«El objetivo de esta acción es garantizar el abastecimiento de agua potable de toda la población, de forma sostenible y con la mayor transparencia institucional», detalló Presidencia.
Foto: Presidencia.
Redacción El País
Autoridades de OSE y del consorcio Aguas de Montevideo se reunieron este jueves y firmaron para suspender por 90 días los plazos establecidos en el contrato del proyecto Arazatí.
«El objetivo de esta acción es garantizar el abastecimiento de agua potable de toda la población, de forma sostenible y con la mayor transparencia institucional», detalló Presidencia en un breve comunicado.
Dos semanas atrás, el gobierno ya había resuelto frenar la ejecución del contrato por el proyecto Neptuno, que fue firmado bajo el mandato de Luis Lacalle Pou, por el plazo de 90 días para «renegociar».
Durante el primer Consejo de Ministros se estableció «un grupo de trabajo a los efectos de renegociar dicho contrato porque tenemos una visión crítica del proyecto y algo mucho más importante para el gobierno nacional que tiene que ver con el bien supremo por el cual el Poder Ejecutivo entiende que tiene que trabajar que es garantizar el abastecimiento de agua potable para la población del área metropolitana de aquí al año 2035».
¿Qué es el proyecto Neptuno?
Representantes del gobierno de Luis Lacalle Pou firmaron a finales de enero de 2025 un contrato con el Consorcio Aguas de Montevideo para la puesta en marcha del proyecto Neptuno en Arazatí (San José), para la construcción de una planta potabilizadora que tomaría agua del Río de la Plata para abastecer al área metropolitana y alrededores.
El consorcio, que obtuvo la adjudicación en agosto de 2023, está integrado por las empresas Berkes, Saceem, Ciemsa y FAST.
Tras la firma, Presidencia emitió un comunicado en el que indicó que el contrato permitiría «iniciar las obras del proyecto Arazatí, la inversión más grande de la historia del país en infraestructura para agua potable«.
Foto: Estefanía Leal
«De este manera se culmina un proceso que se inició en noviembre de 2022, cuando el gobierno anunció la realización de la obra para la construcción y operación de un sistema de potabilizacion y abastecimiento de agua potable, que permita tener una fuente alternativa ante problemas técnicos o fenómenos climáticos adversos», indicó entonces Presidencia.
El gobierno de Lacalle Pou agregó entonces que «para dimensionar la importancia y necesidad de esta obra, conviene recordar la histórica crisis hídrica que afectó al país en el 2023 y su impacto en la calidad del agua», y que el proyecto en Arazatí «garantiza un derecho básico a la población que reside en Montevideo y el área metropolitana».
«La obra es un compromiso del gobierno para hacer frente a un problema que se arrastra desde hace décadas, relacionado con la ausencia de una segunda fuente para el suministro de agua potable, para abastecer a más del 60% de la población del país», concluyó el escrito.
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