor de 1.000 euros inferior al coste de una habitación en una ATU, apunta Martínez. Pero la partida de 38 millones no se reducirá pues este 2025 están solicitando la entrada a un ATU más familias que en años precedentes.
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Martínez ha añadido que la perpetuación del uso de los ATU ha tensionado este servicio pues se deben atender no sólo los casos de máxima urgencia sino también los de “larga duración y complejidad” por la falta de alternativas habitacionales. Ya en el 2024, el Ayuntamiento priorizó mantener la autonomía de la ciudadanía tramitando más de 15.000 ayudas por un valor de 7,1 millones de euros para vivienda, un 25% más que en el 2023.
Y con la nueva ayuda, que tendrá una duración de doce meses, se pretende reducir el uso de las pensiones y promover la autonomía de los beneficiarios. Para acceder a la misma se requiere haber estado un mínimo de seis meses en un ATU, estar empadronado en Barcelona, constar en el registro de solicitantes de vivienda de protección oficial, aceptar el acompañamiento social y disponer de unos ingresos mínimos o tener derecho a una prestación económica, entre otros requisitos.
