Un nuevo escándalo sacude a la cúpula de la Policía de Córdoba. Una serie de once allanamientos en la capital provincial, Unquillo, La Calera y Cosquín culminó con la detención de siete personas, entre ellas seis uniformados de alto rango y un civil. Los procedimientos buscaron evidencia sobre una presunta organización delictiva que operaba desde dentro de la fuerza.
El jefe de la Policía Caminera, comisario general Maximiliano Ochoa Roldán, fue detenido como el presunto líder de una red criminal. La orden judicial, emitida por el fiscal Guillermo González, lo imputa por una serie de graves delitos.
Según la acusación formal, Ochoa Roldán enfrenta cargos por coacción, extorsión, asociación ilícita en calidad de jefe, peculado de servicios, enriquecimiento ilícito y encubrimiento por omisión de denuncia. La investigación sostiene que utilizaba su posición jerárquica para coordinar una estructura dedicada a negociaciones ilegítimas y a la coacción de personas.
La redada no se limitó al titular de la Caminera. La orden de detención alcanzó a otros miembros de la fuerza y a civiles que presuntamente colaboraban con la organización. Los otros detenidos son:
La investigación del fiscal González apunta a un modus operandi específico que aprovechaba las estructuras del Estado para beneficios privados. La hipótesis principal es que los sospechosos, en su mayoría efectivos policiales con título de abogado, accedían a información confidencial del sistema policial.
Estos datos reservados, como antecedentes penales y planillas de prontuario, eran utilizados para extorsionar y coaccionar a personas. La información les otorgaba una ventaja indebida en sus actividades particulares como abogados, lo que les permitía realizar cobros extrajudiciales, fijar honorarios y llevar adelante negociaciones paralelas en connivencia con otros letrados.
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se refirió al caso y explicó la dificultad para detectar la maniobra desde el control interno. “La maniobra que se investiga no se podía detectar desde el seno de la fuerza de seguridad porque las acciones [delictivas] no se cometían en funciones, sino en sus actividades privadas como abogados”, afirmó el funcionario.
El fiscal Guillermo González expresó que la acusación por enriquecimiento ilícito se fundamenta en el cobro de dinero en litigios que se veían directamente favorecidos por el acceso a información privilegiada. Según el fiscal, esto “generaba una competencia desigual con otros profesionales y les otorgaba una ventaja también con las otras partes, enfrentadas en un proceso”.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
