Ya pasaron más de dos meses de la muerte de la enfermera Mabel Ivana Castro, atropellada el 4 de junio último mientras caminaba por la banquina de la ruta E-53, a la altura de Salsipuedes. Fue chocada violentamente por una camioneta Chevrolet Tracker conducida por una mujer de apellido Ortiz, quien recién frenó a 200 metros del siniestro. Según versiones, esta conductora ahora imputada por el homicidio culposo, habría estado tiempo atrás bajo un tratamiento psiquiátrico y por eso persisten las dudas sobre su capacidad para el manejo en el momento del hecho, y si estaba o no habilitada para poder conducir. A la investigación de lo ocurrido la está llevando adelante la fiscal Liliana Copello, quien ordenó las pericias correspondientes, sin resultados por el momento. La abogada querellante, Marina Romano, no ha recibido ninguna notificación sobre alguna medida dispuesta por la fiscal.
Mabel Castro, madre de cuatro hijos -el menor de sólo 7 años- caminaba habitualmente por el lugar donde fue impactada, al costado izquierdo de la calle. La tragedia ha golpeado muy duro en la familia y en la gente que la conocía y la quería, porque se trató de un choque difícil de entender y de aceptar. Ella había salido de un trabajo y estaba haciendo una caminata recreativa antes de ir a cuidar a una anciana. Pero además era la hora de la siesta de un miércoles climáticamente despejado y con buena visibilidad. Mabel falleció en el acto por las graves heridas que sufrió y una hipótesis es que tal vez la imputada haya manejado “distraída” y por la banquina varios metros antes del choque. Al menos por ahora, y de parte de la acusada, no hubo ninguna explicación ni pedido de disculpas.
Mabel Castro sólo tenía 48 años y una vida feliz. Sin embargo, un siniestro vial se la llevó para siempre. Aquí abajo, queda el tremendo dolor de sus hijos, padres, hermana, familiares y amigos, quienes al menos por el momento no saben casi nada de la tragedia. Por eso se movilizan y piden justicia y saber…¿Qué pasó?
Barril sin fondo
Era diciembre del año 2009 cuando el titular de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo de ese momento, Juan González Gaviola, llegó repentinamente a nuestra ciudad para presentar una denuncia “bomba” por estafas millonarias a varias ART. De inmediato, los fiscales Enrique Gavier y Mariano Antuña iniciaron la investigación y rápidamente surgió una que involucraba a médicos, abogados y a un millar de trabajadores municipales, que en la mayoría de los casos se prestaron para demandar por enfermedades que no sufrían (lumbalgias, sorderas, dolencias cervicales, etc), pero que fueron reclamadas mediante certificados falsificados, y con arreglos extrajudiciales que de un modo u otro se terminaron haciendo con importantes réditos para los participantes y el consecuente perjuicio a dos aseguradoras. Aquella olla se destapó porque Córdoba era y por bastante, la provincia con mayor litigiosidad y costo laboral del país.
Pero además, esa primera denuncia se convirtió lentamente en una caja de pandora de la que empezaron a salir infinidad de casos y nombres y estafas que a todas luces se configuraban en asociaciones ilícitas. Lo cierto es que a la complejidad de los casos, y tras los pedidos de elevación a juicio, aparecieron algunas dilaciones llamativas que demoraron los procesos. Es así que recién en el año 2019, la Cámara Novena del Crimen pudo condenar a cuatro abogados y tres médicos por fraudes a la ART Provincia (de Buenos Aires). Aquel juicio marcó el final de la primera de las causas surgidas 10 años antes. Como ha sucedido con otras megacausas, en la continuidad histórica, hace un par de semanas comenzó otro juicio de esta misma saga, en la Cámara Décima del Crimen, que se extenderá posiblemente hasta fin de año. En este caso las ART damnificadas son Mapfre, Consolidar y Liberty por 298 estafas, según las pruebas de la acusación. Los imputados son trece: los abogados Luciano Cafure, Carlos Ardanaz, Sebastián Lanza Castelli, Alejandro López Dauría, Mónica y Emiliano Pérez Elorrieta; los médicos Ariel Ayub, Daniel Cattapan, Sergio Locícero, Daniel Nates, María Torres Mariano y Oscar Visconti, y el civil Diego Flores Ahumada. Los reclamos provenían mayormente de trabajadores del ex frigorífico Estancias del Sur, de la empresa Montich y de los ingenios azucareros tucumanos Konavle y Azucarera del Sur. Desde las defensas, esgrimen entre otros argumentos, que a las homologacionesde los acuerdos las hicieron jueces laborales de conciliación, aparentemente también engañados por la documentación trucha que no advirtieron a tiempo.
Como bien lo expresa el dicho Más vale tarde que nunca, las estafas a las ART están siendo juzgadas, a pesar de los contratiempos, y aunque parezcan ser un barril sin fondo.
