El 3 de abril de 2025, el Senado argentino rechazó la candidatura del juez federal Ariel Lijo a la Corte Suprema, en una votación que sorprendió por su contundencia y por la fractura que generó dentro del peronismo. Esta nota propone una lectura alternativa al enfoque coyuntural que dominó la cobertura mediática: en lugar de leer la derrota como producto exclusivo de errores tácticos del Ejecutivo o de la confrontación con el kirchnerismo, se sostiene que el rechazo a Lijo refleja una transformación más profunda en los incentivos de los actores políticos subnacionales. La creciente competitividad electoral en las provincias y la fragmentación del peronismo han erosionado los acuerdos informales que tradicionalmente regulaban las nominaciones judiciales. El resultado: un sistema político en el que la designación de jueces se ha vuelto una apuesta de riesgo, y donde las decisiones de los senadores reflejan cada vez más sus contextos territoriales e intereses propios, por encima de una lógica partidaria unificada.
¿Por qué el gobierno propuso a Lijo, por qué el kirchnerismo votó en contra y por qué el peronismo se dividió?
El oficialismo apostó por una estrategia clásica: proponer una fórmula de equilibrio. El objetivo era que la candidatura de Ariel Lijo, un juez con trayectoria en Comodoro Py y vínculos con múltiples partidos, funcionara como moneda de cambio para garantizar la aprobación de Manuel García-Mansilla, un jurista conservador, textualista y afín a la visión institucional del presidente. El supuesto era que Lijo resultaría aceptable para parte del peronismo, que había respaldado su designación como juez federal en 2004, y que valoraría su reputación como operador hábil, más que como jurista.
Pero el cálculo falló por dos razones. Primero, el kirchnerismo no tenía interés en convalidar una Corte de equilibrio: desde hacía meses impulsaba un proyecto para ampliar el número de miembros del tribunal, con el objetivo de sumar figuras afines a su proyecto político. El binomio Lijo–Mansilla era, en ese marco, un retroceso: ni ampliaba la Corte ni garantizaba lealtad. Segundo, tanto el kirchnerismo como muchos oficialismos provinciales enfrentan hoy escenarios más inciertos, con niveles de competitividad electoral crecientes que erosionan el margen de maniobra tradicional del peronismo. Esto no solo debilitó la disciplina partidaria, sino que también generó incentivos divergentes entre provincias y entre legisladores. Para quienes enfrentan una mayor probabilidad de perder el poder, los jueces con autonomía negociadora comienzan a percibirse como riesgosos: temen que esos mismos jueces puedan volverse en su contra. La incertidumbre reduce el valor de los perfiles transaccionales y fragmenta las preferencias internas.
En lugar de un bloque compacto, lo que se observó fue un voto dividido, en el que los apoyos a Lijo provinieron principalmente de senadores con mayor seguridad electoral o con oficialismos locales consolidados, mientras que aquellos en contextos más competitivos o fragmentados optaron por el rechazo. La consecuencia fue una base de apoyo insuficiente para lograr la confirmación.
El perfil de Lijo y la apuesta fallida del oficialismo
Ariel Lijo llegó a Comodoro Py en 2004, impulsado por el entonces presidente Néstor Kirchner tras quedar quinto en un concurso en el que inicialmente había sido relegado al puesto 12. Su ascenso en el ranking fue cuestionado, pero también característico de una época en que las reglas del juego permitían ajustes “discretos” en la carrera judicial. Su pliego fue aprobado por unanimidad en el Senado, con apoyo de todos los sectores políticos.
Desde entonces, construyó un perfil de juez hábil, con fama de negociador, acusado de demorar causas sensibles y de proteger (o presionar) a distintos actores según el momento político. Durante el kirchnerismo, su juzgado se mantuvo relativamente pasivo en los casos de alto voltaje político. Fue recién durante el gobierno de Mauricio Macri que cobró notoriedad al activar la causa Ciccone, que terminó con la condena del exvicepresidente Amado Boudou. Para muchos sectores del peronismo, ese episodio transformó a Lijo en un actor impredecible y riesgoso.
