En medio de catástrofes, emergencias, conflictos, violencias y desplazamientos forzados, hay un derecho que no solo salva vidas, sino que permite la recuperación de muchos otros: la educación. Sin embargo, en los contextos de emergencia, suele ser lo primero en suspenderse y lo último en restablecerse, además de ser uno de los primeros sectores en dejar de ser priorizados.
Las cifras son alarmantes. En América Latina y el Caribe, 169 millones de niñas, niños y adolescentes viven en contextos afectados por crisis superpuestas: desde la migración forzada hasta la violencia y los desastres climáticos. Más de 2 millones han sido desplazados por causas asociadas al cambio climático, y las proyecciones anuncian que millones más lo serán por inundaciones y eventos extremos. Hoy, 16,5 millones de niños y niñas requieren asistencia humanitaria. Más de 3 millones están en situación de migración o desplazamiento. Aún más preocupante es que los sistemas educativos no están respondiendo a lo más básico: 86 millones de niños y niñas están fuera del sistema educativo, y cuatro de cada cinco no comprenden un texto sencillo.
La reducción global del financiamiento humanitario ha encendido las alarmas en el sector. El Comité Permanente Inter-Agencial (IASC, por sus siglas en inglés) advirtió recientemente que los recortes presupuestarios podrían eliminar por completo la educación de los Planes de Necesidades y Respuestas Humanitarias (HNRP), instrumentos clave para coordinar y movilizar ayuda. A nivel global, la educación en contextos de emergencias apenas recibe el 3% del financiamiento humanitario. En América Latina y el Caribe, las consecuencias de su desaparición serían devastadoras. Millones de niñas, niños y adolescentes dependen de este derecho básico para mantener no solo su aprendizaje, sino también su bienestar físico y emocional.
¿Por qué importa tanto?
Porque la escuela no es solo un aula: es refugio, es rutina, es protección ante los riesgos, es seguridad, es alimentación, es contención y recuperación emocional y por supuesto, es aprendizaje; siendo una vía hacia la resiliencia, la dignificación de la niñez y sus oportunidades de futuro para la disminución de la pobreza, como generador y multiplicador de las violencias. En situaciones de emergencia, la educación es uno de los pocos espacios donde niñas, niños y adolescentes pueden sentirse seguros, acompañados y con una perspectiva de futuro. En la escuela, las niñas y niños reciben alimentación escolar, apoyo psicosocial, servicios de salud, acceso a agua potable y protección frente a diversas formas de violencia. También encuentran oportunidades para el juego, el desarrollo socioemocional, la construcción de vínculos que los ayudan a sanar, crecer y proyectarse hacia el futuro.
Disminuir la inversión en educación en medio de una crisis es una condena
Significa romper el círculo de protección física, emocional y cognitiva justo cuando más se necesita, y abrir la puerta a ciclos aún más profundos de pobreza, violencia, desigualdad y exclusión.
No se trata únicamente de mantener abiertas las escuelas, sino de asumir que garantizar el derecho a aprender es una decisión de Estado, con implicaciones inmediatas y de largo plazo. Cada niña o niño que logra permanecer en la escuela en medio de una emergencia representa una vida que sigue conectada a un proyecto de futuro.
¿Podemos construir sociedades más justas sin garantizar el derecho a la educación?
Desde el Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe (GRE-LAC), hacemos un llamado urgente a gobiernos, donantes y actores humanitarios: la educación no puede seguir siendo relegada. Por el contrario, ésta debe ocupar un lugar central en las respuestas ante emergencias.
Para ello proponemos cinco pasos concretos:
- La educación no puede esperar, incluirla desde el inicio de toda respuesta de emergencia, bajo un enfoque de escuelas seguras, no es opcional; es esencial para proteger el futuro de millones de niños y niñas.
- La educación debe ser prioridad estratégica. La educación y la gestión del riesgo deben ser un tema central en todos los planes humanitarios y decisiones estratégicas sobre gestión del riesgo y respuesta ante crisis.
- Aumentar la inversión. Se necesitan fondos suficientes, flexibles y sostenidos. Sin inversión real, hablar de preparación y respuesta es solo retórica.
- Reconocer el rol multisectorial de la educación, como puente vital hacia la salud, la nutrición, el acceso a agua, saneamiento, higiene, refugio y protección. Ignorar su rol multisectorial es un error estratégico.
- Escuchar e incluir activa y significativamente a los actores locales y a quienes trabajan en el terreno, integrando a los clústeres y redes de educación en Emergencias en todos los procesos de planificación.
Invertir en educación en crisis no es opción: es un deber ético y una apuesta estratégica. Es la única forma de sentar las bases para la recuperación, fortalecer la resiliencia y construir una paz duradera. Ignorarla es condenar al fracaso cualquier esfuerzo de reconstrucción.
América Latina y el Caribe no pueden permitirse perder otra generación. La inacción tiene un costo altísimo: más desigualdad, más violencia, más exclusión. Actuar ahora no es una opción, es una urgencia.
Cada niño fuera de la escuela en una crisis no pierde solo clases: pierde oportunidades, protección y futuro. Las respuestas deben ser inmediatas, pero también sostenibles. Porque lo que está en juego no es solo su presente, sino el destino de nuestras sociedades.
Este artículo se complementa con el blog “¿Cuál es el futuro para la Educación en Situaciones de Emergencias en América Latina y el Caribe? En conversación con Ruth Custode, Sussana Urbano y Faiza Hassan”. En él se enfatiza que la educación en situaciones de emergencia no puede seguir siendo un sector secundario en la respuesta humanitaria, sino que debe ser reconocida como un derecho esencial y estratégico para la resiliencia y el desarrollo sostenible. Los datos y testimonios presentados en el artículo complementan la visión estratégica expuesta en esta conversación, mostrando de manera concreta cómo la reducción de fondos, la falta de priorización y la ausencia de enfoques multisectoriales ponen en riesgo el bienestar, la protección y el futuro de millones de niñas, niños y adolescentes en la región.
