SECRETO A VOCES
El problema del gusano barrenador del ganado se ha convertido en tema de actualidad por las implicaciones económicas para México y las de seguridad nacional que representan para Estados Unidos. Dos perspectivas distintas sobre un mismo fenómeno.
En México se reclama como injusto el cierre de la frontera a nuestras exportaciones de becerros hacia EU por motivos sanitarios, relacionados con el gusano barrenador. Se argumenta que es una medida unilateral, exagerada y contraria a nuestros acuerdos comerciales. Y de inmediato, se exige frenar el ingreso de becerros provenientes de Guatemala, mientras los ganaderos guatemaltecos reclaman con idénticos calificativos en contra de México.
Vale la pena recordar que, si bien los becerros entran por Guatemala, proceden de diversos países de Centroamérica, con los que desde 2012 México mantiene un Tratado de Libre Comercio México-Centroamérica, que sustituyó los antiguos acuerdos bilaterales. Este acuerdo incluye el acceso preferencial para bienes agrícolas, ganaderos e industriales.
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La narrativa oficial mexicana sostiene que el gusano barrenador ingresó al país con ganado importado ilegalmente desde Guatemala. Aunque eso tiene algo de verdad, también ha servido para encubrir la incompetencia de nuestras autoridades de sanidad agropecuaria. La realidad es que compartimos una frontera de 956 km con Guatemala, por donde transitan libremente innumerables animales silvestres capaces de portar la plaga, sin control alguno.
La primera advertencia oficial sobre el riesgo de entrada del gusano a México ocurrió el 29 de julio del año pasado. Sin embargo, a pesar de que se alertó por el mismo Gobierno de México en el Diario Oficial de la Federación y difundió por diversas vías, incluidas redes sociales y comunicación directa, el tema fue ignorado, eclipsado por el calendario electoral. Hoy enfrentamos las consecuencias de esa omisión.
Desde hace más de una década existen acuerdos entre México y Guatemala para establecer estaciones cuarentenarias y puntos de verificación en la frontera, a fin de permitir el ingreso legal y controlado del ganado centroamericano. Esas instalaciones no se han construido, ya sea por negligencia, falta de seguimiento o razones que habría que investigar. Si hay responsables, lo son ambas partes.
Ahora bien, que el ganado centroamericano puede ingresar a México, sí, pero legalmente, con pruebas sanitarias, cuarentena y programas de trazabilidad. Ése es el verdadero reto. No podemos ser tan incongruentes para pedir facilidades para exportar y por otro lado exigir que se detenga la importación.
Resulta alarmante escuchar opiniones que, en lugar de aportar claridad, sólo confunden como algunas que provienen del Senado, que propone suspender la importación de ganado “guatemalteco” a secas. Lo correcto sería exigir que sólo se impida el ingreso ilegal, y que se fortalezcan los mecanismos para garantizar que toda entrada sea legal, segura y trazable. Ignorar los alcances del TLC con Centroamérica no ayuda a resolver el problema. Al contrario, lo agrava.
Corregir este desorden exige método, experiencia y conocimiento técnico, características que, lamentablemente, han estado ausentes en las áreas responsables. En eso, sí coincido con las opiniones que vienen de la Cámara alta.
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