Su patrimonio, su estilo judicial dilatorio, y sus vínculos con operadores políticos y empresariales eran ampliamente conocidos desde hace años. Lo que cambió no fue el diagnóstico, sino la valoración estratégica. En un contexto donde amplios sectores del peronismo anticipan menor control institucional y mayor exposición judicial, un juez con reputación transaccional y sin lealtades claras dejó de ser visto como un activo útil para convertirse en una amenaza.
Para el gobierno, sin embargo, Lijo parecía un candidato viable: tenía experiencia, contactos y capacidad de sobrevivir en contextos adversos. Pero el Ejecutivo leyó mal el nuevo equilibrio político. Creyó estar negociando la aprobación de su candidato predilecto —García-Mansilla— ofreciendo a cambio una figura que creía aceptable para el peronismo. No advirtió que, para muchos, Lijo ya no era moneda de cambio: era un riesgo.
Control institucional y votos afirmativos
Uno de los factores que mejor ayuda a entender los patrones de voto fue el grado de control institucional en las provincias. En contextos donde el oficialismo gobierna sin alternancia, con baja competencia electoral y fuerte alineamiento entre el Ejecutivo provincial y sus legisladores, el voto afirmativo a Lijo fue más frecuente. Casos como el de Santiago del Estero son paradigmáticos: los tres senadores del Frente Cívico votaron en bloque a favor. La senadora González, de Formosa, también votó a favor, en línea con los intereses del gobernador Gildo Insfrán. Jesús Rejal, de La Rioja, y Sergio Uñac, exgobernador de San Juan, actuaron de forma similar, aunque en contextos provinciales más complejos.
El caso de Uñac es ilustrativo de una tensión en el argumento. Aunque el PJ perdió la gobernación en 2023, Uñac conserva influencia dentro del justicialismo sanjuanino y puede haber votado con una lógica similar a la de los gobernadores fuertes: mantener vínculos abiertos con el Ejecutivo nacional y con el sistema judicial.
Fragmentación, competencia creciente y autonomía legislativa
En el resto del país, el patrón fue otro. Gobernadores con menor control territorial, provincias con mayor competencia electoral o senadores sin alineamiento claro con sus ejecutivos votaron divididos o directamente en contra. En Catamarca, La Rioja y Formosa los oficialismos provinciales permitieron que sus senadores se repartieran entre el rechazo y el acompañamiento, buscando equilibrar su lealtad entre el gobierno y la línea dura del kirchnerismo. En otras provincias —como Chaco, Santa Cruz o Tucumán— los senadores rechazaron de forma más homogénea, reflejando escenarios de fragmentación, desgaste o pérdida de poder.
Este cambio altera los incentivos: donde antes había cohesión, hoy hay cálculo individual y provincial. Y ese cálculo, en tiempos de judicialización, tiende a privilegiar candidatos leales por sobre candidatos pragmáticos.
Conclusión: lo que nos dice el caso Lijo
El rechazo de la candidatura de Ariel Lijo reveló algo más que una derrota para el gobierno. Mostró cómo ha cambiado la política judicial en Argentina. La negociación entre élites partidarias ya no garantiza el éxito de una designación: hoy, las decisiones pasan por filtros territoriales, por cálculos individuales y por diagnósticos sobre el riesgo judicial futuro.
La creciente competencia electoral en las provincias ha estrechado el margen de maniobra de los oficialismos locales. En ese contexto, los senadores votan menos en función de pactos nacionales y más según sus necesidades provinciales. Y esas necesidades, en un sistema de justicia altamente politizado, incluyen evitar la exposición a jueces imprevisibles.
Esto tiene consecuencias importantes. Si los únicos candidatos posibles son aquellos que garantizan obediencia, y si los cargos estratégicos siguen vacantes por falta de acuerdos, el sistema judicial pierde capacidad de funcionamiento y credibilidad. La parálisis impide cubrir vacantes clave, renovar la legitimidad de los tribunales y garantizar un mínimo de equilibrio entre los poderes. El caso de la Corte Suprema es apenas el más visible: el Ministerio Público sigue bajo conducción interina desde hace más de cinco años, y muchos juzgados federales permanecen sin titular.
Pero, en una nota más optimista, el Senado también logró evitar que Ariel Lijo —un juez con escasa legitimidad pública, acusado de demoras, arbitrariedades y vínculos oscuros— se convirtiera en miembro del máximo tribunal. No fue un triunfo del consenso, pero sí un límite institucional importante.
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