Lo vio por el rabillo del ojo, cuando ya lo tenía encima. “Yo salía de sevillanas, iba por la calle con las compañeras, teníamos cena de Navidad. Ocurrió muy rápido. Había un tipo sentado en el suelo y ni siquiera lo vi levantarse. Sin mediar palabra, me golpeó en toda la nariz con un móvil que llevaba en la mano”, recuerda Eva C., vecina de Mollet del Vallès, de 57 años. “Empecé a sangrar. Mis amigas gritaban. Él se tocaba las partes íntimas y nos decía: ‘Putas, es que sois unas putas’. Y que nos iba a follar y no sé qué. Me acuerdo poco, estaba muy aturdida. Salió la gente de las tiendas de la zona, le tiraron al suelo, a golpes. Estaban indignados. Ya le habían visto atacar a otras mujeres”.
Su agresor, en efecto, era de sobras conocido por las autoridades municipales. Se trata de C.N.S., un treintañero de origen rumano con problemas de salud mental, alcoholismo y drogodependencia, y que entre 2022 y 2024 se convirtió en un problema de seguridad pública al protagonizar una quincena de agresiones indiscriminadas. La mayoría contra mujeres y niños. Los primeros conflictos con la policía se remontan al 2011.
Entre 2022 y 2024 C.N.S. protagonizó una quincena de agresiones indiscriminadas en Mollet: un problema de seguridad pública
El caso condensa la impotencia que a menudo sienten los ayuntamientos por sus limitados instrumentos para resolver conflictos de convivencia, dice la alcaldesa, la socialista Mireia Dionisio.
Este espinoso expediente ha llevado a su Ayuntamiento a desarrollar un protocolo, aprobado hace pocos días, que debe servir de base para afrontar este tipo de situaciones, y que quieren ofrecer a cualquier gobierno local.
Es un “protocolo de acompañamiento judicial y administrativo a las personas afectadas por delitos, conflictos de convivencia, actos incívicos o molestias graves”. “Tenemos la obligación de hacer algo en defensa del interés general”, afirma Begoña Ballvé, directora de los servicios jurídicos de Mollet.
C.N.S. está actualmente en prisión provisional, imputado por la agresión sexual a una menor en febrero del 2024. A la espera del juicio, el Ayuntamiento exprime sus herramientas legales para impedir que vuelva a salir en libertad una vez cumpla la pena. El objetivo es conseguir que sea incapacitado y enviado a un centro tutelado, donde podrá recibir el tratamiento que necesita y que el hombre abandona en cuanto vuelve a la calle, razona Dionisio.
No es fácil. El Consistorio ha visto rechazadas todas sus peticiones de personarse en las causas penales en las que está implicado el sujeto, y también de que estas sean acumuladas y no juzgadas por separado. El departamento de servicios jurídicos no ha tirado la toalla y ha seguido enviando múltiples informes de servicios sociales y de la policía municipal al fiscal para convencerle de que pida la incapacitación del reincidente. En mayo, en la última vista, C.N.S. rechazó hacerlo de forma voluntaria.
Desde enero del 2022 y hasta su detención en febrero del 2024, la policía municipal registró un total de 67 actuaciones en las que estaba implicado: avisos por embriaguez, molestias, peleas y una quincena de agresiones de distinta consideración.
La herramienta nace después de 13 años de conflictos con un hombre que se niega a recibir ayuda
Desde pegar una patada a los patinetes de dos niñas en la calle o romper el escaparate de una tienda donde se refugió una chica a la que molestaba, a otras más graves como el puñetazo a Eva, ocurrido el 20 de diciembre del 2022.
Casi todas las víctimas rechazaron denunciar y las que lo hicieron vieron en su mayoría cómo se resolvía judicialmente como un delito leve de lesiones. Fue el caso de Eva. El juicio se celebró al día siguiente, en el juzgado de instrucción 5 de Mollet. “Un sin sentido”, resume ella. C.N.S. fue condenado a una multa de 3 euros diarios durante 40 días y a una indemnización a la víctima de 175 euros por daños y perjuicios, que nunca pagó. El juez también impuso una orden de alejamiento. Eva siguió cruzándose durante meses con él en supermercados y en la calle. Tres días después del puñetazo, C.N.S. atacó a una vecina de 79 años: la tiró al suelo y le rompió el brazo.
