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sábado, agosto 16, 2025

Privatizaciones: el Gobierno inició el proceso para concretar el remate público del Belgrano Cargas

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En el marco de su proceso privatizador, el Gobierno inició este jueves el de la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A. Lo hizo a través de la publicación de la Resolución 1049/2025 del ministerio de Economía, que fija las pautas a seguir, según lo establecido por el Presidente en febrero de este año.

La normativa, difundida en el Boletín Oficial, establece que la privatización se realice «en los términos del decreto 67/2025» firmado por Javier Milei a comienzo de año, con el fin de «concretar el remate público del material rodante propiedad del Estado Nacional bajo administración» de la compañía.

Con esa meta, el texto rubricado por el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, instruye a: realizar el inventario del material rodante a rematar; exponer su estado de situación y su vida útil; definir la conformación de los lotes a ofrecer; y precisar las condiciones del remate.

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En tanto, «con el objetivo de avanzar sobre el procedimiento licitatorio para la concesión de las vías de las Líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza y sus inmuebles aledaños» solicita que se efectúe un relevamiento del estado actual de las vías a concesionar, así como de las obras de infraestructura sobre las trazas informando estado de avance y prioridad de las mismas.

En este sentido, manifestaron que la secretaría de Transporte se encuentra «facultada» para «arbitrar los medios necesarios para rescindir aquellos contratos que no se consideren prioritarios«. Por otra parte, se pidió la confección de un relevamiento de los inmuebles aledaños y todo otro bien susceptible de ser incluido en la licitación.

Con respecto a la concesión de uso de los talleres de las citadas líneas, se encomendó otro relevamiento de las instalaciones a entregar «de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado Nacional de la Agencia de Administración de Bienes del Estado»; además de un inventario de las herramientas y maquinarias mayores que en los mismos se hallan y el detalle de sus condiciones.

«A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, la Secretaría de Transporte podrá requerir la colaboración de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria ‘Agencia de Transformación de Empresas Públicas’, y de Belgrano Cargas y Logística S.A. y de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.A.», agregó el documento.

El artículo 3°, por su parte, establece que dicha unidad ejecutora debe «coordinar las acciones necesarias» para privatizar la empresa «dentro del plazo de doce meses» contados desde la entrada en vigor de la medida, que es este mismo jueves 24 de julio.

El Banco de la Nación Argentina estará facultado para «abrir una cuenta fiduciaria a la cual deberán dirigirse las sumas del producido del remate del material rodante». Una vez adjudicados y perfeccionados los contratos, se deberá proceder a la disolución y posterior liquidación de Belgrano Cargas y Logística S.A, según precisó la Resolución.

La compañía actualmente estatal forma parte de la lista de empresas a vender a privados que fue incluida en la Ley Bases. Opera 7.600 kilómetros de vías a través de sus tres líneas, las cuales impactan directamente en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, además de Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Catamarca.

Es administrada mediante 11 unidades productivas, tiene ocho talleres propios y transporta productos agrícolas, piedra, carbón de coque, madera, minerales, metales y productos para consumo, además de otras cargas. El Gobierno planteó que Belgrano Cargas «en manos estatales es obscenamente deficitaria y posee una planta sobredimensionada de 4.429 personas, además de una estructura jerárquica elevada no acorde a sus funciones».

«El Estado dejará de ser operador de los servicios ferroviarios de carga y de toda su infraestructura: material rodante, vías, talleres e inmuebles», había adelantado a comienzo de año el portavoz Manuel Adorni al anunciar el decreto presidencial del 7 de febrero último. 

Redacción

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