En América Latina y el Caribe, más de diez adolescentes se suicidan cada día. Es un dato que interpela. No por su excepcionalidad, sino por su persistencia. Ilustra una de las múltiples consecuencias de la falta de inversión sostenida en salud mental en la región. Y aunque el tema ha comenzado a aparecer en agendas públicas tras la pandemia, los esfuerzos siguen siendo fragmentarios, muchas veces reactivos. La salud mental en la región es una emergencia crónica que ha sido desatendida durante demasiado tiempo. Las estrategias de salud deben incluir también la salud mental.
Según los estándares internacionales, los países de ingresos bajos y medios deberían invertir al menos el 5%, y los de ingresos altos, hasta el 10% de su presupuesto en salud en este ámbito. América Latina ni siquiera roza esos umbrales mínimos. El promedio de gasto público en salud mental en la región es del 2% del total destinado a salud pública.
El impacto económico de esta omisión es profundo. Solo los trastornos mentales en adolescentes y jóvenes generan pérdidas superiores a 30.000 millones de dólares al año para las economías latinoamericanas. A escala global, se ha demostrado que por cada dólar invertido en tratamiento de ansiedad y depresión, se recuperan cuatro dólares en productividad y salud.
Cifras del Banco Mundial aseguran que el 79% de las personas con trastornos mentales severos en la región no recibe atención especializada. Una estadística que si se compara con la media global: en países de ingresos bajos y medios, entre el 76% y el 85% de quienes padecen estas enfermedades tampoco reciben tratamiento adecuado.
Además, los trastornos mentales son la principal causa de discapacidad a nivel mundial y son responsables de uno de cada seis años vividos con discapacidad. En cuanto al financiamiento, la media del gasto en los servicios de salud mental a nivel mundial es del 2,8% del gasto total destinado a la salud.
La Organización Mundial de la Salud estima que, en 2019, cerca de 970 millones de personas vivían con algún tipo de trastorno mental —una de cada ocho en el mundo—, con la depresión y la ansiedad como principales causas.
Según Daniela Romero, economista senior de la unidad de salud para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, la diferencia entre la gran carga global de los trastornos mentales y el bajo gasto en salud mental refleja que hay una deuda pendiente aún relacionada con la visibilización de las consecuencias de estas patologías sobre el potencial de la población en todas sus dimensiones, personal, comunitario y productivo.
“La falta de visibilidad, en parte por los problemas de estigmatización de los trastornos mentales que aún persiste, ha afectado la inclusión de esta temática tan relevante en la agenda pública y su consecuente asignación de financiamiento”, señala Romero. Afortunadamente, esta situación ha comenzado a revertirse tras la pandemia, pero aún hay mucho por hacer, sobre todo para abordar factores estructurales que es necesario abordar tanto de la oferta de servicios de salud como por el lado de la demanda.
“La revisión de los marcos normativos que favorezcan la implantación de un modelo de atención con enfoque comunitario, y con foco en atención primaria, junto con el fortalecimiento de los recursos humanos en el primer nivel de atención y la introducción de herramientas digitales son algunas de las iniciativas claves para aumentar la capacidad de respuesta de los sistemas de salud”, afirma Romero.
Más atención a la salud mental
El modelo de atención también está desfasado. Más del 60% del presupuesto en salud mental se dirige aún a hospitales psiquiátricos, mientras que aún no hay suficiente inversión en los servicios comunitarios de prevención y atención primaria.
Frente a este panorama, algunos gobiernos en la región han empezado a actuar, con apoyo de organizaciones como el Banco Mundial y la OMS/OPS.
“Desde el Banco Mundial, estamos comprometidos a trabajar con los países y socios a través del conocimiento y el acceso al financiamiento para garantizar comunidades más saludables, resilientes y económicamente productivas en toda América Latina y el Caribe”, agrega Romero.
Hay muchos ejemplos de éxito:
- En Chile, la salud mental se integró al sistema de Acceso Universal con Garantías Explícitas (AUGE) en 2005, que garantiza servicios desde la atención primaria y promueve intervenciones tempranas. La reforma buscaba cubrir 56 problemas de salud prioritarios.
- Paraguay, por su parte, ha reformado su marco legal para alejarse del modelo centrado en hospitales y fortalecer la atención primaria en salud mental.
- En Colombia, a través del proyecto Detección y Atención Integrada de la Depresión y el Consumo de Alcohol en la Atención Primaria de Salud (Diada), se implementaron herramientas digitales para detectar y tratar en atención primaria depresión y consumo excesivo de alcohol, con un costo adicional aproximado de solo dos dólares por paciente por año.
- En Uruguay, país con una de las tasas de suicidio más altas de la región, se han incorporado herramientas digitales para registrar intentos de suicidio en salas de urgencia en tiempo real.
Estos esfuerzos son muy importantes, pero hay que hacer más. El Banco Mundial plantea una agenda clara: cerrar las brechas de financiamiento, implementar modelos integrados de atención, mejorar la gobernanza multisectorial, fomentar la innovación digital y ampliar la formación de profesionales de salud mental. No se trata solo de abrir consultorios, sino de construir una cultura del cuidado que comience con la familia, continúe en la escuela y se extienda hasta los servicios de salud y el ámbito laboral.
Invertir en salud mental es invertir en el futuro. Es una decisión ética, social, económica. Pero, sobre todo, es una forma de decirle a una población entera que su dolor no es invisible.
