El Senado de la Nación rechazó definitivamente el veto presidencial a la ley que establece declarar la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. La votación nominal resultó con 63 votos positivos, siete inclinaciones en contra y ninguna abstención.
En este contexto, la presidenta de la Asociación Civil Prestadores de Discapacidad Unidos, Marcela Kriskovich, consideró “histórica” la derrota del Ejecutivo en el Senado.“Todos los sectores estuvimos unidos, acompañados por todo un país. Ahora el Gobierno dice que buscará todos los mecanismos para no promulgarla. Y si la semana que viene no hay novedades al respecto, nosotros vamos a salir directamente a la Plaza de Mayo”, anticipó en comunicación con Radio Universidad.
“Si bien la discapacidad viene en emergencia desde hace mucho tiempo, esta gestión nos dejó muy invisibles de una manera muy cruel”, consideró. No obstante, Kroskovich destacó que “no hubo ningún color político” a la hora de defender por los derechos de las personas que integran el sector de la discapacidad.
“Nosotros venimos luchando desde hace mucho tiempo, y en todas las marchas siempre estuvimos los mismos: padres y prestadores. Quienes tienen como fantasía animada de que esto fue algo orquestado para derrocar a un Gobierno, no es así. Nosotros intentamos dialogar con esta gestión, sin éxito. Por eso les demostramos que si bien la discapacidad puede ser un sector muy vulnerable, cuanto tenemos que salir a defender a los derechos de nuestros hijos, somos mucho más leones que el presidente”, aseguró.


El acompañamiento de la comunidad al sector de la discapacidad
Por otra parte, Kroskovich destacó que la presión social fue un factor fundamental a la hora de rechazar el veto presidencial. “Nosotros visibilizamos lo que sucede a nivel nacional en discapacidad. Y creo que hay que ser muy cara de piedra para que no se te caiga una lágrima al ver a un niño con Síndrome de Down pidiendo que no cierren su escuela”, manifestó.
En este sentido, alertó que las prestaciones se cobran a los “90 o 120 días”, y que no se puede continuar con prestaciones de 12.170 pesos. “El presidente y toda la gente que piensa este tipo de medidas no debe pensar solamente en un sector. Nosotros, nuestros hijos y los prestadores somos parte de la Argentina. También aportamos al país, pero solo el último viernes se cerraron diez centros. No vamos a bajar los brazos hasta que la ley sea promulgada y se implemente lo más rápido posible”, cerró.