Propietarios de pisos turísticos alzan la voz

Tienen licencia. Máxima puntuación en las plataformas. Escogen a sus huéspedes y les reciben y atienden personalmente. Siempre pendientes del teléfono, han hecho del alquiler turístico su modus vivendi . “Tenemos licencia y pagamos nuestros impuestos; en su día hicimos una inversión y un plan de futuro y ahora vivimos angustiados”, explica Jesús. La decisión del Ayuntamiento de no renovar las 10.000 licencias turísticas que hay en Barcelona a finales de 2028 para incorporarlas al tensionado parque residencial pone fecha de caducidad a un negocio del que también viven cientos de familias de la ciudad.

Marc heredó el piso de su madre en 2009. Compró la mitad a su hermana y al poco se fue a trabajar a Estados Unidos. Solicitó la licencia turística en 2011 y, a través de una agencia, empezó a alquilar el piso para poder pagarlo (la hipoteca y el crédito que pidió para reformarlo). “Así, podía bloquearlo cuando venía a Barcelona y disponer de él”. 

En 2021 volvió con una baja que le impide seguir trabajando en su sector, el de la restauración. Como el alquiler turístico del piso –90 m2, dos habitaciones y gran terraza muy cerca de la Sagrada Família– iba sobre ruedas, decidió alquilar un estudio para vivir y gestionar él directamente el alquiler turístico. Y así hasta hoy. Tiene 47 años.

“Gestionar el piso, tenerlo todo a punto, atender a los clientes, gestionar las reservas… Si quieres hacerlo bien, tienes que trabajar, ¡y quiero seguir trabajando! Los turistas seguirán viniendo y yo tengo derecho a ganarme la vida, todo es legal y pago los impuestos… es mi trabajo, no estoy especulando”, defiende Marc. Hace lo imposible para mantener en lo más alto la puntuación de su piso. Lo comercializa a través de Airbnb y Booking y asegura que los vecinos no se han quejado. “No quiero ningún problema con ellos, les conozco y me conocen, he vivido allí toda la vida”.

Los propietarios califican la medida de “desproporcionada” y lamentan que no se haya podido negociar

Hace un año, poco después de que el Govern aprobara el decreto ley que permite la extinción de las licencias a finales de 2028, Marc se asoció a Apartur. La entidad, que aúna a propietarios y gestores de apartamentos turísticos, mantiene que la medida no va a resolver la crisis habitacional y ha activado todas las vías de presión y legales para impedir su implantación. “Quería estar informado, saber qué pasaba”, dice.

Jesús es socio desde hace casi diez años. Era promotor hasta que la crisis de 2008 le expulsó del sector. Invirtió sus ahorros en la compra de unos bajos diáfanos que, tras una odisea administrativa y de obras, reconvirtió en tres pisos turísticos. Vendió uno de ellos tras el golpe de la covid y ahora él y su familia viven del alquiler turístico de los dos apartamentos, en el Guinardó.

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“Tratamos a nuestros huéspedes como nos gustaría que nos trataran a nosotros cuando visitamos una ciudad”, mantiene. No alquila por menos de cuatro días -tiene ocupado el 85% del año– y la mayoría de clientes son familias que vienen principalmente de Estados Unidos pero también de China y Japón. Sus dos pisos turísticos tienen entrada independiente desde la calle. “No se cruzan con los vecinos, no utilizan ni el ascensor ni pasan por la portería, igualmente para no molestar también instalamos un sistema de control de ruido”, explica. Otros controlan las entradas y salidas del piso.

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El grupo de whatsapp de propietarios y gestores cuenta con 478 miembros. Cuando el alcalde de Barcelona anunció su intención de no renovar las licencias salía humo. “No se puede tomar una decisión así sin sentarse a hablar con el sector afectado”, mantiene la directora general de Apartur, Marian Muro. La entidad ha triplicado los socios desde ese anuncio que califican de “desproporcionado”. Ahora son unos 600 miembros, “el 80% son pequeños propietarios”, asegura Muro. Estos propietarios y gestores de 7.200 pisos han presentado reclamaciones patrimoniales a la Generalitat por valor de más de 4.200 millones.