Punitivismo para la juventud, la política de mano dura de Kicillof en PBA

La apuesta de Milei y Kiciloff para las elecciones 2025: mano dura para la juventud

Si bien la inseguridad es un tema sensible para la opinión pública y la derecha se juega a instalar una agenda reaccionaria, las estadísticas oficiales muestran que Argentina tiene la tasa de homicidios más baja de Sudamérica. Un informe preliminar del Sistema Nacional de Información Criminal, difundido por el Gobierno en enero pasado, detalla que el país sufrió cuatro homicidios cada 100.000 habitantes en 2024, lejos de los asesinatos registrados en otras naciones de la región como Ecuador (38 casos), Colombia (26) o Brasil (21).

Sin embargo, la oleada reaccionaria que aumenta con el accionar del gobierno nacional encabezado por Javier Milei y Patricia Bullrich en el transcurso de este año electoral y en vísperas de un nuevo acuerdo con el FMl muestra el peor rostro de los partidos mayoritarios del régimen democrático burgués. Y en la misma sintonía, la oposición peronista encabezada por el actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff muestra sus primeras cartas de cara a las próximas elecciones en este 2025.
En las últimas semanas se conoció la noticia de la brutal decisión de encerrar en Institutos de Menores a 101 niños y adolescentes no punibles [1]

esta cifra no registra antecedente alguno – y ante una situación de disputas políticas en el seno del Organismo de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, aquellos jóvenes con 18 años o más que se encontraban alojados en los distintos dispositivos pertenecientes a dicho organismo, están siendo trasladados a cárceles de adultos.

Distintas políticas de control social y criminalización a la juventud continuaron durante todos esos años y algunas se han profundizado sobre todo en las zonas más golpeadas por la crisis económica y social. En un país donde siete de cada diez niños, niñas y adolescentes son pobres, se suma una política represiva que tiene alcances insospechados.

Ya en los debates presidenciales en vísperas de las elecciones nacionales, se mostró un acuerdo explícito de los principales candidatos ejecutivos (salvo Myriam Bregman, candidata por el FIT-U) con la idea de bajar la edad de imputabilidad. Cuando estadísticamente se sabe que los delitos cometidos por menores de 16 años son insignificantes, y mayormente son contra la propiedad privada. Algunas estadísticas hablan del 2% y otras estadísticas dan cuenta que el 3% del total de delitos cometidos en el país son realizados por niños, niñas y adolescentes [2]

En la provincia de Buenos Aires, los institutos para menores de edad con causas penales dependen del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, y no del Servicio Penitenciario Bonaerense, como en el caso de los adultos. Bajo ese ministerio funciona el Organismo de Niñez y Adolescencia, a cargo de toda la política de niñez, tanto la asistencial como la penal. De esta manera, los institutos penales están bajo la órbita de la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil.

La provincia de Buenos Aires alberga en su territorio un total de 49 centros, que se dividen entre Socioeducativo de Privación de Libertad Ambulatoria, Socioeducativo de Contención y de Referencia Territorial.

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Lejos de diferenciarse del oficialismo, el aroma a campaña electoral ya presenta acciones concretas en la provincia de Axel Kicillof, que no escatima recursos para fortalecer el aparato represivo del Estado. El ministro de Axel Kicillof, Carlos Bianco detalló los logros del Gobierno de la Provincia en materia penitenciaria: “Desde que asumimos, construimos 7122 nuevas plazas y seguimos ampliando el servicio penitenciario con otras 6 alcaidías y 2 unidades penitenciarias”.

Como vemos, hay una firme decisión del ente provincial de construir más dispositivos de encierro como Alcaldías para continuar firmemente con una política punitivista. En el marco de la discusión alrededor de la “peligrosidad” de los jóvenes, con la insistencia en la baja de imputabilidad, que vulneraría diversos tratados y acuerdos internacionales relacionados con los derechos de las niñeces y juventudes, el peronismo no tiene ningún tipo de problemas en satisfacer las demandas de los sectores más reaccionarios.
La caja del Estado escatima dinero para Salud y Educación pública, e incluso al gobernador no le tiembla el pulso para descontar a los docentes que deciden hacer paro por la profunda precarización del sistema educativo, pero dinero para crear dispositivos de encierro y llenar las calles de patrulleros para perseguir a la juventud, sobra.

Salidas coercitivas y represivas o inclusión integral.

Ante esta situación se debe cambiar la discusión política en torno a la problemática alrededor de las niñeces y juventudes que intentan instalar los sectores más conservadores que tropiezan nuevamente con la misma piedra, repitiendo viejos errores y soluciones que son conocidas y no van a resolver ningún problema, bajando la edad de imputabilidad o metiendo a más niños en el sistema penal juvenil, se debe poner el foco en un debate normativo más amplio, partiendo de que los sujetos en cuestión no están a la par con nosotros, motivo por el cual los derechos internacionales han decidido darles otras posibilidades aún cuando cometen delitos en una sociedad con un sistema que crea y aumenta la desigualdad social.

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No se trata sólo de la garantía de los derechos de defensa lo que está en discusión sino que como se trata de sujetos que son esencialmente vulnerables por su minoría de edad y que además tienen una sucesión de vulnerabilidades por su origen socioeconómico y por acción directa del Estado; su género y por muchos otros factores, cuando el Estado tiene que decidir qué es lo que tiene que hacer, tiene que concentrar su actividad en la garantía de derechos de protección que eviten que esos chicos ingresen al sistema penal, porque lo que el mismo Estado genera, luego lo pretende castigar de la peor manera.

Si se reduce sólo a bajar las edades para castigar, es una conversación sólo en términos penales punitivistas, estrictamente en relación a los derechos de defensa, pero si se incluye a los derechos internacionales de Derechos Humanos y lo que los organismos han pronunciado, se suma al debate todo un universo de normas y obligaciones estatales, donde la discusión inevitablemente debe centrarse en el rol de clase del Estado, que tienen que ver con deberes de prestaciones y deberes de protección especial -que el Estado no cumple- para sujetos con competencia relativa (los más chicos son incompetentes, los adolescentes tienen competencia relativa), por eso son sujetos vulnerables, por eso no pueden responder autónomamente por el delito que cometieron como si fueran adultos.

Un futuro para la juventud

En la provincia de Buenos Aires los últimos datos del INDEC muestran que la pobreza es del 42%. Tengamos en cuenta que el cuestionado organismo utiliza deliberadamente canastas de consumo de hace 20años que subestiman el dato. Junto a esto debemos problematizar que el ajuste pedido por el FMI viene empeorando las condiciones de vida de los jóvenes y las familias trabajadoras en el conurbano, algo que no es novedad para los partidos políticos del régimen que se desentienden de lo que ellos mismos generan.

Por eso debemos pensar ¿A quién le conviene el negocio de la inseguridad y la criminalización de los jóvenes?. Estamos ante un grave problema que requiere respuestas contundentes. El Estado no garantiza «derechos mínimos a la salud, educación, vivienda, trabajo» y además cuando ese mismo sujeto con derechos vulnerados comete un delito, «lo sigue castigando con todo el peso de la ley».

Bajar la edad de punibilidad a los 13 o 10 años como propone Milei hoy en la Argentina del millón y medio de pibes que no comen y del 52,9% de la población en la pobreza, es de una crueldad impensada. No se necesitan más cárceles, se necesitan escuelas, hospitales, centros de deporte, culturales, dispositivos que den respuestas reales a sus necesidades.