En comunicación con Radio Universidad, el director de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), Pedro Bussetti, hizo hincapié en los decretos 493/2025 y 494/2025, mediante los cuales el Gobierno nacional reemplazó el marco normativo vigente de AySA y habilitó su privatización, respectivamente. “Esto debe ser repudiado por toda la ciudadanía y merece la intervención del Congreso de la Nación”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que AySA cumplió un rol fundamental en la “ampliación del acceso al agua potable y a las cloacas entre 2007 y 2023”. De ese modo, manifestó que “de las 300 obras que se estaban realizando hoy solo continúan 36”. Según señaló, “todas las obras se interrumpieron a partir de la gestión del nuevo Gobierno”.
El titular de DEUCO también puso en duda los términos del decreto. “Hay una diferencia entre el marco regulatorio que existía y el nuevo que acaba de determinar el Gobierno mediante un DNU respecto a la compañía que va a asumir. Dicen que harán una licitación pública internacional, pero la pregunta es ¿cómo se va a valuar la concesión? ¿Va a haber un valor propuesto para que las empresas puedan competir o va a repetirse lo de 1993, cuando lo único que se exigía era que la tarifa fuera la más baja?”, planteó.
AySA, servicio público esencial
En esa línea, Bussetti denunció que la decisión oficial “va en contra de los intereses y derechos de los ciudadanos”, ya que se trata de un “servicio público esencial y monopólico”. “No se puede decir ‘dejo de ser servido por esta empresa y me paso a otra’, eso no existe en este caso. Por eso la gravedad de esta medida, que significa volver 30 años atrás en materia de saneamiento”, alertó.
Además, hizo hincapié en las consecuencias sanitarias. “El servicio de agua y saneamiento no es una cuestión de obra pública, es una cuestión sanitaria. Donde no hay cloacas hay pozo ciego, y donde hay pozo ciego hay contaminación del agua”, subrayó. Y agregó que, por ese motivo, el servicio debería articularse también con el Ministerio de Salud.
También, precisó que la medida afectaría directamente la economía familiar, ya que “para desagotar un pozo ciego se debe invertir entre 40 y 50 mil pesos”. “Cada familia que hoy tiene agua potable y cloacas tiene un resguardo mayor. Una que no lo tiene, debe desagotar el pozo ciego hasta cuatro veces al año o, si las napas están contaminadas, construir otro”, detalló.
Ante este escenario, el bloque de Unión por la Patria impulsó un proyecto legislativo para declarar al servicio que presta AySA como “de interés público y estratégico para el desarrollo humano”. La iniciativa busca prohibir cualquier forma de privatización, concesión, cesión de capital o tercerización de su gestión.
