En el contexto de la “triple crisis planetaria” (cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación), han aumentado los compromisos de los países para acelerar su transición hacia la eliminación de los combustibles fósiles. Como resultado, la demanda de minerales críticos como el litio, el cobre, el cobalto y el níquel se ha disparado, dado que estos son esenciales para potenciar las tecnologías de energías limpias, entre ellas las baterías de los vehículos eléctricos, las turbinas eólicas y los paneles solares.
Para alcanzar los compromisos internacionales, como el Acuerdo de París sobre el cambio climático y los objetivos de triplicar la capacidad de energía renovable para 2030, la extracción de minerales críticos va seguir aumentando de manera exponencial. Surge la pregunta: ¿es posible prevenir los patrones negativos que con frecuencia se han asociado con estas industrias, como la degradación ambiental, el desplazamiento de comunidades o los daños a los derechos humanos?
¿Qué medidas evitarían replicar estos problemas con la minería crítica en la región? En regiones como América Latina, un territorio de importancia estratégica por albergar algunas de las mayores reservas mundiales de litio, cobre, cobalto y níquel, ¿se puede evitar una nueva era de “extractivismo verde”?
La frase “extractivismo verde” es utilizada por activistas y científicos para describir y denunciar lo que se considera un nuevo modo de explotación capitalista, en el que los recursos naturales, la energía renovable y la mano de obra, especialmente en los países del Sur Global, son “extraídos” en beneficio de las empresas, el consumo y los mercados de las zonas más ricas, principalmente en el Norte Global.
El concepto se basa en el término “extractivismo”, que surgió en América Latina a finales del siglo XX y se ha popularizado en las décadas posteriores, describiendo siglos de extracción de recursos en la región —usualmente a expensas de su ambiente, su población y su desarrollo— y de materiales exportados que aportan poco valor a las economías locales. Desde los espacios críticos, se espera que estas tendencias se eviten en una nueva era supuestamente más armoniosa con el planeta y las personas.
Dada la importancia de los recursos minerales de la región, en los últimos dos años el sector de minerales esenciales para energías limpias ha sido el principal receptor de inversión extranjera directa (IED) en América Latina, con un 23% del valor de los proyectos, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, organismo que promueve los intereses de los países en desarrollo en el comercio mundial.
Según el informe Global Critical Minerals Outlook 2024 de la Agencia Internacional de la Energía, se espera que América Latina represente en los próximos años la mayor parte del valor de mercado de los minerales críticos, en términos de producción minera, que se prevé que alcance los 120.000 millones de dólares estadounidenses en 2030. Parece seguro que la inversión en minería crítica en la región seguirá aumentando, aunque es probable que el procesamiento de estos minerales se mantenga fuera de la región: se espera que un 50% de la refinación se concentre en China.
Para los países latinoamericanos, la extracción de estos minerales promete crecimiento económico, pero no sin riesgos, como la débil implementación de regulaciones y la reproducción de patrones extractivistas que limitan el desarrollo tecnológico, los empleos de calidad y la reducción de desigualdades.
La central híbrida de energía solar Requena, en la región peruana de Loreto, cuenta con 8 megavatios de capacidad instalada y 10 megavatios-hora de almacenamiento en baterías de litio. La expansión mundial de las tecnologías solares y de baterías se encuentra entre los factores vinculados al aumento de la demanda de minerales como el litio (Imagen: Presidencia Perú, CC BY NC SA)
En América Latina y en otras regiones, las industrias extractivas están históricamente asociadas a violaciones de derechos humanos y graves impactos ambientales. Los desplazamientos de comunidades, la falta de consultas adecuadas y la conflictividad socioambiental son comunes en la región. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) documenta 284 conflictos, siendo México, Perú y Chile los países más afectados.
Los impactos ambientales relacionados con las actividades mineras incluyen diversos tipos de contaminación como química, atmosférica, acústica y lumínica, inestabilidad del suelo y cambios irremediables en el paisaje. La gran demanda de agua de la industria también ha supuesto en ocasiones una carga para el ambiente local y las comunidades que lo habitan. Desastres como el derrame en el río Sonora en México en 2014 y los rompimientos de presas de jales en Brasil en Mariana en 2015 y Brumadinho en 2019 son solo algunos de los incidentes más destacados.
La falta de transparencia y los casos de corrupción en proyectos extractivos también se han puesto de relieve como retos importantes, incluso en torno a las inversiones chinas en la región. La sociedad civil ha documentado estos impactos negativos en el ambiente, los derechos indígenas, laborales y de libre asociación.
