Cientos de personas bloquearon el miércoles por segundo día varios puntos de la capital guatemalteca y algunos departamentos en protesta por la nueva exigencia de tener seguro para vehículo particular, de carga y transporte público.
La Ley de Tránsito suscrita en 1996 creó la obligatoriedad a todo propietario de vehículo de adquirir un seguro de responsabilidad civil para daños a terceros y ocupantes. Sin embargo, durante los últimos siete gobiernos del país no se implementó ninguna reglamentación en la que se sancionara el incumplimiento de la ley.
El gobierno anunció el lunes la reglamentación de todos los seguros para motocicletas, vehículos particulares, vehículos de transporte público y vehículos de carga. Indicó también que, antes de implementar los reglamentos, los sometió a consultas con más de 400 organizaciones interesadas en el tema a lo largo de un año.
Las autoridades señalaron que la decisión de reglamentar el contar con un seguro también obedece a una orden de la Corte de Constitucionalidad de hacerlo.
A pesar de las explicaciones oficiales, manifestantes bloquearon calles y avenidas de la capital guatemalteca el martes y el miércoles, y en algunos departamentos también se bloquearon carreteras. La interrupción del libre tránsito ha causado unos 38 millones de dólares en pérdidas, según empresarios.
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, indicó que, según datos de inteligencia policial recabados en las protestas —a las que en su mayor parte acudieron moticiclistas y taxis piratas—, se han detectado en ellas la presencia de pandilleros y miembros de otros grupos criminales. Por su parte, en redes sociales algunos internautas han publicado fotografias en las que puede verse que las manifestaciones están encabezadas por personas cercanas al partido opositor Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que perdió las elecciones frente al presidente Bernardo Arévalo.
Mientras el gobierno hacía un llamado al díálogo, decenas de personas que protestaban en la zona 1 capitalina lanzaron piedras a polícias, ante lo cual se les respondió con gases lacrimógenos.
En febrero un autobús extraurbano se accidentó en la entrada de la capital, lo que derivó en la muerte de más de 50 personas. La mayoría de los fallecidos eran de escasos recursos. Sus familias les lloraron y la población exigió el pago de indemnizaciones a cuenta del seguro que el vehículo debía tener.
La aseguradora se hizo cargo de las indemnizaciones a pesar de que el piloto del autobús —que también falleció— no tenía la edad permitida para conducir el vehículo, según las clausulas del seguro.
