La reforma laboral que impulsa el Gobierno generó reparos en el Sindicato Químico del Conurbano Sudoeste, con sede en Esteban Echeverría. Su representante, Marcela Ludeña, planteó a El Diario Sur que uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un fondo que reemplazaría el sistema de indemnizaciones previsto en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744.
Según Ludeña, el esquema contempla que el fondo pueda ser financiado por el empleador, por el propio trabajador o por el Estado a través de Anses. Indicó que empresarios del sector químico con los que dialogó rechazan aportar al fondo si eso implica un costo adicional de entre 3% y 5% sobre la masa salarial.
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El impacto en aportes y contribuciones
La dirigente señaló que los sindicatos se oponen a que ese fondo sea solventado por los trabajadores. Afirmó que una alternativa que se evalúa es reducir los aportes y contribuciones que hoy se destinan al sistema previsional para derivarlos al nuevo fondo, lo que implicaría una desfinanciación de las jubilaciones actuales y futuras.
En el sector químico, explicó, no consideran necesario crear este fondo porque la mayoría de las empresas —multinacionales, exportadoras o pymes— ya realizan previsiones contables para afrontar eventuales despidos. También remarcó que el proyecto establece que el nuevo mecanismo se aplicaría para todos los despidos posteriores a la sanción de la ley, sin importar la fecha de ingreso del trabajador.
Comparó este sistema con el fondo de cese de la UOCRA, pero sostuvo que no es equiparable porque la actividad de la construcción funciona por obra finalizada, mientras que en la industria química la relación laboral continúa en forma estable.
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Derecho a huelga y cuotas sindicales
Ludeña también cuestionó la ampliación de actividades consideradas esenciales y de “importancia trascendental”, al entender que limita el derecho de huelga. Señaló que estas medidas apuntan a restar capacidad de acción a los sindicatos.
Sobre las cuotas sindicales, advirtió que la reforma establece que solo podrán descontarse automáticamente para sindicatos con personería y con un certificado del Ministerio de Trabajo. Consideró que esta disposición podría afectar la sustentabilidad de organizaciones con simple inscripción.
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Situación del sector químico en la región
El sindicato tiene actuación en Esteban Echeverría, Ezeiza, Presidente Perón, San Vicente, Lomas de Zamora, La Matanza y Almirante Brown. En estos distritos se concentra una parte importante de la actividad industrial vinculada al sector, con plantas multinacionales, empresas exportadoras y pymes.
Según expresó Marcela Ludeña, en la zona se registra una baja general de actividad asociada a la recesión económica. Sin embargo, aclaró que este escenario no impactó en la reducción de puestos laborales dentro de la industria química, donde por el momento se mantienen los niveles de empleo.
La dirigente explicó que, aun en este contexto, las empresas del rubro suelen contar con previsiones contables para afrontar despidos, lo que —señaló— refuerza la postura del gremio respecto de la innecesariedad del nuevo fondo de cese planteado en la reforma laboral. En ese sentido, destacó que el sector presenta una estructura más estable que otras actividades, con relaciones laborales continuas y no sujetas a ciclos por obra o proyecto.
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Movilización de la CGT
Estos reclamos se dan en el marco de un panorama más complejo a nivel general. Por caos, la Confederación General del Trabajo anunció este jueves una fuerte protesta en Plaza de Mayo para rechazar la reforma laboral, ya que considera que el proyecto del Gobierno afecta derechos y requiere un debate amplio.
Durante una conferencia en la sede de la central, el dirigente Jorge Sola recordó que la entidad, recientemente renovada en cuando a sus autoridades, ya había expresado su rechazo en el Consejo de Mayo. Además, señaló que el texto presentado retoma puntos del DNU 70/23 y que mantiene una mirada “más ideológica que práctica”.
Por otra parte, afirmó que el país atraviesa una etapa de caída del empleo formal, cierre de pymes y menor actividad industrial. Según explicó, el Gobierno no prioriza los derechos de los trabajadores ni de los jubilados, mientras deja sin avanzar leyes de emergencia ya aprobadas.
El dirigente también sostuvo que el proyecto se elaboró sin diálogo con quienes generan empleo y sin la participación de los trabajadores. Por eso, advirtió que el Ejecutivo busca un trámite rápido en el Congreso, lo que dejaría afuera a los sectores que podrían ser más afectados.
Sola afirmó que varios los puntos “son inconstitucionales”, por lo que la CGT avanza en un plan de lucha para exponer su desacuerdo. Se trata de una grilla con “medidas graduales” contra el Ejecutivo y por lo tanto el integrante del consejo directivo fue certero: “Vamos a llevar nuestro reclamo a cada legislador, senador, gobernador y diputado”.
El itinerario radica en confeccionar una movilización el 18 de diciembre en cada una de las provincias y sumar a las dos CTA y a los movimientos sociales para darle más fuerza a la protesta, que prevé reunir unos 150 mil manifestantes frente a la Casa Rosada.