Paneles, principios y diligencia debida
Frente a este contexto, ¿qué acciones se podrían implementar para asegurar que no se repitan los mismos patrones históricos en la extracción de minerales?
Por una parte, el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha establecido en abril de 2024 un Panel sobre Minerales Críticos para la Transición Energética, con el fin de asegurar una transición justa y sostenible que beneficie a todos los países y comunidades que poseen estos minerales. Como primer paso, este panel conformado por gobiernos, organismos internacionales, empresas y representantes de sociedad civil, realizó un informe donde propone siete principios voluntarios.
Principios sobre los minerales críticos para la transición energética
- Principio 1: los derechos humanos deben estar al centro de toda la cadena de valor mineral.
- Principio 2: La integridad del planeta, el ambiente y la biodiversidad debe ser salvaguardada.
- Principio 3: La justicia y la equidad deben ser la base de la cadena de valor mineral.
- Principio 4: El desarrollo debe ser promovido a través de beneficios compartidos, valor agregado y la diversificación económica.
- Principio 5: Las inversiones, las finanzas y el comercio deben ser responsables y justas.
- Principio 6: Las medidas para la transparencia, rendición de cuentas y anti-corrupción son necesarias para asegurar una buena gobernanza.
- Principio 7: La cooperación multilateral e internacional debe estar en la base de la acción global para promover la paz y la seguridad.
Además, el Panel ha recomendado algunas acciones concretas a ser implementadas por diferentes grupos, desde la creación de un fondo y asegurar los flujos financieros —el Global Mining Legacy Fund—, hasta el diseño de estrategias de circularidad, eficiencia de los materiales y reducción del consumo para mitigar impactos.
El citado informe, aunque de reciente publicación, constituye un paso importante para llamar la atención sobre algunas cuestiones clave a colocar en el centro de la extracción de minerales críticos para la transición energética, como los derechos humanos, el ambiente, la transparencia, el desarrollo y las inversiones responsables.
Por otro lado, los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PRNU), adoptados en 2011, establecen un marco fundamental para prevenir los impactos negativos de las actividades empresariales sobre los derechos humanos. Definen las obligaciones de los Estados para proteger estos derechos, las responsabilidades de las empresas de respetarlos en sus operaciones y cadenas de valor, y los mecanismos de remediación en caso de daños. Estos principios se han aplicado en debates sobre la transición energética y el cambio climático, especialmente en relación con las industrias extractivas, instando a las empresas a implementar procesos de debida diligencia para identificar, prevenir y mitigar impactos adversos, y a los Estados a regular y hacer obligatorios estos procesos.
Varios países europeos, como Francia, los Países Bajos o Alemania, han desarrollado leyes obligatorias de diligencia debida en materia de derechos humanos que exigen a las empresas que lleven a cabo evaluaciones de riesgos y apliquen medidas preventivas. Cabe destacar que, en 2024, la Unión Europea adoptó una Directiva de Sostenibilidad Corporativa y Diligencia Debida (CSDDD, por sus siglas en inglés), que regula los procesos de prevención de riesgos medioambientales y de derechos humanos por parte de las empresas y se aplica a los 27 Estados miembros.
Aunque no sin sus defectos, este fue un paso muy importante para exigir a las empresas europeas que tengan control sobre sus cadenas de valor y pedir a los proveedores, incluso en América Latina, que cumplan con los derechos humanos y las normas ambientales. Desafortunadamente, en febrero la UE ha presentado una propuesta general para fusionar y simplificar la CSDDD con otras dos directivas, diluyendo así algunos requisitos y eliminando las responsabilidades legales de las empresas. Esto es un paso atrás y no está alineado con los PRNU. Debemos observar la evolución de esta directiva en los meses siguientes.
Al mismo tiempo, en algunos países de América Latina como Brasil, Chile, Colombia o México, se están empezando a debatir propuestas legislativas para la debida diligencia obligatoria en materia de derechos humanos.
Dado que sus empresas son importantes inversores y compradores de minerales latinoamericanos, y como actor dominante en el procesamiento de minerales críticos, la respuesta de China a estas preguntas también es importante. Sin embargo, el gobierno chino no tiene propuestas concretas sobre la materia hasta la fecha, aunque dedica una sección al tema de empresas y derechos humanos en su Plan de Acción de Derechos Humanos 2021-25.
