La primera prueba que el presidente Javier Milei tendrá que enfrentar en el Congreso tras las elecciones de este domingo es la aprobación del Presupuesto 2026. El oficialismo oscila entre la intransigencia y la negociación, según el emisario, mientras que la oposición está firme en el reclamo de las tres leyes ratificadas por el Parlamento que el Ejecutivo mantiene suspendidas y presiona para dictaminar en la primera semana de noviembre.
El año pasado, tras semanas de discusión el Gobierno se negó a ceder y José Luis Espert -que en ese entonces presidía la comisión- suspendió las reuniones. Días después, el Ejecutivo prorrogó el Presupuesto por decreto.
Para que otra vez no pase eso, en una medida insólita, la oposición sometió a votación un cronograma de debate del Presupuesto 2026 que obliga a firmar dictamen el 4 de noviembre. Pero el propio oficialismo quiere dilatar esos tiempos para que el proyecto sea votado por los nuevos legisladores -que asumen el 10 de diciembre- en un contexto de mayor poder de La Libertad Avanza en ambas Cámaras.
Lo cierto es que al momento hay muchos contactos y pocos avances. El tema principal es cuánto está dispuesto a ceder el Gobierno. La respuesta cambia de acuerdo al interlocutor de turno.
Martín Menem, que tiene en juego su continuidad al frente de la Cámara de Diputados, quiso ponerse al frente de las negociaciones con los bloques. La semana pasada convocó a los principales jefes de bancada (menos el peronismo y la izquierda) a una reunión con el secretario de Hacienda Carlos Guberman, el vice jefe de gabinete, José Rolandi y el presidente de la comisión Bertie Benegas Lynch. Se anunciaron como el «cuadrado de Zinc».
Pero el encuentro duró poco porque tanto desde Encuentro Federal, de Miguel Pichetto, como desde Democracia para Siempre, que conduce Pablo Juliano, dejaron en claro que para ellos el punto principal es que el Ejecutivo reglamente y ponga en marcha las tres leyes vetadas por Milei e insistidas por el Congreso: Garrahan, Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.
Ante la negativa, no hubo mucho más que discutir. Aunque días después, desde el entorno de Menem dejaron trascender que celebraban que la oposición «discuta dentro de los parámetros del superávit fiscal y financiero que asegura honrar compromisos». «Dentro de esa cancha, se puede discutir todo lo que no esté indexado por leyes preexistentes», señalaron.
El primero en insistir con el tema y pedir un giro en la postura del Gobierno fue el principal aliado del Gobierno: Mauricio Macri.
El titular del PRO tuiteó días atrás: «Es un requisito básico construir una nueva mayoría que inevitablemente no estará formada solo por miembros de una misma fuerza, sino también por otros legisladores de todo el país que aportarán su visión«. Con ese objetivo tenemos que plantear metas concretas e inmediatas que permitan orientar los acuerdos. Empecemos por lo más importante: la Ley de Presupuesto. Necesitamos promulgar un presupuesto aprobado por esta nueva mayoría. Comprometidos con mantener rigurosamente el equilibrio fiscal, debemos al mismo tiempo alinear las prioridades acordadas entre todos».
El propio asesor presidencial que ahora suena para ministro, Santiago Caputo, republicó ese mensaje, agregando: «Estamos de acuerdo, Presidente Macri. Argentina necesita una nueva mayoría reformista que empuje en el Congreso los cambios de fondo que el Presidente Milei lidera«.
En las últimas semanas Caputo también se metió en el Congreso: además de la reunión que coordinó entre jefes de bloque y el consultor estadounidense Barry Bennett, tuvo contactos directos con gobernadores y con bancadas enteras de la oposición no K. «Se está moviendo como quien se prepara para asumir», aseguró un legislador.
La propuesta del bloque de Pichetto
En Encuentro Federal proponen un proyecto de Presupuesto que incluya las tres leyes suspendidas y sostenga el superávit fiscal, aunque en un porcentaje menor al que previó el Ejecutivo.
La pauta del texto del oficialismo plantea un superávit de 1,5 punto del PBI. La bancada de Encuentro planifica un superávit de 0,9 %. La diferencia (0,6 % del PBI) aseguran es el costo que tiene la aplicación de las leyes de Garrahan, Universidades y Discapacidad.
La no aplicación de las leyes abrió un conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo y la mayoría de los legisladores opina que terminará siendo la Corte Suprema como máximo órgano del Poder Judicial la que lo salde. Al momento, el jefe de gabinete Guillermo Francos, tiene una denuncia penal por el tema, mientras que organizaciones ya presentaron amparos.
