Tras las reuniones mantenidas ayer en comisiones, el Senado de Salta prevé dar hoy sanción definitiva al proyecto de ley del Ejecutivo provincial para la regularización dominial de puesteros y la renegociación de contratos de concesión de las tierras de la empresa Salta Forestal.
Además de la promesa de regularización de tierras a familias puesteras que habitan en ese territorio en algunos casos desde hace un centenar de años, con la iniciativa se pretende habilitar la renegociación de contratos de concesión además de abrir la puerta a nuevas concesiones.
“Les ponen la zanahoria a puesteros para resolver su tema de la tierra. Pero mientras se discute eso, nos están haciendo pasar un elefante por un bazar”, dijo el senador y presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, Walter Wayar. Tras la reunión de ayer, el legislador representante del departamento Cachi adelantó su voto en contra de la iniciativa, por entender que ante la complejidad que abarca a Salta Forestal, la nueva ley debería ser analizada por más tiempo.
Una vez sancionada, la norma abriría la puerta a las renegociaciones de los contratos con las empresas Anta del Plata y Cresud, las dos concesionarias que explotan parte de las tierras, en total menos de 45 mil hectáreas. El diputado con mandato cumplido, Claudio del Plá, dijo en el Senado que estas firmas tienen una deuda con la provincia de alrededor de 100 millones de dólares.
En su calidad de invitado de la Comisión presidida por Wayar, Del Plá recordó que en 2009, y ante el incumplimiento de las inversiones comprometidas, se sancionó una ley para que las concesionarias paguen un canon del 10 por ciento de la producción.
Tras una serie de acciones judiciales entre la provincia y las empresas se firmó un acuerdo con el gobierno durante la gestión de Juan Manuel Urtubey para condonar las deudas que se habían generado. Ante ello, el Partido Obrero (al que pertenece Del Plá) presentó una denuncia penal.
Sin respuestas a la Auditoría
De la reunión en la Comisión presidida por Wayar, también participó el presidente de la Auditoría General de la Provincia (AGP), Gustavo Ferraris, quien fue acompañado por el auditor a cargo de Salta Forestal, Marcos Segura.
Este técnico detalló que la primera auditoría incluyó el periodo 2000 a 2008, habiendo concluido tres años después con un informe que reunió observaciones y recomendaciones, dado que las concesionarias no habían cumplido objetivos trazados originalmente respecto a planes de inversión, gestión ambiental, diversificación de cultivos y trato a puesteros.
Ya en 2018 se realizó otra auditoría de seguimiento para comprobar el cumplimiento de esas recomendaciones. Pero no hubo respuesta por parte de las concesionarias, Cresud y Anta del Plata. Actualmente están en análisis los informes enviados el año pasado por Cresud, “luego de una gran insistencia”, aclaró Segura.
El auditor indicó que en 2024 se planteó una tercera auditoría, pero en este caso sobre el aspecto contable de Salta Forestal SA respecto al manejo de recursos obtenidos por cobro de canon.
Por el momento, la única auditoría publicada en el sitio del organismo oficial, es la que se concluyó en 2011 (que es sobre los períodos 2000 a 2008).
“Una ley marco”
La senadora por Anta (departamento donde se ubica Salta Forestal), Alejandra Navarro, afirmó que la que se aprobaría hoy es una «ley marco”. Es que para renegociar los contratos, regularizar las tierras o permitir nuevos concesionarios con explotaciones de hasta cuatro mil hectáreas se deberán aprobar nuevas leyes.
De la reunión convocada por la Comisión de Legislación General participaron también el presidente de Salta Forestal, Ignacio Lupión y el gerente general, Guillermo Haddad.
Detallaron que dos grupos privados —Cresud SA y Anta del Plata— tienen a su cargo aproximadamente 200.000 hectáreas, pese a que “una produce 20 mil hectáreas y otras 25 mil hectáreas”, dijo Lupión. De hecho, con la ley que se tratará hoy se prevé que las empresas devuelvan al Estado las tierras improductivas. Las casi 160 mil hectáreas que quedarían en manos del Estado, serían concesionadas de nuevo a privados, pero en parcelas de hasta 4 mil hectáreas.
El canon vigente que abonan las dos concesionarias actuales equivale al 10 por ciento de la producción bruta, representando ingresos aproximados de 4 millones de dólares anuales. Sin embargo, con nuevas concesiones y una adecuada gestión, se estima que la recaudación podría triplicarse.
Navarro señaló que el proyecto fue debatido previamente en el departamento Anta con poseedores de tierras y legisladores, lo que llevó a que se introduzcan modificaciones a su paso por Diputados. Entre otras, dijo que se amplió el rango de adjudicación de tierras de 1.000 a 1.200 hectáreas por familia.
Añadió la falta de servicios esenciales en parajes como La Bomba, donde viven cinco familias sin acceso a salud y educación. Por ello, sugirió priorizar la urbanización que propone la iniciativa en sectores más adecuados como el centro poblado 25 de Junio.
En la reunión también se analizó el plan de posibles relocalizaciones de puestos situados en zonas de bañados y la situación jurídica de las tierras, que se continuarán rigiendo por la Ley Nº 7623, que regula los cánones provinciales y su distribución con los municipios.