En este plan, afirma que promoverá una conducta empresarial responsable en las cadenas de suministro mundiales y que ”alentará a las empresas chinas a apegarse a los PRNU en su comercio e inversión exterior, a conducirse con debida diligencia en derechos humanos y a cumplir con su responsabilidad social de respetar y promover los derechos humanos”. Mientras tanto, los organismos mineros chinos han anunciado sus propias iniciativas para mejorar la rendición de cuentas en las inversiones en el extranjero.
La implementación de acciones concretas guiadas por los PRNU y los principios del Panel sobre Minerales Críticos para la Transición Energética será clave. Allí, juegan un rol fundamental no solo los gobiernos, sino también las empresas y entidades financieras, y la sociedad civil organizada. Si bien estos son solo dos ejemplos de muchos que buscan abordar el tema de los impactos negativos de las industrias extractivas, dan cuenta de la centralidad que está adquiriendo la cuestión de la prevención en el debate internacional. La identificación de riesgos sobre los derechos humanos y el ambiente en el contexto de los esfuerzos para la transición energética es una demanda en crecimiento.
Esto otorga una oportunidad interesante a los gobiernos latinoamericanos de regular los requisitos que impondrá a las empresas extractivas que buscan explotar minerales críticos. Las expectativas claras brindarán una cancha nivelada y permitirán que nuestros países no solo sean más competitivos sino que puedan tener mejores herramientas para asegurar que atraen inversiones de calidad, en apego a los mejores estándares.
Allí es donde las inversiones chinas juegan como un arma de doble filo. Por un lado, podrían contribuir a mejorar la infraestructura y la transferencia de tecnología, en beneficio de ambas partes, algo que los países pueden tratar de obtener de empresas a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China o, en menor medida hasta la fecha, de la iniciativa Global Gateway de la UE. Pero siguen existiendo dudas sobre las garantías y los compromisos de tales beneficios, así como sobre los mecanismos para evitar riesgos e impactos negativos, ya que las inversiones chinas en particular han atraído un escrutinio en la región durante la última década.
Las personas al centro
Es crucial que las personas estén en el centro de las soluciones. En un contexto donde la riqueza de América Latina y el Caribe abre nuevas oportunidades económicas, debemos preguntarnos si los gobiernos aprovecharán esta oportunidad para proteger a las personas y sus territorios, garantizando los derechos humanos, asegurando resultados justos, empleos decentes y reduciendo las desigualdades, o si permitirán inversiones sin las debidas salvaguardas.
La misma pregunta se aplica a las empresas: ¿serán capaces de incorporar la prevención de daños a los derechos humanos en su modelo de negocios, o seguirán viéndolos como externalidades? ¿Podrán generar ganancias respetando principios de conducta empresarial responsable?
Solo poniendo a las personas más vulnerables en el centro podremos evitar los daños históricos de las actividades extractivas
Una combinación de estrategias, que incluya la presión de la sociedad civil, la implementación de obligaciones internacionales, el apoyo de accionistas comprometidos con la sostenibilidad y un actuar concertado entre los gobiernos, podría ser clave para avanzar. Solo poniendo a las personas más vulnerables en el centro y colaborando con el sector público y privado podremos evitar los daños históricos de las actividades extractivas y evitar un falso “extractivismo verde”.
En el contexto político actual, las posibilidades de que surjan nuevos modelos de extracción que respeten los derechos y no perpetúen los mismos patrones problemáticos parecen escasas. El impulso a la desregulación y la presión ejercida sobre los países latinoamericanos, en particular por la nueva administración de Estados Unidos, probablemente erosionen la capacidad de los gobiernos de la región para mantenerse firmes en lo que respecta a la protección de los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales.
Pero a pesar de los tiempos desalentadores, hay esperanza en la resistencia, sobre todo cuando observamos los movimientos sociales y las acciones de las comunidades locales. Las nuevas generaciones exigen a sus gobiernos medidas urgentes contra la crisis climática, y también exigen que se respeten los derechos de los grupos más vulnerables. Los liderazgos de los sectores público y privado de América Latina y el Caribe tienen la oportunidad de hacer frente a los desafíos y superar los discursos dañinos, con el fin de establecer reglas claras para las industrias estratégicas relacionadas con la transición energética, y así dar lugar a una transición realmente justa.
América Latina tiene en sus manos la oportunidad de atraer más inversiones, pero inversiones de calidad, para capitalizar su posición estratégica y establecer estándares que aporten los mejores resultados a su población.
En palabras del secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres: “En la medida en que rediseñamos cómo damos energía a nuestras sociedades y economías, no podemos reemplazar una industria extractiva sucia y explotadora por otra industria extractiva sucia y explotadora. El camino hacia emisiones cero no puede pasarle por encima a las personas más pobres”.
