¿Alguien debe asumir la responsabilidad de un error municipal que cuesta un millón de euros? La respuesta de cualquier hijo de vecino sería afirmativa porque la administración no es benévola con sus ciudadanos y no perdona sus errores. Sabemos qué le pasa a un contribuyente si se despista un solo día en el plazo de pago de impuestos o se equivoca en algún trámite. No hay lugar al perdón ni a la comprensión. Todo lo contrario, le cae la implacable sanción. Esta manera de proceder de la administración con el ciudadano no es recíproca cuando es la institución quien la pifia. Y ni siquiera se escucha una disculpa pública.
El último ejemplo lo hemos visto en Barcelona con la reforma de la calle Pi i Margall inaugurada en diciembre de 2023 con un coste de 13,6 millones de euros. Un año y medio después, el Ayuntamiento ha anunciado que volverá a pavimentar la calle porque nadie atinó que el suelo que pusieron no aguantaba el peso de autobuses de TMB o de los camiones que abastecen el mercado municipal de la Estrella. Así que las losas de granito que se colocaron se han roto y hay que reasfaltar por valor de un millón de euros. Es como si ponemos parquet en el salón de una casa para una familia normal y se nos ocurre abrir una academia de zapateado.
El choque ideológico entre BComú y PSC está detrás de la chapuza en Pi i Margall
Los vecinos que sufrieron las molestias de las obras durante meses, volverán a ver su calle patas arriba este verano por culpa de esta chapuza. ¿Quién es el culpable? La empresa dice que hizo lo que le encargaron y los políticos de ahora y de entonces, se sacuden las culpas. Nada original. Por lo que hemos podido averiguar, hubo una descoordinación entre el área de urbanismo y el área de movilidad. Urbanismo no preguntó a Movilidad si el pavimento proyectado era idóneo para aguantar el paso de vehículos de transporte público o de mercancías para garantizar el funcionamiento del mercado del barrio. Si hubieran preguntado, habrían sabido que ese pavimento no aguantaría, pero eso obligaba a cambiar la finalidad política última del proyecto.
Barcelona tiene en marcha más de 200 obras en la vía pública y acumula un enorme historial de proyectos realizados. El protocolo de coordinación entre las áreas del Ajuntament para evitar casos como el de Pi i Margall es preceptivo. Entonces, ¿quién ordenó seguir con la obra sin tener en cuenta el impacto negativo de la movilidad en la flamante calle? ¿Hubo un choque ideológico entre los dos socios del gobierno anterior?
Recordemos que cuando se encargó este proyecto, Janet Sanz (BComú) era la concejal de Urbanismo y Laia Bonet (PSC) dirigía la de Movilidad. La primera era la última responsable política de la reforma de Pi i Margall y su voluntad, entonces y ahora, era convertir esa calle en una supermanzana como la de la calle Consell de Cent y eliminar el tráfico. En cambio, el PSC se ha opuesto a ejecutar nuevas supermanzanas. Precisamente, esta discrepancia fue una de las que provocó la ruptura de la negociación entre estos dos partidos para el último presupuesto municipal.
A la vista de los hechos, los vecinos de Pi i Margall han sido los damnificados de esta disputa política porque Sanz quiso dejar la calle preparada para que no pasaran buses o camiones contra la opinión de sus socios de gobierno. Pero la concejal de BComú no contaba que la derrota electoral de su partido abortaría su plan y que los buses y camiones del mercado transitarían por allí.
Estado lamentable del pavimento recién estrenado en Pi i Margall de Barcelona
Ana Jiménez
Conclusión. Se construyó una obra incompatible con el paso del transporte público y nadie impidió abrir la calle al tráfico en esas condiciones. Resultado: un millón de euros. Por eso, la ciudadanía tiene derecho a pedir responsabilidades porque si esto lo hubiera cometido un vecino, la condena ya estaría ejecutada.
