Barcelona
La modificación de la norma que obliga a reservar el 30% de las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones a vivienda de precio asequible debe reformarse ampliamente para que sea efectiva, a juicio Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Catalunya (APCE), que este jueves ha defendido los puntos de vista de su entidad en un diálogo con Joan Ramon Riera, comisionado de Vivienda del Ayuntamiento, organizado por Rethink Barcelona, foro impulsado por la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales y Foment del Treball.
Entre los cambios que proponen los promotores y constructores está que el valor de estos pisos sujetos al 30% se pueda monetizar y se aporte a la administración municipal para que esta u otra entidad la destine a nuevas promociones protegidas. También defienden que estos recursos puedan servir para comprar pisos ya hechos que cumplan unas determinadas condiciones. “Así podríamos tenerlos desde el minuto uno y pasarían a ser de protección oficial de manera permanente”, ha destacado Vilajoana.
“La vivienda protegida debe repartirse por toda la ciudad”, recuerda el comisionado del Ayuntamiento
“No nos engañemos, el 30% es una carga y debería poderse aplicar de diferentes maneras”,ha añadido el presidente de la APCE, que ha dicho estar de acuerdo “conceptualmente” con la medida, pero no en cómo se ha planteado. “Es evidente que no ha funcionado, pero cuando rectificas cinco veces sobre el mismo error rectificar no es de sabios”, ha advertido. Por ello, ha abogado por hacer una modificación “de una sola vez” y “escuchando al sector porque es el que tiene que llevarla a cabo”.
La monetización del 30% fue propuesta por el alcalde Jaume Collboni en la campaña electoral del 2023 –el sector ya la había pedido– pero a medida que la modificación de la norma va tomando forma –ahora la está negociando con los grupos municipales– han sido otras posibilidades, como poder agrupar la oferta asequible en edificios aunque sean de diferentes promotores o que las grandes rehabilitaciones queden fuera si no suponen un aumento de viviendas o de superficie, las que han concentrado la atención.
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La APCE también ve imprescindible que se tengan en cuenta los costes que el 30% suponen para las promociones de pequeño tamaño. La norma obliga aplicar esta reserva en edificios de más 600 metros cuadrados (400 metros cuadrados en Gràcia), superficies mínimas que la entidad cree que deberían ser mucho mayores porque ahora no les salen los números y, consecuencia, la obra no se hace. “Hay que tener en cuenta las economías de escala –ha recordado Vilajoana– porque no es lo mismo un bloque grande que uno pequeño”.
Aunque ha coincidido con el presidente de la APCE en que el 30% tal y como está no funciona, Riera ha recordado que “hacerlo en la finca debe quedar como una posibilidad, porque en algunos lugares puede ser interesante”. Y la opción de moverlo a otra “debe quedarse en el mismo barrio o en el de al lado”, ha avisado, “evitando que se traslade a zonas donde el sector público ya tiene una posición dominate”. En todo, caso, ha subrayado el comisionado del Ayuntamiento, “la vivienda protegida debe repartirse por toda la ciudad”.
