La tensión por la protesta policial en la provincia argentina de Santa Fe entró este miércoles en su tercer día, con voceros de los agentes en conflicto que pidieron levantar la medida tras recibir la promesa oficial de que no habrá nuevos «pases a disponibilidad» —suspensiones preventivas— contra los efectivos que participaron de la rebelión.
El gobierno provincial abrió una instancia de negociación durante la madrugada con representantes informales de los policías movilizados y se comprometió a frenar nuevas sanciones administrativas, en un intento de descomprimir una crisis que ya lleva dos días tras el suicidio de un efectivo frente a la Jefatura, lo que afectó el patrullaje en Rosario, la tercera ciudad más poblada de Argentina.
El conflicto estalló el lunes por la noche frente a la Jefatura de Policía rosarina, donde decenas de efectivos realizaron un «sirenazo» con patrulleros y motos oficiales, bloquearon calles céntricas y reclamaron mejoras salariales y laborales.
Rosario es uno de los principales focos de violencia ligada al narcotráfico en el país, por lo que cualquier alteración en el funcionamiento de la fuerza genera fuerte preocupación pública.
La protesta se enmarca en reclamos por salarios bajos y por un aumento de suicidios en la fuerza, según el vocero Gabriel Sarla, quien afirmó que los sueldos no cubren los gastos mensuales de los uniformados. Según el diario Clarín, solo en Rosario hubo 25 suicidios entre policías provinciales y federales en 2025.
La prensa local sostiene que la protesta venía gestándose desde hace semanas por el malestar acumulado dentro de la fuerza, en medio de reclamos por salarios que consideran insuficientes ante la inflación, la problemática de la salud mental y las extensas jornadas de trabajo, en un contexto de alta conflictividad criminal.
El detonante inmediato fue la decisión oficial de poner a disposición al menos a 20 efectivos que participaron en las primeras manifestaciones, lo que profundizó la reacción interna.
En paralelo, el portal Perfil informó que el martes la protesta se intensificó con nuevos cortes de tránsito y concentraciones frente a dependencias policiales, mientras crecía la tensión con el gobierno provincial. Las autoridades advirtieron que la legislación argentina prohíbe las huelgas policiales y evaluaron posibles sanciones disciplinarias y penales.
La crisis obligó a reforzar la presencia de las fuerzas federales en Rosario para garantizar la seguridad y evitar zonas liberadas, una preocupación sensible en una ciudad que en los últimos años registró tasas de homicidios por encima del promedio nacional.
Aunque este miércoles se abrió un canal de diálogo y los voceros de los manifestantes llamaron a desactivar la protesta si se cumplen los compromisos oficiales, la situación sigue siendo frágil. Parte del reclamo incluye la reincorporación de los agentes ya sancionados y una revisión salarial más amplia.
El episodio reaviva el recuerdo de anteriores rebeliones policiales en Argentina —protagonizadas en otras provincias durante la última década— que, en algunos casos, derivaron en actos de violencia y en un vacío de seguridad.
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