De abril de 2019 a junio de 2025, se traficaron aproximadamente 200 toneladas de mercurio en América Latina, según la Agencia de Investigación Ambiental de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés). Esta cifra, el mayor flujo de mercurio ilegal que se ha reportado a nivel mundial, se extrae del reciente informe Traficantes no dejan piedra sin remover que revela la producción de mercurio en minas dentro de la Reserva de la Biosfera de la UNESCO Sierra Gorda, en el estado de Querétaro (México) y su relación con el tráfico de oro y el crimen organizado en México y Colombia.
“México es uno de los pocos lugares en el mundo que continúa produciendo mercurio. Desde las minas empezamos a seguir la cadena de suministro, el transporte, el tráfico de México a Bolivia, Colombia, y Perú, y el uso en estos países”, explica a DW Julia Urrunaga, Directora de Perú de la EIA.
Los datos recopilados por la organización determinan que algunas de las minas están controladas por el Cartel Jalisco Nueva Generación. Igualmente, revelan que el mercurio mexicano fluye a minas de oro, a menudo, controladas por cárteles en Bolivia, Colombia y Perú, con algunos transbordos a través de los Estados Unidos, y que los cárteles de la droga en Colombia controlan una parte importante de las rutas nacionales de tráfico de mercurio.
“Nuestra investigación demuestra que cada año se extraen decenas de toneladas de mercurio en México, que luego son traficadas fuera del país y utilizadas en actividades de minería artesanal en toda la Amazonía”, recalca la directiva peruana recordando que “invertimos cerca de cuatro años para poder revelar el modus operandi de una de las redes transnacionales criminales que operan en este sector”.
El pasado mes de junio, autoridades aduaneras peruanas incautaron aproximadamente 4 toneladas de mercurio mexicano, siendo la mayor jamás reportada por un país amazónico. “El tráfico de mercurio está asociado a actores ilegales sobre los cuales, los Estados no tienen el control que deberían. Ese tráfico tiene mucho que ver con la minería ilegal en Bolivia, Colombia y Perú y que se surte de manera ilegal del mercurio”, explica a DW Jimena Nieto, profesora de tratados ambientales y exnegociadora del gobierno colombiano.
«No hay oro sin mercurio”
Según el informe, desde el pasado mes de mayo, se ha instalado una «fiebre del mercurio» en la región por los precios récord, de 330 dólares por kilogramo de mercurio, que ofrecen los traficantes de mercurio debido al aumento de los precios del oro. “En promedio, en el contexto Amazónico se estima que se requieren entre 1,5 y 2,5 gramos de mercurio para la producción de un gramo de oro”, puntualiza Urrunaga. “Las 200 toneladas de mercurio que fueron traficadas fueron usadas para producir una cantidad importante de oro de un valor total, con el precio actual, de aproximadamente 8 mil millones de dólares”, agrega.
El mercurio es clave para la minería ilegal de oro en la Amazonía, no obstante, su proceso de obtención es altamente contaminante. “El mercurio que es usado en la minería de oro entra en los cuerpos de agua cuando se precipita por la lluvia y, una vez allí, entra fácilmente en el ecosistema”, recuerdan a DW fuentes de la Alianza Amazónica para la Reducción de los Impactos de Minería de Oro (AARIMO). “Dado que el mercurio se une a las moléculas orgánicas, acumulándose en los organismos y biomagnificándose cada vez que sube en la cadena trófica, este contaminante está poniendo en riesgo la supervivencia de cientos de pueblos únicos”, agregan.
Una actividad en auge y un tratado en la mira
“El comercio ilegal de mercurio en América Latina es una práctica que se ha acentuado en los últimos años, particularmente desde la adopción del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, pues este acuerdo internacional prohíbe o restringe el comercio entre determinadas fuentes y usos de mercurio, y establece estrictos protocolos al respecto”, apunta a DW Jordi Pon, Coordinador Regional de Contaminación y Productos Químicos para Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en América Latina y el Caribe.
Con el objetivo de proteger el medio ambiente y la salud humana de las emisiones y las liberaciones de este metal tóxico, el tratado internacional, que entró en vigor en agosto de 2016, regula el suministro, comercio, uso, emisiones, liberaciones, almacenamiento y gestión de desechos y sitios contaminados del mercurio. México lo ratificó en septiembre de 2015, Colombia en 2018, no obstante, “el mercurio se trafica por nuestras fronteras sin muchas dificultades debido a los grandes retos de seguridad territorial que enfrenta la gobernanza, especialmente en los paisajes amazónicos”, lamentan desde de AARIMO.
“La eficacia de estas medidas depende de la voluntad política de los países y los recursos que asignen para implementar sus leyes nacionales en materia de uso del mercurio”, recalca Nieto, también miembro del Comité de Implementación y Cumplimiento del Convenio de Minamata para el periodo 2022 -2025, uno de los pocos que existen en tratados medioambientales.
¿Un nuevo impulso para la región?
El pasado mes de marzo, el PNUMA puso en marcha la iniciativa ‘Acelerar el cumplimiento del Convenio de Minamata a través de una mejor comprensión y control del comercio de mercurio en América Latina’ “ante la necesidad de fortalecer el intercambio de información y cooperación regional entre los países que están más afectados por el comercio y uso de mercurio”, recuerda Pon.
Las primeras acciones del proyecto, que se llevará a cabo durante tres años en Bolivia, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Perú, han sido, entre otras, el análisis de fuentes de suministro de mercurio, principalmente en México. No obstante, para Urrunaga, la solución pasa por erradicar la producción continua de mercurio en ese país. “Se requieren acciones urgentes para cerrar esas minas y garantizar una transición justa para las comunidades mineras, que en realidad son las primeras víctimas de este metal tóxico”, reivindica.
En este sentido también se posiciona la Alianza Amazónica para la Reducción de los Impactos de Minería de Oro (AARIMO), que, a pesar de reconocer la convención de Minamata como “un gran paso para actuar globalmente frente a las consecuencias del mercurio”, reclama que “dadas las grandes afectaciones a la salud y a la biodiversidad, las acciones deberían ser más contundentes y rápidas, ya que debido a los precios y la creciente demanda del oro es más difícil controlar el incremento de uso del mercurio”.
Con información de la Agencia Deutsche Welle.