Hubo una protesta ante los juzgados, convocada por las víctimas. El Ayuntamiento envió una carta al juzgado decano de Mollet y otra a la fiscalía de Granollers, solicitando personarse en todas las causas penales en las que estuviera implicado este individuo, así como que los procedimientos fueran acumulados “para la mejor defensa de las víctimas”. “Dado el tamaño de la ciudad, el comportamiento del señor C.N.S. está causando una grave alarma social, en perjuicio de toda la ciudadanía de Mollet del Vallès y en particular del Ayuntamiento –argumentaba el escrito–. El Consistorio se ve en la necesidad de pedir auxilio judicial a fin de que se tomen las medidas de seguridad necesarias para evitar que siga siendo un peligro para los habitantes de esta ciudad, y en especial para las mujeres y niñas”.
El Consistorio ha visto rechazadas todas sus peticiones de personarse en las causas penales, y también de que estas sean acumuladas y no juzgadas por separado
Había que actuar rápido para evitar que la situación se desbordara, asegura Dionisio, que recuerda que comenzaban a circular llamamientos en las redes de ciudadanos indignados que querían resolver la situación con sus propios métodos. “Lo conseguimos parar, con mucha pedagogía. Contactando directamente a las víctimas y sus familias, asegurándoles que no nos quedaríamos de brazos cruzados y pidiendo calma”, explica la alcaldesa.
Las opciones de ayuda
A finales del 2022, C.N.S. fue detenido y conducido a la unidad psiquiátrica del hospital de Granollers, donde estuvo ingresado un mes. Pero tras el alta, volvieron los problemas. El 26 de junio del 2023, después de varios incidentes, el ayuntamiento remitió a la fiscalía de Granollers un informe, que explica que C.N.S. se niega a recibir asistencia de servicios sociales o del centro de atención y seguimiento a las adicciones, y que ha sido detenido nuevamente por masturbarse delante de una niña de dos años con discapacidad.
“A veces hay gente que simplemente no quiere ayuda, y todo queda en tierra de nadie. Una situación que se nos escapa, está por encima de lo que los servicios sociales podemos hacer”, remarca Lola Gallego, directora de Serveis Socials de Mollet. En paralelo, se intentaron otras soluciones. El departamento de Mediación de la policía municipal ofreció a C.N.S. pagarle un billete de vuelta a su país, donde tiene familia, pero aunque el joven dijo inicialmente que aceptaba, no se presentó a la cita. Barcelona aplicó esta medida en el 2021 con una joven mexicana que vivía en la calle.
“Hay una incongruencia entre cómo te ve la ley y cómo te ven los vecinos, que no entienden que les digas que el Código Penal o no sé qué ley no nos permite hacer nada. Tienes una persona descontrolada, porque un día hace una cosa pero no sabes qué puede hacer al siguiente. Los vecinos acuden al alcalde a pedir que dé respuesta. Pero la ley no te deja”, lamenta Dionisio.
En noviembre del 2019, un acuerdo de la Audiencia Provincial de Barcelona estableció que las personas jurídicas públicas solo se podrían personar con una “habilitación expresa con rango de ley que delimite objetiva y subjetivamente el ejercicio de la acción penal, sin que se acepte una mera conexión entre el delito y el ejercicio de competencias atribuidas al ente público”. De ahí que el municipio no puede ejercer la acusación ni pedir medidas.
“Los vecinos acuden a pedir que dé respuesta. Pero la ley no te deja”, explica la alcaldesa de la ciudad
La única posibilidad, explica José Francisco Muñoz, jefe de la policía municipal, es trabajar “de forma transversal” desde todos los departamentos municipales. “Trabajamos conjuntamente y coordinados todos los servicios públicos. Analizamos la situación y exploramos vías de solución”, señala.
“Preparamos un expediente y nos personamos como parte interesada en el juzgado. Apelando a la convivencia, a la conflictividad vecinal y la seguridad ciudadana, recopilamos antecedentes, e intentamos demostrar la necesidad que tiene esta persona de ser atendida por su seguridad y salud, necesitamos que permitan hacer una valoración profesional médica forzosa, involuntaria, para que la persona reciba una valoración, pronóstico y tratamiento necesario”.
Una de las abogadas de oficio que asistió a C.N.S recuerda vagamente a su cliente, uno más en la asistencia gratuita. “Apenas tuve trato con él, de manera que no conozco sus circunstancias”. El Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers, encargado del turno de oficio de Mollet, alega que “por protección de datos” no puede facilitar siquiera qué otros abogados estaban de guardia en los días que C.N.S. fue detenido.
