El proyecto de modernización laboral que el Gobierno presentará este martes, previo a remitirlo al Senado para iniciar su tratamiento legislativo, establece una modificación significativa en el financiamiento del régimen de indemnizaciones por despidos: la creación de los denominados Fondos de Asistencia Laboral (FAL) que se nutrirán de una contribución obligatoria de las empresas equivalente al 3% de la masa salarial. Según un documento oficial de la iniciativa a la que tuvo acceso Clarín, ese aporte será descontado de la contribución previsional al SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), lo que implicaría un financiamiento indirecto del Estado para el pago de las indemnizaciones.
«Los empleadores incluidos en el presente régimen, y mientras persista el efecto de este, tendrán una reducción de tres puntos porcentuales en la contribución patronal con destino al SIPA«, expresa puntualmente el proyecto del Ejecutivo, que será presentado este martes en Casa Rosada junto a los miembros del denominado Consejo de Mayo, que encabezan el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y también integran el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y representantes legislativos, de la UIA y la CGT.
Ese beneficio de rebaja de la contribución al sistema previsional para financiar la constitución de los nuevos FAL implicará la consecuente caída en la recaudación destinada al pago de las jubilaciones y pensiones y un desfinanciamiento de la ANSES. A ello se sumará el impacto de una reducción generalizada y permanente de contribuciones patronales para el stock laboral del empleo actual y los beneficios para los empleadores que contraten nuevos trabajadores.
Según diversas proyecciones, la pérdida de ingresos para el sistema previsional solo por el recorte del 3% de las contribuciones que tendría como destino los nuevos FAL podría rondar los 2.600 millones de dólares anuales (si se considera el salario bruto promedio de agosto informado al SIPA, de acuerdo con los datos relevados por la Secretaría de Trabajo) y treparía hasta los $ 4.700 millones de dólares al año si se toma en cuenta la remuneración al trabajo asalariado informada en el sistema de Cuentas Nacionales que releva el INDEC.
Pero a la caída de ingresos del sistema previsional producto de la conformación de los FAL se sumará también el efecto la rebaja permanente de contribuciones patronales que dispone la reforma aplicables al stock laboral del empleo actual, es decir a los trabajadores ya registrados. En ese sentido, la iniciativa fija una reducción del 1% en la contribución de los empleadores al sistema de obras sociales, que pasará con la iniciativa del 6% al 5%. Ello implicaría para el sistema una merma de recaudación equivalente a alrededor de 1.000 millones de dólares anuales, y en el caso de aquellos trabajadores en relación de dependencia que derivan sus aportes hacia las empresas de medicina privada, la necesidad de hacer frente en forma directa al financiamiento del recorte del 1% de la contribución patronal al sistema.
También la iniciativa de la administración Milei estipula un recorte permanente de 3% en las contribuciones patronales sobre la nómina salarial con destino a los subsistemas de Seguridad Social (SIPA, régimen de Asignaciones Familiares, Fondo Nacional de Empleo y el PAMI). Establece para ello la siguiente diferenciación: las contribuciones se reducirán del 20,40% al 17,40% para el caso de los empleadores de los sectores de servicios y comercio, mientras que para el resto de los empleadores del sector privado la rebaja será del 18% al 15%. Esos beneficios supondrían una reducción de ingresos para la seguridad social de alrededor de USD 3.000 millones al año.
Adicionalmente se sumaría el impacto del nuevo Régimen de Incentivo al Nuevo Empleo (RIFL) que se incorpora a la reforma y que fija una serie de alícuotas preferenciales para las contribuciones patronales de aquellos empleadores que contraten a nuevos trabajadores siempre que cumplan los requisitos fijados por la iniciativa. Su impacto en términos de ingresos a los subsistemas de la seguridad social dependerá de la cantidad de firmas que se incorporen al régimen.
«A través de distintos mecanismos, el proyecto apunta a reducir los costos laborales, promover la creación y formalización del empleo, incentivar nuevas inversiones y simplificar la carga administrativa», argumenta el documento el sentido de la fuerte reducción de las contribuciones patronales. Sin embargo, especialistas del sector consultados por este diario advirtieron sobre el impacto sobre el financiamiento de la seguridad social y recordaron los efectos sobre el régimen previsional de la rebaja de contribuciones de las empresas que dispuso el ex ministro de Economía Domingo Cavallo en 1994, durante la gestión menemista, previo a la instrumentación del sistema de AFJP.
