En el marco del Foro Internacional de Transporte (ITF), que reunió esta semana a ministros de diversas regiones del mundo en Alemania, las organizaciones Global NCAP y Latin NCAP reclamaron que se implemente un sistema de etiquetado obligatorio que informe con claridad el nivel de seguridad de todos los vehículos nuevos.
El informe presentado destaca que el mundo atraviesa un nivel de motorización sin precedentes: desde el año 2000 se produjeron cerca de dos mil millones de unidades. En ese contexto, cada vehículo que carece de características de seguridad robustas contribuye a la creciente carga global de muertes y lesiones causadas por siniestros viales.
La propuesta de etiquetado apunta a que los consumidores cuenten con información clara sobre el desempeño en seguridad de los vehículos, para que puedan tomar decisiones informadas. La herramienta, aseguran, también actuará como incentivo para que las automotrices eleven los estándares de protección.
El Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP) es una organización independiente que analiza la seguridad de los autos comercializados en la región. Fundado en 2010, sigue el modelo de programas similares que funcionan en Europa (Euro NCAP), Estados Unidos (NHTSA) y Asia (ASEAN NCAP).
Mediante pruebas de choque frontales, laterales y contra postes, Latin NCAP evalúa el nivel de protección que un vehículo brinda a adultos, niños y peatones. Los resultados se expresan en una calificación de 0 a 5 estrellas, acompañada de un informe técnico accesible para el público general.
Alejandro Furas, secretario general de Latin NCAP, aseguró que la transparencia puede transformar los hábitos de compra y ejercer presión directa sobre las marcas: “El consumidor tiene derecho a saber qué nivel de protección le ofrece un vehículo antes de comprometer buena parte de sus ingresos familiares”.
Richard Woods, director ejecutivo de Global NCAP, coincidió en que el etiquetado obligatorio es “una herramienta para empoderar al consumidor” y avanzar hacia un mercado más justo y seguro.
El etiquetado propuesto se inspira en modelos ya aplicados en países como Estados Unidos, donde la “etiqueta Monroney” detalla aspectos técnicos, incluido el rendimiento en seguridad. En América Latina, Latin NCAP propone un sistema de calificación por estrellas que también incluya una lista de elementos de seguridad (obligatorios y opcionales) y un código QR que remita al informe técnico completo.
La implementación sería gradual: durante el primer año se exigiría para los diez modelos más vendidos; en el segundo, se sumaría otro grupo equivalente, y así progresivamente hasta alcanzar a todos los vehículos nuevos disponibles en el mercado.
Esta herramienta se complementa con las regulaciones obligatorias ya existentes. Mientras que estas fijan un umbral mínimo para la venta de vehículos, el sistema NCAP permite comparar modelos y optar por aquellos que superen esos estándares.
Según datos de Latin NCAP, muchos modelos que cumplen con los requisitos legales mínimos apenas alcanzan una estrella —o incluso ninguna— en sus evaluaciones, lo que pone en evidencia el atraso normativo de varios países de la región.
Aunque existen antecedentes positivos, la resistencia de la industria automotriz sigue siendo uno de los principales frenos. “Algunas marcas presionan a los gobiernos para frenar estos avances, con el argumento de que podrían perjudicar las ventas”, advierten desde Latin NCAP. Pero aclaran que el sistema no impide comercializar vehículos con calificaciones bajas, sino que obliga a revelar esa información de forma transparente.
Chile, Uruguay y Brasil son los países más avanzados en esta materia. El caso chileno es paradigmático: el proyecto de etiquetado fue avalado por dos gobiernos sucesivos, pero su implementación sigue demorada por trabas administrativas. Furas criticó la falta de decisión política: “Chile fue pionero en etiquetado nutricional, pero todavía no informa sobre la seguridad de un vehículo que puede poner en riesgo la vida de una familia”.
Brasil, por su parte, incorporó el etiquetado a su planificación estatal. El país cuenta con regulaciones más exigentes que la mayoría de los mercados latinoamericanos, en especial en lo que refiere a vehículos importados. En tanto, Uruguay trabaja en un proyecto de ley que incluye este tipo de medidas como parte de su agenda legislativa.
Latin NCAP asegura que al menos el 70% de las mejoras introducidas por los fabricantes en la región se produjeron después de la publicación de sus resultados. Además, la seguridad vehicular comenzó a aparecer como argumento en campañas publicitarias, lo que refleja un cambio en las prioridades de los compradores.
Estas modificaciones, en su mayoría voluntarias, demuestran que la disponibilidad de información tiene un impacto directo sobre la calidad del parque automotor y sobre la toma de decisiones de los consumidores. “Las herramientas existen, hay ejemplos exitosos y la voluntad política empieza a gestarse. Falta que los gobiernos tomen la decisión”, sostuvieron desde la organización.
La propuesta también se alinea con las recomendaciones de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, que impulsan políticas integrales de seguridad vial basadas en estándares técnicos y acceso público a la información.
Lejos de ser una traba para el mercado, el etiquetado obligatorio representa una oportunidad concreta para reducir la siniestralidad vial y elevar los estándares de seguridad en América Latina. Mientras más países avancen en su aplicación, más fuerte será el mensaje para la industria: los consumidores ya no son un eslabón pasivo, sino actores informados capaces de elegir vehículos que cuiden su vida y la de sus familias.
