Walter Bento, ex juez federal de Mendoza con competencia electoral, recibió una pena sin precedentes: 18 años de prisión por corrupción. Su nombre integra la lista de los magistrados destituidos que terminaron afrontando un proceso penal. Actualmente, en el Consejo de la Magistratura existen 260 expedientes originados por denuncias contra jueces y juezas. Más del 66% son el último año. El número podría ser aún mayor, sin embargo, en octubre de 2025 otras 176 denuncias fueron archivadas, en gran medida por falta de tratamiento.
¿Quién investiga a los magistrados cuando cometen un delito? Respecto de los jueces federales y nacionales, el organismo responsable es el Consejo de la Magistratura de la Nación, cuya conducción está a cargo de Horacio Rosatti, también presidente de la Corte Suprema de Justicia.
El organismo no sólo se ocupa de designar a los jueces y juezas, sino también de realizar la correspondiente pesquisa cuando son señalados por mal desempeño de sus funciones.
En el Consejo se acumularon 205 denuncias contra jueces y juezas, en su mayoría federales. Aquellos que investigan corrupción, lavado de dinero y narcotráfico.
Pero si miramos el número global, son 260 en total los expedientes originados por denuncias contra magistrados que aún se encuentran vigentes con sospechas formuladas sobre el accionar de los jueces y juezas, principalmente en los expedientes que ellos condujeron.
Las denuncias que se presentan ante el Consejo de la Magistratura se distribuyen en dos comisiones: la de Acusación y la de Disciplina.
De las 260 denuncias contra jueces que están vigentes, “una buena parte fueron presentadas por alguno de los litigantes, por estar desconformes con el contenido de la sentencia o la decisión del juez al que denuncia”, indicaron fuentes judiciales a Clarín.
Las denuncias que siguen abiertas están distribuidas de la siguiente manera: 36 tramitan en la Comisión de Acusación, 205 tramitan en la Comisión de Disciplina. Otras 14 denuncias recientemente ingresadas están pendientes de asignación y 5 en trámite en el Plenario, que es donde finalmente se vota la destitución o la sanción según la gravedad del caso y dónde tramitó el mismo.
La principal diferencia entre las dos comisiones que receptan las denuncias, básicamente, radica en la gravedad de la falta y el destino del magistrado: la Comisión de Disciplina investiga conductas y aplica sanciones leves (apercibimientos, multas) por faltas menores, «por ejemplo faltas al deber de cortesía, demoras injustificadas”, señalaron fuentes judiciales.
En cambio, la Comisión de Acusación formula cargos graves que pueden llevar a la remoción del juez ante un Jurado de Enjuiciamiento. Interviene cuando se denuncian faltas muy graves como el mal desempeño, la comisión de delitos, el desorden de conducta. “Su función es instruir el sumario, formular la acusación formal y elevar el caso al Jurado de Enjuiciamiento para buscar la remoción del cargo”, indicaron.
Si se analiza la antigüedad de la mayor cantidad denuncias que permanecen vigentes en el Consejo, el detalle indica que de las 205 que se tramitan en la Comisión de Disciplina un 66 % tienen menos de un año, 22% tienen dos años, y sólo el 12 % tienen más de dos años y menos de tres.
“Esto indica que la mayoría del stock es de denuncias relativamente nuevas”, especificó una fuente que conoce de cerca el trámite de las denuncias.
Pero, junto con esos números, conviven otros. En octubre pasado, 176 expedientes fueron archivados. De ese número global 58 caducaron al cumplirse el plazo que establece el reglamento, es decir: durante tres años el expediente no tuvo ningún tipo de tratamiento y eso deviene en el cierre sin la revisión de los hechos denunciados.
Un total de 49 denuncias estaban radicadas en la Comisión de Disciplina y 9 en la Comisión de Acusación.
Los archivos adicionales fueron resultado del plenario que desestimó 57 denuncias in límine y otras 61 fueron cerradas después de producida la prueba consideraron que no había elementos suficientes para sostener las denuncias.
Jueces destituidos
Las últimas noticias colocaron en el centro de la escena al ex juez federal Walter Bento con una pena de 18 años por corrupción. Bento había sido destituido en noviembre de 2023. El año pasado se destituyó a Martín Poderti, Juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata acusado de robarse 141 monedas de oro cuando era secretario de del Juzgado.
Asimismo, en 2025 Marcelo Bailaque, ex Juez Federal de Rosario, renunció luego de que el Consejo de la Magistratura de la Nación aprobara el dictamen de acusación. Está preso y señalado como responsable de favorecer a narcotraficantes e inventar causas para extorsionar.
Estos casos recientes se suman a la lista de 73 magistrados que fueron acusados por la Comisión de Acusación desde que el Consejo se creó, en 1994.
De ese total de 73, en 38 se iniciaron procesos de remoción, de los cuales resultaron 20 destituciones, 5 rechazos de la acusación en el jury, 11 renunciaron y 2 finalizaron por otras causas. Esto les permite cobrar su jubilación de privilegio, por ejemplo.
A su vez, explicaron fuentes del Consejo, “48 magistrados recibieron una sanción disciplinaria”, es decir una multa con descuento en el sueldo, apercibimiento, entre otras.
