Barcelona es una de las ciudades europeas con mayor densidad, cerca de 17.000 personas por kilómetros cuadrados dentro de su municipio. ¿Esto es bueno o malo? Si escuchamos al premio Nobel Paul Krugman y otros economistas que se han dedicado a las ciudades, como Masahisa Fujita y Edward Glaeser, la densidad en las aglomeraciones urbanas es buena porque favorece una mayor productividad, innovación y economías de escala, y, a la vez, es más sostenible con una gestión acertada.
Es cierto que, tal como afirman los expertos antes mencionados, la concentración de actividades económicas y personas permite, entre otras circunstancias, que las industrias se aprovechen de proveedores cercanos y reduzcan costes logísticos. La proximidad también favorece los encuentros entre sectores económicos y la creación de redes profesionales, lo que impulsa el intercambio de conocimiento. La alta densidad urbana también aporta trayectos más cortos en los que se puede prescindir del coche, lo que contribuye a una menor contaminación.
Hay que consolidar un sistema que garantice el derecho de los ciudadanos a no ser expulsados
Sin embargo, la economía de las aglomeraciones urbanas requiere medidas correctoras y controles por parte de las administraciones públicas, ya que los núcleos densos ejercen presión sobre el suelo y encarecen la vivienda generando gentrificación. En Barcelona, la alta densidad en su término municipal contrasta con una muy menor en el conjunto de su extensa región metropolitana, en la que se registra una media de 1.250 habitantes por kilómetro cuadrado, unas 13 veces más baja.
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Los beneficios medioambientales gracias a un transporte eficiente en las zonas centrales densas quedan neutralizados cuando se trata de un territorio metropolitano con poca concentración de población que no cuenta con una amplia red de transporte público que conecta las zonas periféricas, lo que da lugar, entre otros fenómenos, a desplazamientos más largos que incrementan la huella de carbono.
Krugman lo resume al hablar de fuerzas centrípetas, que son las que atraen actividad hacia los núcleos de las aglomeraciones urbanas y generan mayor productividad, y de fuerzas centrífugas, que son las que expulsan a determinados grupos y crean gentrificación a causa de un mercado residencial de elevado coste.
Para evitar este choque, es necesario implantar políticas fiscales, sociales y de gobernanza metropolitana que garanticen los efectos centrípetos positivos y que, a la vez, mantengan la diversidad urbana y la redistribución de los beneficios. Entre estas medidas hay una clara: dar prioridad a la vivienda como derecho y no como activo financiero.
Barcelona tiene todo el potencial a su favor para beneficiarse de la economía asociada a la concentración urbana, pero también para sufrir sus vulnerabilidades centrífugas. Para evitarlo, debe encontrar el modo de consolidar un sistema de aglomeración sostenible y equitativo que garantice el derecho de los ciudadanos a quedarse y no ser expulsados.
