La Legislatura de Córdoba se encamina a aprobar en segunda lectura al Presupuesto 2026 que contiene un paquete de iniciativas clave vinculadas al financiamiento del sistema previsional y de salud provincial, en un escenario atravesado por el déficit de la Caja de Jubilaciones y la creciente tensión con los gremios estatales. El oficialismo que responde al gobernador Martín Llaryora avanzó con proyectos que amplían las facultades del Poder Ejecutivo para incrementar los aportes de los trabajadores activos de la administración pública.
Por un lado, el bloque oficialista envió a la Unicameral una iniciativa que habilita un incremento de hasta 4 puntos porcentuales previsto para los aportes personales a la Caja de Jubilaciones, en caso de declararse la emergencia previsional. El argumento es la situación “crítica”, con un déficit proyectado por encima de los $800.000 millones para el próximo año. Los más de 15 gremios estatales rechazan la suba de los aportes y se convocan, nuevamente, a protestar.
A esto se suma el posible tratamiento de una suba del 2% de los aportes de los trabajadores de la administración pública provincial (que se sumaría a los 4,5% de la actualidad), a la obra provincial, Apross. Desde el gobierno sostienen que se trata de herramientas necesarias para garantizar la sustentabilidad financiera de ambos sistemas, mientras que los sindicatos advierten que la medida implicará un nuevo recorte sobre salarios ya golpeados por la inflación.
En paralelo, la Comisión Previsional de la Legislatura comenzó a tratar el proyecto impulsado por las docentes jubiladas, que propone restituir el 82% móvil a todos los pasivos y recuperar el nivel de los haberes previo a las sucesivas reformas aplicadas en los últimos años.
Ese debate se complementará con la propuesta presentada por el legislador oficialista Matías Chamorro, que plantea aplicar el 82% móvil pleno en los haberes más bajos y establecer un esquema de jubilaciones máximas y ajustes progresivos en los tramos superiores, en línea con el modelo de la Anses. Con ambos proyectos en estudio, el oficialismo busca ordenar una reforma gradual del sistema previsional, mientras se anticipa una discusión de alto voltaje político y social en la Unicameral.
