El Gobierno nacional prohibió el ingreso a eventos deportivos a 26 barras bravas que participaron en los incidentes ocurridos durante la marcha de los jubilados en el Congreso. Todos están imputados por “atentado y resistencia a la autoridad”, y 13 de ellos tienen antecedentes penales.
A través de la Resolución 343/2025, publicada en el Boletín Oficial con la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se aplicó la “restricción de concurrencia administrativa” a estos individuos, impidiéndoles el acceso a cualquier evento deportivo en todo el país.
La decisión se tomó luego de que estos hinchas protagonizaran hechos de violencia durante la movilización del pasado 12 de marzo en la Plaza del Congreso. Según el documento oficial, los barras arrojaron proyectiles y objetos punzocortantes contra efectivos de Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval y la Policía de la Ciudad, causando heridas a 31 agentes y provocando destrozos en bienes públicos y privados.
El Ministerio de Seguridad había advertido previamente que cualquier persona que incurriera en actos violentos durante la marcha sería identificada y sancionada.
Además de la prohibición de ingreso a los estadios, los implicados fueron registrados en el programa Tribuna Segura, sin perjuicio de las medidas penales que podrían enfrentar.
Con esta medida, el Gobierno busca “neutralizar e impedir la presencia en eventos deportivos de personas que puedan alterar el orden público”, reforzando así su política de tolerancia cero contra la violencia en el fútbol y otros espectáculos deportivos.